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Mario Bermúdez Vives
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La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, pidió ante los diputados procesos de diálogo para repensar la Costa Rica del futuro ante señales de regresividad en materia de derechos humanos, en la presentación de su informe ante los diputados.
«El informe 2026 expone una idea fundamental: las políticas públicas y las decisiones legislativas que se adopten y se impulsen en período 2026 al 2030 definirán la Costa Rica que estamos construyendo. En ese sentido, la defensa de derechos humanos no puede limitarse a atender una vulneración a derechos humanos después que se haya producido», dijo Cruickshank.
En su exposición, la Defensora insistió en que el país requiere de procesos de diálogo para repensar el país del futuro, y para equilibrar las necesidades de un uso eficiente de los recursos, con las decisiones para impulsar el desarrollo de forma que no se afecten los derechos básicos de los ciudadanos. una ecuación que no debe ser imposible.
«Un Estado eficiente no solo reduce sus gastos, sino que decide en que aspectos estratégicos invierte; que transformación prioriza el bienestar, derechos y calidad de vida de sus habitantes. Eficiencia y efectividad no son conceptos opuestos a derechos humanos, son condiciones necesarias para hacerlos realidad», manifestó.
En esta actividad, Cruickshank afirmó que está impulsando un replanteamiento de la Defensoría, que incluye desde el desarrollo de un índice de magistratura de influencia, compuesto por 25 indicadores, para poder medir el impacto real de las recomendaciones de la institución, lo que precisamente fue uno de los requerimientos de los diputados de la fracción oficialista, el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Adicionalmente, la Defensora indicó que también proponen que se exploren posibilidades de incursionar en el derecho privado, un área en la cual tiene poco espacio en la actualidad. De nuevo, esto luego de un fuerte reclamo del diputado Antonio Barzuna, de PPSO, que cuestionó la falta de acciones para los 145 mil ciudadanos afectados por estafas bancarias en los últimos dos años.
Pero la polémica se presentó durante las intervenciones de los diputados, en las que la oposición resaltó los desafíos por el tema de la inversión social amenazada por los recortes realizados desde el Gobierno, y el oficialismo realizó fuertes críticas al reporte, e incluso, llegando al punto que el diputado oficialista Gonzalo Ramírez llegó a afirmar que el país podría «ahorrarse ₡6.366 millones, si la cerramos» (en relación al presupuesto de la Defensoría).
Esto provocó una fuerte respuesta de Cruickshank, quien tuvo que recordarle que a la Defensoría llegan personas que buscan un último recurso, no judicial, ante problemas que enfrentan ante falta de servicios en instituciones públicas. «Si quieren cerrar la Defensoría, es imposibilitar que los 20 mil casos que vimos en solo este año sean abordados, de personas que no tenían otra alternativa ante la violación de sus recursos. No son ticos con corona», me indicó.
La Defensora también tuvo que reivindicar la función de la Defensoría ante los reclamos del oficialismo, con intervenciones como las del diputado Juan Manuel Quesada, que reclamó que el informe no mencionara logros del Gobierno, o responsabilizara a gobiernos anteriores de los problemas del país, o de los diputados Ramírez y Kattia Mora, que reclamaron que no se incluyeran menciones a los derechos de los no nacidos o a los cristianos.
La Defensora también tuvo una respuesta ante estos reclamos: «Cuando fui nombrada, mi pastor, Raúl Vargas, se levantó a congregación y dijo: sé que le va a tocar defender derechos que de repente no nos gustan, pero fue nombrada para defender los derechos de todos los costarricenses, no de los cristianos. No soy la defensora de ningún grupo específico; soy la defensora de todos los grupos», dijo.
En contraste, el Partido Liberación Nacional, en las intervenciones de Janice Sandí y Karen Matamoros, consultaron sobre el debilitamiento de derechos de salud, educación y seguridad, mientras el Frente Amplio, en las voces de Vianey Mora y José María Villalta, solicitó ampliar los temas de los recortes a la inversión social. Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana inquirió sobre la creciente agresión a las mujeres, y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sobre la modernización de la Defensoría.
La entrada Defensora pidió diálogo para repensar la Costa Rica del futuro y reivindicó su función ante oficialismo aparece primero en Semanario Universidad.
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