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Boris Gongora
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Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, denunció un grave deterioro de su estado de salud y aseguró que teme por su vida ante la negativa de las autoridades penitenciarias de autorizar su traslado a un centro médico especializado.
“Quiero que vean las condiciones que me tienen, a mí no me dejaron ni 24 horas en el hospital. Salí con 40 de ritmo cardiaco. El sábado volví a convulsionar de nuevo, tengo todo mi cuerpo lleno de hematomas”, indicó.
García Troche afirmó que sufre convulsiones recurrentes, lesiones físicas y un presunto daño cerebral, condiciones que, según dijo, no están siendo atendidas de manera adecuada.
“No aguanto más, me están queriendo matar”, expresó, al señalar que ha sido retirada del hospital sin completar estudios médicos y que los resultados de exámenes practicados en el hospital militar no le han sido entregados.
Reconoció que no es nada lindo estar en prisión y el día que tomó la decisión de entregarse, tuvo que dejar de ser mujer para ser mamá. “Perdí el amor de mi vida que era Sebastián, tengo tres hijos acá y otro hijo en otro lado, mi familia se rompió por completo, yo no busco salir, yo no busco que se me diga que soy inocente, yo busco justicia”.
Lea más: El Gobierno confirma un 89,9% autenticidad del video de Marset
La denuncia fue realizada mediante un video mientras ella cumple detención preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, Paraguay, donde permanece recluida desde hace siete meses bajo un régimen de aislamiento.
Según su testimonio, en los últimos días sufrió al menos cuatro episodios convulsivos, algunos de ellos con caídas que le provocaron hematomas y heridas en la cabeza. Indicó además que recibe múltiples medicamentos anticonvulsivos y cardiovasculares, sin un diagnóstico claro ni seguimiento médico especializado.
“Lo único que pido es que se me atienda y que me hagan la resonancia magnética, me hagan los estudios. Al otro día que traerme acá, que no estuve ni 24 horas ene el hospital, me sacaron con un holter, en un helicóptero. Todos mis estudios salieron mal, salió que tenía daño cerebral. La jueza lo culta”, denunció.
La mujer aseguró que no está solicitando su libertad, sino acceso a atención médica adecuada, incluidos estudios como una resonancia magnética, y cuestionó el prolongado aislamiento al que es sometida, pese a su estado de salud y a padecer depresión. “No quiero que mis hijos se enteren mañana que su madre murió en la cárcel”, afirmó.
“Me están matando lentamente, yo necesito justicia, que me hagan los estudios, no estaba así. Estaba casi un año en España, sufrí por todo lo que pasé. Me están enfermando, yo nunca hable porque no tenga nada que decir”, dijo.
García Troche recordó que se entregó voluntariamente a la justicia y renunció a su solicitud de asilo, decisión que, según dijo, tomó por sus hijos. Rechazó haber cometido delitos y sostuvo que su única vinculación con Marset fue de carácter personal. “Fui su pareja, pero eso no es un delito en ningún país”, remarcó.
Advirtió que, de persistir la situación, evaluará acciones legales contra el Estado, al considerar que se estarían vulnerando sus derechos fundamentales. “No me importa si me castigan por hablar. Quiero justicia y que se sepa lo que está pasando conmigo”, señaló.
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“Quiero que vean las condiciones que me tienen, a mí no me dejaron ni 24 horas en el hospital. Salí con 40 de ritmo cardiaco. El sábado volví a convulsionar de nuevo, tengo todo mi cuerpo lleno de hematomas”, indicó.
García Troche afirmó que sufre convulsiones recurrentes, lesiones físicas y un presunto daño cerebral, condiciones que, según dijo, no están siendo atendidas de manera adecuada.
“No aguanto más, me están queriendo matar”, expresó, al señalar que ha sido retirada del hospital sin completar estudios médicos y que los resultados de exámenes practicados en el hospital militar no le han sido entregados.
Reconoció que no es nada lindo estar en prisión y el día que tomó la decisión de entregarse, tuvo que dejar de ser mujer para ser mamá. “Perdí el amor de mi vida que era Sebastián, tengo tres hijos acá y otro hijo en otro lado, mi familia se rompió por completo, yo no busco salir, yo no busco que se me diga que soy inocente, yo busco justicia”.
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La denuncia fue realizada mediante un video mientras ella cumple detención preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, Paraguay, donde permanece recluida desde hace siete meses bajo un régimen de aislamiento.
Según su testimonio, en los últimos días sufrió al menos cuatro episodios convulsivos, algunos de ellos con caídas que le provocaron hematomas y heridas en la cabeza. Indicó además que recibe múltiples medicamentos anticonvulsivos y cardiovasculares, sin un diagnóstico claro ni seguimiento médico especializado.
“Lo único que pido es que se me atienda y que me hagan la resonancia magnética, me hagan los estudios. Al otro día que traerme acá, que no estuve ni 24 horas ene el hospital, me sacaron con un holter, en un helicóptero. Todos mis estudios salieron mal, salió que tenía daño cerebral. La jueza lo culta”, denunció.
La mujer aseguró que no está solicitando su libertad, sino acceso a atención médica adecuada, incluidos estudios como una resonancia magnética, y cuestionó el prolongado aislamiento al que es sometida, pese a su estado de salud y a padecer depresión. “No quiero que mis hijos se enteren mañana que su madre murió en la cárcel”, afirmó.
“Me están matando lentamente, yo necesito justicia, que me hagan los estudios, no estaba así. Estaba casi un año en España, sufrí por todo lo que pasé. Me están enfermando, yo nunca hable porque no tenga nada que decir”, dijo.
García Troche recordó que se entregó voluntariamente a la justicia y renunció a su solicitud de asilo, decisión que, según dijo, tomó por sus hijos. Rechazó haber cometido delitos y sostuvo que su única vinculación con Marset fue de carácter personal. “Fui su pareja, pero eso no es un delito en ningún país”, remarcó.
Advirtió que, de persistir la situación, evaluará acciones legales contra el Estado, al considerar que se estarían vulnerando sus derechos fundamentales. “No me importa si me castigan por hablar. Quiero justicia y que se sepa lo que está pasando conmigo”, señaló.
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