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Daniel Zenteno
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La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre las medidas de alcance económico, social y administrativo anunciadas el miércoles por el Gobierno, instando a que su implementación se realice con pleno respeto a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La institución defensorial consideró necesario que las instancias estatales generen espacios amplios y accesibles de información pública. El objetivo es explicar de manera clara los alcances, procedimientos y efectos de las medidas adoptadas, para que la población pueda comprender su aplicación y ejercer sus derechos de forma informada.
Asimismo, destacó la importancia de que el Estado promueva mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional. Esto incluye la conformación de mesas de diálogo y técnicas con la participación de los sectores sociales y productivos, para prevenir escenarios de conflictividad y garantizar una implementación respetuosa de los derechos fundamentales.
A través del Decreto Supremo 5503, el Gobierno dispuso levantar la subvención a los combustibles, lo que generó un encarecimiento del 160% en el precio del diésel. Además, se dispuso el incremento salarial del 20% del sueldo mínimo a partir del 2 de enero, lo que generó la molestia del sector privado.
Por ello, diferentes sectores, especialmente transportistas y trabajadores, anunciaron medidas de presión desde este jueves hasta lograr la derogación de la norma.
La Defensoría resaltó la necesidad de que las autoridades emitan mensajes claros y coherentes que brinden certidumbre a la población, reduzcan la desinformación y fortalezcan la confianza institucional durante este proceso.
En cumplimiento de su mandato constitucional, la institución realizará un seguimiento especial a la aplicación de las medidas, con atención a sus posibles efectos en poblaciones en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, niñez, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
La Defensoría del Pueblo, con estatus ‘A’ como Institución Nacional de Derechos Humanos, recordó a la ciudadanía que mantiene habilitados sus canales de atención a nivel nacional para recibir consultas y denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos en el marco de estas disposiciones.
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La institución defensorial consideró necesario que las instancias estatales generen espacios amplios y accesibles de información pública. El objetivo es explicar de manera clara los alcances, procedimientos y efectos de las medidas adoptadas, para que la población pueda comprender su aplicación y ejercer sus derechos de forma informada.
Asimismo, destacó la importancia de que el Estado promueva mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional. Esto incluye la conformación de mesas de diálogo y técnicas con la participación de los sectores sociales y productivos, para prevenir escenarios de conflictividad y garantizar una implementación respetuosa de los derechos fundamentales.
Decreto
A través del Decreto Supremo 5503, el Gobierno dispuso levantar la subvención a los combustibles, lo que generó un encarecimiento del 160% en el precio del diésel. Además, se dispuso el incremento salarial del 20% del sueldo mínimo a partir del 2 de enero, lo que generó la molestia del sector privado.
Por ello, diferentes sectores, especialmente transportistas y trabajadores, anunciaron medidas de presión desde este jueves hasta lograr la derogación de la norma.
La Defensoría resaltó la necesidad de que las autoridades emitan mensajes claros y coherentes que brinden certidumbre a la población, reduzcan la desinformación y fortalezcan la confianza institucional durante este proceso.
En cumplimiento de su mandato constitucional, la institución realizará un seguimiento especial a la aplicación de las medidas, con atención a sus posibles efectos en poblaciones en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, niñez, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
La Defensoría del Pueblo, con estatus ‘A’ como Institución Nacional de Derechos Humanos, recordó a la ciudadanía que mantiene habilitados sus canales de atención a nivel nacional para recibir consultas y denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos en el marco de estas disposiciones.
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