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Paola Gavilanes
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La justicia ecuatoriana dictó una sentencia de siete años de prisión por un caso de extorsión que mantuvo en vilo a una mujer del sur de Quito.
El fallo recayó sobre Juan Michael Z. Z., señalado como autor directo de amenazas enviadas bajo el nombre de una estructura criminal conocida como ‘La Mafia de Los Lobos’.
La resolución judicial se conoció este 22 de enero de 2026, tras un proceso penal que reunió pruebas técnicas, testimonios y rastreos digitales que permitieron reconstruir el recorrido del dinero y la identidad del responsable.
El caso se remonta a la mañana del 14 de agosto de 2025. La víctima, residente en Guamaní, recibió una serie de mensajes en su teléfono celular.
Los remitentes exigieron el pago de 5 000 dólares a cambio de no “cerrar los hostales” de su propiedad y, según el contenido de los textos, seguir “brindándole seguridad”.
Las amenazas escalaron con rapidez. Los mensajes fijaron un plazo hasta el mediodía para realizar el depósito en una cuenta bancaria específica. De no cumplir, advirtieron con secuestros y muerte. Para reforzar la intimidación, enviaron fotografías de armas de fuego.
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Ante el temor por su vida y la de su familia -ya antes blanco de amenazas- la mujer realizó un depósito inicial de 50 dólares. Acto seguido, presentó la denuncia ante las autoridades.
Ese movimiento resultó clave. La cuenta bancaria permitió identificar a Juan Michael Z. Z., quien residía en Puyo, provincia de Pastaza. Tras un rastreo del origen de los mensajes, agentes lo aprehendieron en esa ciudad. En su poder encontraron varios teléfonos celulares, que luego pasaron a análisis técnico.
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Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano de Quitumbe expuso el testimonio de la víctima y de peritos que practicaron experticias informáticas. El análisis forense del celular confirmó la recepción de los mensajes extorsivos y su vínculo con el acusado.
El tribunal acogió los argumentos y dictó la condena de siete años de privación de libertad. Además, impuso una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados a favor de la administración de justicia.
El caso se sentenció con base en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la extorsión cometida bajo amenaza de muerte o lesiones. La norma contempla penas agravadas cuando el delito genera temor fundado y afecta directamente la seguridad de la víctima.
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El fallo recayó sobre Juan Michael Z. Z., señalado como autor directo de amenazas enviadas bajo el nombre de una estructura criminal conocida como ‘La Mafia de Los Lobos’.
La resolución judicial se conoció este 22 de enero de 2026, tras un proceso penal que reunió pruebas técnicas, testimonios y rastreos digitales que permitieron reconstruir el recorrido del dinero y la identidad del responsable.
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Depósito bancario delató a extorsionador, siete años de prisión por amenazas de muerte
El caso se remonta a la mañana del 14 de agosto de 2025. La víctima, residente en Guamaní, recibió una serie de mensajes en su teléfono celular.
Los remitentes exigieron el pago de 5 000 dólares a cambio de no “cerrar los hostales” de su propiedad y, según el contenido de los textos, seguir “brindándole seguridad”.
Las amenazas escalaron con rapidez. Los mensajes fijaron un plazo hasta el mediodía para realizar el depósito en una cuenta bancaria específica. De no cumplir, advirtieron con secuestros y muerte. Para reforzar la intimidación, enviaron fotografías de armas de fuego.
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Depósito bancario permitió rastrear al responsable
Ante el temor por su vida y la de su familia -ya antes blanco de amenazas- la mujer realizó un depósito inicial de 50 dólares. Acto seguido, presentó la denuncia ante las autoridades.
Ese movimiento resultó clave. La cuenta bancaria permitió identificar a Juan Michael Z. Z., quien residía en Puyo, provincia de Pastaza. Tras un rastreo del origen de los mensajes, agentes lo aprehendieron en esa ciudad. En su poder encontraron varios teléfonos celulares, que luego pasaron a análisis técnico.
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Pruebas digitales sostuvieron la acusación fiscal
Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano de Quitumbe expuso el testimonio de la víctima y de peritos que practicaron experticias informáticas. El análisis forense del celular confirmó la recepción de los mensajes extorsivos y su vínculo con el acusado.
El tribunal acogió los argumentos y dictó la condena de siete años de privación de libertad. Además, impuso una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados a favor de la administración de justicia.
Extorsión bajo amenaza de muerte, delito agravado
El caso se sentenció con base en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la extorsión cometida bajo amenaza de muerte o lesiones. La norma contempla penas agravadas cuando el delito genera temor fundado y afecta directamente la seguridad de la víctima.
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