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Maria Nuñez Chacón
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Desde el año 2020, un total de 45.000 personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto bajo la administración de JUPEMA y a cargo al Presupuesto Nacional administrado por la Dirección Nacional de Pensiones no reciben ningún ajuste por costo de vida.
Así lo confirmó la Defensoría de los Habitantes en una investigación que realizó, lo que le llevó a solicitar a la Asamblea Legislativa el impulso urgente de una iniciativa que permita revisar el actual modelo de ajuste por costo de vida aplicable a estas pensiones, a fin de garantizar una actualización periódica, técnica y sostenible.
Si bien el Ministerio de Hacienda, mediante oficio n.° MH-DM-1594-2025 de octubre de 2025, le informó al órgano defensor que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria en remuneraciones y contribuciones sociales que permitiría cubrir un monto de hasta ¢10.000 por concepto de incremento por costo de vida para los salarios de los empleados públicos bajo la modalidad de salarios compuestos; esto no soluciona el problema denunciado.
Desde su perspectiva, además de que el incremento aún no se ha materializado; continúan vigentes las disposiciones legales que vinculan el ajuste por costo de vida de las personas pensionadas a los aumentos salariales de los empleados públicos.
“Para la Defensoría el no ajuste de las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo; así como al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y, servicios públicos, colocando a esta población a una situación de vulnerabilidad económica”, indicó la Defensoría en un comunicado oficial.
Dada la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida, establecida en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas —la cual dicta que únicamente se darán nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda por debajo del 60% del producto interno bruto— se han mantenido los salarios congelados por cinco años, consecuentemente, las pensiones.
Esto es, claramente, una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, ya que disminuye la protección económica previamente garantizada y por ello, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal.
Desde la perspectiva de la Defensoría, la ausencia de estos ajustes puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia. Valga la pena indicar que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.
“En consecuencia, esta Defensoría considera indispensable efectuar las reformas normativas correspondientes, con el fin de evitar que este tipo de congelamiento vuelva a presentarse en el futuro, así como un medio para hacer justicia a las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto y de aquellas con cargo al Presupuesto Nacional”, añadió.
Actualmente, se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 24.353, el cual pretende reconocer el ajuste por costo de vida a aproximadamente 30.000 personas cuyas pensiones han permanecido congeladas durante el último quinquenio.
Esta iniciativa fue aprobada por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al Plenario Legislativo en sesiones ordinarias.
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