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El defensor del pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, informó que esa institución trabaja en un estudio diagnóstico sobre las desapariciones no voluntarias en el país.
Explicó que el objetivo es comprender mejor la dimensión del fenómeno, sus causas y la respuesta institucional.
La iniciativa surge a raíz de varios casos recientes que han generado preocupación en la sociedad, entre ellos las desapariciones de los niños Roldanis Calderón, en Los Tablones de Manabao, provincia La Vega; y de Brianna Genao, en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata.
Ulloa explicó que el estudio se realizará en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Detalló que la investigación consistirá en un diagnóstico integral que combinará diversas fuentes de información mediante triangulación metodológica.
Entre ellas destacó que se incluye la revisión documental del marco jurídico y de la literatura especializada sobre desapariciones, así como el análisis de datos oficiales correspondientes a 2025 proporcionados por la Policía Nacional.
Además, se aplicará una encuesta a familiares de personas desaparecidas —principalmente miembros de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos— con el propósito de medir el impacto económico, social y emocional de estos casos y evaluar la respuesta de las autoridades.
Según Ulloa, uno de los principales problemas detectados es la falta de interoperabilidad entre instituciones que participan en la búsqueda de desaparecidos en el país, como la Policía Nacional, la Defensa Civil y los Cuerpos de Bomberos.
A su juicio, esa falla limita la capacidad de reacción ante estos casos.
Explicó que en el país existen más de 700 destacamentos, de los cuales poco más de un centenar han sido remodelados o cuentan con mejores condiciones, lo que dificulta la implementación de un sistema que dé respuesta ante emergencias o desapariciones.
"La falta de un sistema tecnológico integrado limita las acciones para atender este tipo de situaciones", señaló.
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Expresó la necesidad de mejorar la capacidad de reacción de las instituciones en primera instancia.
Ulloa aseguró que el Defensor del Pueblo no desistirá en sus esfuerzos de fiscalización para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.
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Explicó que el objetivo es comprender mejor la dimensión del fenómeno, sus causas y la respuesta institucional.
La iniciativa surge a raíz de varios casos recientes que han generado preocupación en la sociedad, entre ellos las desapariciones de los niños Roldanis Calderón, en Los Tablones de Manabao, provincia La Vega; y de Brianna Genao, en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata.
Ulloa explicó que el estudio se realizará en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Triangulación metodológica
Detalló que la investigación consistirá en un diagnóstico integral que combinará diversas fuentes de información mediante triangulación metodológica.
Entre ellas destacó que se incluye la revisión documental del marco jurídico y de la literatura especializada sobre desapariciones, así como el análisis de datos oficiales correspondientes a 2025 proporcionados por la Policía Nacional.
Además, se aplicará una encuesta a familiares de personas desaparecidas —principalmente miembros de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos— con el propósito de medir el impacto económico, social y emocional de estos casos y evaluar la respuesta de las autoridades.
Interoperabilidad entre instituciones
Según Ulloa, uno de los principales problemas detectados es la falta de interoperabilidad entre instituciones que participan en la búsqueda de desaparecidos en el país, como la Policía Nacional, la Defensa Civil y los Cuerpos de Bomberos.
A su juicio, esa falla limita la capacidad de reacción ante estos casos.
- El defensor del pueblo también señaló que muchos cuarteles policiales enfrentan limitaciones tecnológicas.
Explicó que en el país existen más de 700 destacamentos, de los cuales poco más de un centenar han sido remodelados o cuentan con mejores condiciones, lo que dificulta la implementación de un sistema que dé respuesta ante emergencias o desapariciones.
"La falta de un sistema tecnológico integrado limita las acciones para atender este tipo de situaciones", señaló.
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Mejora en la capacidad de reacción
Expresó la necesidad de mejorar la capacidad de reacción de las instituciones en primera instancia.
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