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Fabiola Pomareda García
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Una activista, un abogado y vecinos denunciaron la supuesta desaparición de siete niños y adolescentes costarricenses, tras el desalojo de más de 70 familias, ocurrido en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos el pasado 25 de noviembre.
Ese día, funcionarios de los ministerios de Ambiente y Energía (Minae), de Seguridad Pública, de Salud, de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública ejecutaron el desalojo de al menos 70 familias que vivían en la comunidad de Chorreras, en cumplimiento de una orden judicial de un proceso penal por usurpación de territorio estatal.
Sin embargo, la activista Susan Rodríguez, del Observatorio Ciudadano de La Fortuna, afirmó que, después del operativo, siete menores costarricenses no aparecen en ningún campamento, albergue, lista del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Migración o informe oficial y que hoy su paradero es completamente desconocido.
Los menores desaparecidos son Alondra González Dávila, Dilan Gael González Dávila, Jackson Rivera Dávila, Liam Daniel Rivera Dávila, Balbino Steven Rivera Dávila, Pamela Rivera Dávila y Julieth González Dávila, indicó Rodríguez.
Asimismo, el abogado especialista en derecho penal Karl Villalobos cuestionó la forma “agresiva” en que se dio el desalojo, ya que, ante la presencia de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, “el Estado debía tener un resguardo para que los actos administrativos no impactaran a personas en estado de vulnerabilidad”.
Bloquearon los caminos
Villalobos se refirió al día del desalojo el martes 25 de noviembre. “Francamente yo no había visto en Costa Rica una acción de este tipo. Sencillamente llego la policía con cualquier cantidad de perreras, fuertemente armada, encañonaron a todo el mundo, los hicieron sacados de las casas y les dijeron ‘salgan porque vamos a derribar las casas’. En esa confusión que se generó, al no hacerlo de forma planificada ni resguardando las garantías básicas de las personas, cerraron los caminos”.
Rodríguez y Villalobos explicaron que el día del desalojo estas personas no tenían cómo salir de Chorreras, ya que la policía no permitía la entrada ni salida por el camino que va hacia San Carlos, ni por el que va hacia Crucitas, por lo que las personas quedaron prácticamente incomunicadas y sitiadas en la margen del río San Juan, frontera con Nicaragua.
“Ellos fueron prácticamente expulsados a territorio nicaragüense. La presunción de nosotros es que los niños están en suelo nicaragüense; pero el ejército de Nicaragua advirtió que cualquier costarricense que estuviera en suelo nicaragüense sin justificación lo iban a detener”, señaló Rodríguez. “El problema es que los menores, y probablemente sus padres, fueron expulsados del país producto del desalojo”, añadió.
“La gente se asustó porque creyeron que los iban a detener o mandar a la cárcel y muchas personas, incluyendo niños, optaron por buscar el río (San Juan); mucha gente se montó en botes y salió asustada huyendo”, dijo Villalobos.
“En ese momento es que no se sabe si algunos niños tomaron un bote, no se sabe qué pasó, si se ahogaron en el río, si están detenidos por la policía en el lado de Nicaragua, o si están escondidos; no sabemos nada”, explicó el abogado. “El problema es que estos niños son costarricenses; tienen cedula costarricense”, enfatizó.
“En este momento la información que tenemos es cero, con respecto a los niños y a los padres de estos niños”, dijo el abogado.
Reunión interinstitucional
Rodríguez y Villalobos han solicitado información sobre la acción al presidente de la República, Rodrigo Chaves, al ministro de Seguridad, Mario Zamora, así como al PANI.
Ante consulta de UNIVERSIDAD, el PANI informó que el día del desalojo, participaron funcionarios de la Dirección Regional Huetar Norte, del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI), que atiende 24/7 (situaciones de alto riesgo), y de la Oficina Local de San Carlos. Según refirió el PANI, se atendieron cinco familias, que acogieron la medida del desalojo.
El PANI confirmó que el 4 de diciembre se recibió una denuncia por la supuesta desaparición de siete niños, niñas y adolescentes; pero dijo no tener información de si los menores cruzaron o fueron desplazados forzosamente a Nicaragua.
Según el Patronato, trasladaron la denuncia a la Oficina Local de Los Chiles para la intervención correspondiente y el martes se participaría en una reunión interinstitucional sobre el caso.
La destrucción de un pueblo
La comunidad de Chorreras estaba ubicada en la franja fronteriza norte y durante años se desarrolló como cualquier otra comunidad rural, contaba con una iglesia católica y una evangélica, una escuela del Ministerio de Educación Pública (MEP), un centro comunal, un bar restaurante y una pulpería, describió Rodríguez.
Actualmente se encuentra dentro del “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo”, ya que la creación del Refugio mediante el decreto 22.962-MIRENEM, en 1994, se realizó muchos años después de que se conformara el poblado.
Después del desalojo, algunas de las familias que perdieron sus viviendas levantaron ranchos con latas de zinc en fincas aledañas, donde campesinos de la zona les dieron permiso temporal de quedarse, explicó Rodríguez.
“¿Qué va a pasar con las familias? ¿A dónde se van a reubicar? ¿Cómo van a hacer con el agua? A las personas les quemaron sus pertenencias enfrente ahí de ellos, no dejaron pasar ningún camión para recogerlas, destruyeron el pueblo”, afirmó Rodríguez.
Mientras que Villalobos denunció: “Es la destrucción de una población que se dedicaba a labores agrícolas y que ahora está pasando hambre. Están arrimados en las fincas de otras personas de la zona, estos niños no se van a poder graduar; estas personas están sufriendo”.
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