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Daniela Muñoz Solano
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La Defensoría de los Habitantes de la República le dio al gobierno 24 horas para que informe dónde se encuentran las 25 personas de portadas de los Estados Unidos que se recibieron el pasado sábado en el país.
La decisión fue dada a conocer en un comunicado público en el que explicó que es necesario que su personal verifique las condiciones en que se encuentran estas personas.
Se trata de las primeras 25 personas deportadas desde los Estados Unidos hasta Costa Rica, a raíz de un acuerdo firmado por el gobierno de Rodrigo Chaves con la administración de Donald Trump, el cual implicaría el ingreso de hasta 25 personas por semana o más. Este acuerdo es objeto de cuestionamientos por parte de diputados y el ente defensor.
Este primer grupo de deportados llegó al país el pasado sábado 11 de abril, pero al día de hoy -lunes- el órgano defensor desconoce la ubicación de las personas y la necesita para poder realizar una verificación de las condiciones en las que están siendo atendidas.
“A pesar de los primeros contactos por whatsapp con las autoridades de Migración y Extranjería para poder tener la información de primera mano y con rapidez a disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a esta hora no ha sido entregada como corresponde, lo que implicó realizar esta tarde una solicitud formal que permita disponer de los datos necesarios que posibiliten su ubicación y las diligencias que se requieren realizar”, reza el comunicado.
De acuerdo con la entidad defensora, es necesario darle seguimiento a las condiciones en que las personas deportadas están siendo atendidas para que no se repitan las situaciones presentadas el año pasado con migrantes deportados del país del Norte. “Debe garantizarse la protección de sus derechos fundamentales”.
Por eso, explicaron, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, le remitió al Viceministro de Gobernación y Policía una solicitud para que facilite en las próximas 24 horas la localización de estas personas e indique por cuánto tiempo se tiene programada su permanencia en ese lugar.
Adicionalmente, solicitó dar a conocer a qué lugar se trasladarán aquellas personas que, por diferentes razones, no puedan ser trasladadas a su país de origen en el corto plazo.
Otro de los datos que la Defensoría solicitó es el modelo o protocolo de atención que se está aplicando para la atención de esta población, además de que cuestionó si ya se realizó una convocatoria interinstitucional necesaria para garantizar las necesidades de protección de todas las personas que forman parte de este primer grupo de personas deportadas. Para la entrega de estas últimas informaciones, la entidad dio a la administración Chaves Robles un máximo plazo de tres días.
La Sala Constitucional le ordenó el 25 de junio de 2025 al Gobierno de Rodrigo Chaves liberar a los migrantes asiáticos deportados por la administración Trump que permanecieron en un albergue temporal en el sur del país desde febrero de ese año.
El voto de mayoría (4-3) de los magistrados consideró que el Gobierno violó los derechos de los migrantes al no brindarles «información oportuna y suficiente» sobre su estatus migratorio ni haberles dado acceso a asesoría legal.
UNIVERSIDAD reveló que el Estado costarricense vulneró el derecho a la libertad de las 200 personas expulsadas de Estados Unidos y traídas a territorio costarricense en 2025 debido a que fueron privadas de libertad, estuvieron retenidas en el Catem por meses en un espacio que no contaba con las condiciones adecuadas, de acuerdo con una investigación desarrollada por ocho organizaciones sociales de Mesoamérica y Estados Unidos documentó las condiciones de la detención, deportación y de los retornos forzados de las personas migrantes, e incluyó el caso de Costa Rica.
Además, los testimonios revelaron que les fueron decomisados sus documentos de viaje, no recibieron información en su idioma, y para muchos no hubo garantía de su derecho a solicitar refugio, asilo o protección internacional.
Ahora la Defensoría de los Habitantes ha exigido garantías claras sobre la atención que recibirán estas otras personas deportadas al país.
“No es suficiente decir que se respetarán los derechos humanos de las personas deportadas hacia Costa Rica, sino que debe dar muestras efectivas, con hechos concretos y evidencia, que permitan garantizar que la historia respecto al abordaje en la atención ocurrida el año anterior no se repetirá”, advirtió la institución.
La diputada del Partido Liberación Nacional, Monserrat Ruiz, advirtió sobre los riesgos de que el país asuma compromisos sin los controles adecuados.
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