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Fabiola Pomareda García
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Este 2025 tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en contra de la turistificación y la gentrificación en las zonas costeras; se fortalecieron luchas temáticas en todo el país; y quedó claro una vez más el importante papel de las comunidades con denuncias, monitoreo y control, en defensa del medio ambiente.
Para Mauricio Álvarez Mora, geógrafo, docente e investigador del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante este año 2025 emergieron nuevas formas de movilización social, “que intentan superar la parálisis generada por un Gobierno autoritario y negacionista”.
Álvarez apuntó que tomó fuerza “una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación”.
“No solo se profundizó la crítica, sino que se expresaron rupturas en los territorios: desalojos en Playa Pelada, críticas al modelo de ‘república independiente’ del (Polo Turístico Golfo de) Papagayo, oposición al Plan Regulador de Talamanca y a la destrucción del Refugio Gandoca-Manzanillo, defensa de Punta Pelencho en Brasilito, fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. En prácticamente todas las regiones costeras hubo acción y articulación comunitaria”, destacó el activista.
Asimismo, este debate sobre gentrificación y turistificación también generó nuevas articulaciones sociales, resaltó Álvarez. Este año se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, que realizó su primer encuentro y ha impulsado y conectado múltiples luchas locales, como las de Playa Pelada, Talamanca y Puntarenas. “Este espacio horizontal y autónomo está construyendo una agenda novedosa que reúne a organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares”, añadió.
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Retrocesos en salud ambiental, desarrollo inmobiliario agresivo y narcotráfico impactan defensa de territorios
Este 2025 se evidenció un mayor arraigo del narcotráfico en territorios rurales, costeros y transfronterizos, lo cual impacta las luchas por la justicia ambiental y la defensa de los territorios.
El docente también dijo que se fortalecieron luchas temáticas en todo el país; como por ejemplo, la resistencia contra rellenos sanitarios, la defensa de espacios naturales como el Parque Ross o el Santuario del Agua en Belén, la protección de ríos frente al extractivismo como el Ario, el Frío y el Guacimal, y la defensa de arrecifes como El Chino, en Puerto Viejo, o Jícaro, en Bahía Culebra.
Álvarez también mencionó que, a nivel legislativo, “la sociedad logró frenar varias reformas regresivas”, que habrían significado un retroceso histórico.
Entre ellas están la privatización del mercado eléctrico con el proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional” (Expediente 23.414), el proyecto “Reforma integral a la Ley 6043 de Zona Marítimo Terrestre (Expediente 22.553), que introduce cambios que buscan desproteger la Zona Marítimo Terrestre, y el proyecto de ley 24.717, que autoriza la exploración y explotación de la minería de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris, del cantón de San Carlos.
Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas que defienden el medio ambiente, Álvarez recordó que la UCR aprobó un acuerdo (CU-19-2024), que establece que cada 7 de diciembre se realizarán actividades en homenaje a personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. Además, el 22 de abril de este año también se realizó en la Universidad Bíblica Latinoamericana un “acto emotivo de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza”.
Las alertas por los atentados contra la seguridad del líder indígena de Térraba Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y otras acciones de denuncia y visibilización mostraron “una movilización social rápida, efectiva y con aprendizajes acumulados, que resulta particularmente valiosa en un contexto de violencia dominante”.
Por su parte, la presidenta de la Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon), Mariana Porras Rozas, dijo que “el principal logro significativo, la principal victoria, es que una vez más se comprueba que sin el monitoreo de las comunidades sobre sus territorios, sobre sus bienes comunes, en este momento el país no tendría la imagen verde que tiene”.
“Fueron las comunidades de diferentes territorios, zonas costeras, rurales, de pueblos indígenas que por medio de denuncias, de monitoreo, de seguimiento, de control, evitaron hechos que pudieron haber traído consecuencias mucho más graves, como en el tema de Gandoca-Manzanillo, de zonas costeras, por ejemplo en la parte de Osa, de Guanacaste. Son las comunidades en los territorios las que están defendiendo los bienes comunes y lamentablemente también los que están siendo más criminalizados por esta defensa”, declaró Porras.
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