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Mónica Palm
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Era el 21 de enero de 2025.
José Raúl Mulino llegó a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, dispuesto a buscar “oportunidades de inversión”. Con él estaban el asesor presidencial para temas logísticos, Alberto Alemán Zubieta, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez.
Su primera cita, nada más aterrizar, fue con Vincent Clerc, CEO de la naviera Maersk, el cliente más importante del puerto de Balboa, entonces operado por Panama Ports Company (PPC), filial local de la hongkonesa CK Hutchison.
Allí, Mulino le preguntó si su compañía estaba dispuesta a asumir la administración temporal de Balboa, en el Pacífico, ante una eventual salida de PPC. Clerc, sin dudarlo, respondió afirmativamente.
Dos días después, el presidente y su comitiva repitieron aquel ejercicio, pero en Zúrich, donde tenían una cita con Diego Aponte, presidente de Mediterranean Shipping Company (MSC). ¿Por qué buscaron a MSC? Porque si Maersk es el principal usuario de Balboa, la italiana lo es de Cristóbal, el otro puerto de PPC, en la costa atlántica. También están PSA Panamá, la terminal que está en Rodman, frente a Balboa.
Cuando Mulino quiso saber si MSC estaría dispuesto a operar Cristóbal, la respuesta de Aponte fue inmediata: “mañana”.
Pero pese a la disposición de Maersk y MSC, el gobierno panameño todavía no había decidido qué hacer con PPC. En el interín, ocurrieron otros acontecimientos determinantes: el contrato de concesión de Balboa y Cristóbal fue demandado ante la Corte; el presidente estadounidense Donald Trump denunció (sin pruebas) que China tenía control sobre el canal y los puertos panameños; el fondo BlackRock anunció la compra de las 43 terminales operadas por CK Hutchison (incluidas las dos panameñas), y la auditoría de la Contraloría destapó que el Estado había dejado de percibir, por lo menos, $1,337 millones en cánones y regalías.
“Hemos estado viendo todas las opciones, algunas locas”, remarcó Mulino.
Recordó este lunes 23 de febrero que, incluso, el año pasado hubo reuniones (en Nueva York y Washington) con CK Hutchison y un representante del gobierno de China, quien se quejó porque nadie había avisado al Partido Comunista Chino sobre la intención (ya fallida) de vender los puertos a BlackRock. Ahora se sabe que Panamá tampoco fue informada de esa presunta transacción, pese a que el Estado es dueño del 10% de las acciones de PPC. Mulino considera que esa participación accionaria es “cosmética”, ya que su supuesto socio no le comparte ni los estados financieros.
La suerte quedó echada el pasado 29 de enero, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales el contrato ley, las adendas y las resoluciones de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, en el año 2023, prorrogaron la concesión de PPC hasta el año 2047.
Mulino insiste en que el decreto ejecutivo que ordena la ocupación temporal de Balboa y Cristóbal no debe ser interpretado como una “nacionalización” de los puertos. De hecho, el Consejo de Gabinete ha sido convocado a sesión para expedir la autorización que permita a la AMP celebrar contratos temporales con Maersk y MSC, mientras se prepara una licitación internacional a fin de encontrar un operador privado para cada puerto.
Este proceso debe completarse en 18 meses o menos.
¿Por qué se optó por este “plan de contingencia” y no por convocar de una vez a un acto público? “Es imposible hacer una licitación sin tener información”, dijo Mulino.
Además, es necesario realizar un inventario de bienes. Aunque PPC sostiene que ha hecho inversiones por $1,800 millones (que es la base de uno de los dos arbitrajes que ya presentó contra Panamá), el presidente contó que las condiciones de esos equipos no son las más óptimas, empezando por las grúas, que no tienen capacidad para atender buques neopanamax.
Ambos contratos, que son un “espejo” el uno del otro, podrían ser firmados, refrendados y publicados en la Gaceta Oficial este mismo lunes. De momento, el control de los puertos lo tiene la AMP y ambos siguen operando. Alemán Zubieta, quien ya sostuvo una reunión con los trabajadores de Balboa, aseguró que los operadores temporales asumirán todas las prestaciones laborales; no se prevé la destitución de nadie. Con él estaba la directora de Recursos Humanos de PPC, la única ejecutiva de la portuaria que se quedó a dar la cara. La “plana mayor” se marchó de Panamá hace dos semanas.
Alemán Zubieta calcula que ahora el Estado podría recibir aportes por $100 millones en 18 meses, producto de cánones, regalías y alquileres. Esa cantidad es superior a lo que ha recibido Panamá en toda la vida útil del contrato con PPC, que el próximo año iba a cumplir tres décadas.
El presidente Mulino planea dirigir un mensaje al país este lunes, a las 6:00 p. m.
Información en desarrollo...
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José Raúl Mulino llegó a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, dispuesto a buscar “oportunidades de inversión”. Con él estaban el asesor presidencial para temas logísticos, Alberto Alemán Zubieta, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez.
Su primera cita, nada más aterrizar, fue con Vincent Clerc, CEO de la naviera Maersk, el cliente más importante del puerto de Balboa, entonces operado por Panama Ports Company (PPC), filial local de la hongkonesa CK Hutchison.
Allí, Mulino le preguntó si su compañía estaba dispuesta a asumir la administración temporal de Balboa, en el Pacífico, ante una eventual salida de PPC. Clerc, sin dudarlo, respondió afirmativamente.
Dos días después, el presidente y su comitiva repitieron aquel ejercicio, pero en Zúrich, donde tenían una cita con Diego Aponte, presidente de Mediterranean Shipping Company (MSC). ¿Por qué buscaron a MSC? Porque si Maersk es el principal usuario de Balboa, la italiana lo es de Cristóbal, el otro puerto de PPC, en la costa atlántica. También están PSA Panamá, la terminal que está en Rodman, frente a Balboa.
Cuando Mulino quiso saber si MSC estaría dispuesto a operar Cristóbal, la respuesta de Aponte fue inmediata: “mañana”.
Pero pese a la disposición de Maersk y MSC, el gobierno panameño todavía no había decidido qué hacer con PPC. En el interín, ocurrieron otros acontecimientos determinantes: el contrato de concesión de Balboa y Cristóbal fue demandado ante la Corte; el presidente estadounidense Donald Trump denunció (sin pruebas) que China tenía control sobre el canal y los puertos panameños; el fondo BlackRock anunció la compra de las 43 terminales operadas por CK Hutchison (incluidas las dos panameñas), y la auditoría de la Contraloría destapó que el Estado había dejado de percibir, por lo menos, $1,337 millones en cánones y regalías.
“Hemos estado viendo todas las opciones, algunas locas”, remarcó Mulino.
Recordó este lunes 23 de febrero que, incluso, el año pasado hubo reuniones (en Nueva York y Washington) con CK Hutchison y un representante del gobierno de China, quien se quejó porque nadie había avisado al Partido Comunista Chino sobre la intención (ya fallida) de vender los puertos a BlackRock. Ahora se sabe que Panamá tampoco fue informada de esa presunta transacción, pese a que el Estado es dueño del 10% de las acciones de PPC. Mulino considera que esa participación accionaria es “cosmética”, ya que su supuesto socio no le comparte ni los estados financieros.
La suerte quedó echada el pasado 29 de enero, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales el contrato ley, las adendas y las resoluciones de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, en el año 2023, prorrogaron la concesión de PPC hasta el año 2047.
Mulino insiste en que el decreto ejecutivo que ordena la ocupación temporal de Balboa y Cristóbal no debe ser interpretado como una “nacionalización” de los puertos. De hecho, el Consejo de Gabinete ha sido convocado a sesión para expedir la autorización que permita a la AMP celebrar contratos temporales con Maersk y MSC, mientras se prepara una licitación internacional a fin de encontrar un operador privado para cada puerto.
Este proceso debe completarse en 18 meses o menos.
Adjuntos
Decreto Ejecutivo 23.pdf¿Por qué se optó por este “plan de contingencia” y no por convocar de una vez a un acto público? “Es imposible hacer una licitación sin tener información”, dijo Mulino.
Además, es necesario realizar un inventario de bienes. Aunque PPC sostiene que ha hecho inversiones por $1,800 millones (que es la base de uno de los dos arbitrajes que ya presentó contra Panamá), el presidente contó que las condiciones de esos equipos no son las más óptimas, empezando por las grúas, que no tienen capacidad para atender buques neopanamax.
Ambos contratos, que son un “espejo” el uno del otro, podrían ser firmados, refrendados y publicados en la Gaceta Oficial este mismo lunes. De momento, el control de los puertos lo tiene la AMP y ambos siguen operando. Alemán Zubieta, quien ya sostuvo una reunión con los trabajadores de Balboa, aseguró que los operadores temporales asumirán todas las prestaciones laborales; no se prevé la destitución de nadie. Con él estaba la directora de Recursos Humanos de PPC, la única ejecutiva de la portuaria que se quedó a dar la cara. La “plana mayor” se marchó de Panamá hace dos semanas.
Alemán Zubieta calcula que ahora el Estado podría recibir aportes por $100 millones en 18 meses, producto de cánones, regalías y alquileres. Esa cantidad es superior a lo que ha recibido Panamá en toda la vida útil del contrato con PPC, que el próximo año iba a cumplir tres décadas.
El presidente Mulino planea dirigir un mensaje al país este lunes, a las 6:00 p. m.
Información en desarrollo...
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