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Daniel Zenteno
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El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, presentó ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, una solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales para suspender de manera temporal la ejecución del proyecto de Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X3, en el Bloque Exploratorio San Telmo Norte.
Desde la Casa de Justicia del municipio de Entre Ríos, Callisaya explicó que la acción responde a la preocupación institucional por un posible incumplimiento de estándares internacionales, en especial del derecho a la consulta pública, además de observaciones vinculadas al proceso de otorgación de la licencia ambiental. Según advirtió, estas omisiones podrían derivar en impactos ambientales graves en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
“Acabamos de entregar la solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos. La solicitud expresa realizada por la Defensoría del Pueblo es que se disponga la suspensión temporal de los actos de ejecución material del proyecto”, afirmó la autoridad defensorial.
Callisaya subrayó que la medida busca prevenir daños irreversibles al medio ambiente mientras se aclaran los aspectos técnicos, legales y procedimentales observados en el proceso. “Es importante que, a partir de la decisión del juzgador, se puedan adoptar estas medidas en tanto no se clarifiquen estos elementos”, sostuvo.
La Defensoría del Pueblo recordó que esta actuación se enmarca en su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, así como en los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de defensoras y defensores ambientales.
Además, la institución informó que realizará un seguimiento permanente al proceso judicial y a la situación en la reserva de Tariquía, reiterando su compromiso con la protección de los derechos de las comunidades y la preservación del patrimonio ambiental para las actuales y futuras generaciones.
Estas acciones surgen luego de que la petrolera brasileña Petrobras ingresa en esa zona, alegando cumplir con todas las licencias ambientales y documentación legal. La Policía retiró a los comunarios que impedían el ingreso de los camiones para iniciar el proyecto exploratorio.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz Pereira aclaró que Tariquía se encuentra fuera del área de trabajo, por lo que el reservorio no debería verse perjudicado por el trabajo que realizará Petrobras.
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Desde la Casa de Justicia del municipio de Entre Ríos, Callisaya explicó que la acción responde a la preocupación institucional por un posible incumplimiento de estándares internacionales, en especial del derecho a la consulta pública, además de observaciones vinculadas al proceso de otorgación de la licencia ambiental. Según advirtió, estas omisiones podrían derivar en impactos ambientales graves en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
“Acabamos de entregar la solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos. La solicitud expresa realizada por la Defensoría del Pueblo es que se disponga la suspensión temporal de los actos de ejecución material del proyecto”, afirmó la autoridad defensorial.
Tariquía
Callisaya subrayó que la medida busca prevenir daños irreversibles al medio ambiente mientras se aclaran los aspectos técnicos, legales y procedimentales observados en el proceso. “Es importante que, a partir de la decisión del juzgador, se puedan adoptar estas medidas en tanto no se clarifiquen estos elementos”, sostuvo.
La Defensoría del Pueblo recordó que esta actuación se enmarca en su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, así como en los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de defensoras y defensores ambientales.
Además, la institución informó que realizará un seguimiento permanente al proceso judicial y a la situación en la reserva de Tariquía, reiterando su compromiso con la protección de los derechos de las comunidades y la preservación del patrimonio ambiental para las actuales y futuras generaciones.
Estas acciones surgen luego de que la petrolera brasileña Petrobras ingresa en esa zona, alegando cumplir con todas las licencias ambientales y documentación legal. La Policía retiró a los comunarios que impedían el ingreso de los camiones para iniciar el proyecto exploratorio.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz Pereira aclaró que Tariquía se encuentra fuera del área de trabajo, por lo que el reservorio no debería verse perjudicado por el trabajo que realizará Petrobras.
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