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Orlando Silva
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La defensa del exvicepresidente Jorge Glas aguarda que, a más tardar a finales de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte DH) se pronuncie sobre la solicitud de ampliación de las medidas provisionales otorgadas en octubre, con el fin de que se ordene su hospitalización inmediata y el arresto domiciliario.
Así lo indicó la abogada Sonia Vera, quien explicó que el pedido se presentó luego de que el Gobierno trasladara a Glas, el pasado 10 de noviembre, a la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena.
A partir de ese traslado, la defensa solicitó a la Corte que revise nuevamente las condiciones de detención del exvicepresidente, en el marco de las medidas destinadas a proteger su integridad física, mental y su derecho a la vida.
Como parte de ese proceso, un médico privado ingresó al centro penitenciario para evaluar a Glas. El informe concluyó que su estado de salud requería una hospitalización inmediata. Con base en ese documento, la defensa presentó un habeas corpus correctivo con el objetivo de lograr su traslado a un centro médico.
Sin embargo, el juez que conoció la causa negó el pedido el domingo, al considerar que no existían elementos suficientes para determinar una situación de gravedad que amerite la medida. Además, sostuvo que no se habían vulnerado los derechos del exvicepresidente.
Frente a esa decisión, Vera señaló que el recurso fue interpuesto con el propósito de agotar las instancias internas y fortalecer el expediente que se tramita ante el sistema interamericano. Indicó que el informe médico permitió dimensionar la gravedad del estado de salud de Glas y sustentar la solicitud de ampliación de las medidas provisionales.
Durante la audiencia del habeas corpus, Jorge Glas denunció supuestos tratos crueles y degradantes, así como una supuesta tortura psicológica sistemática. También señaló que no recibe atención médica adecuada para las 18 enfermedades que padece y que algunos de sus medicamentos se han agotado.
En contraste, el Ministerio de Salud informó que desde su ingreso al centro penitenciario ha recibido al menos 40 atenciones médicas y que cuenta con el tratamiento necesario. Esa versión fue acogida por el juez, quien concluyó que no existía una situación que justificara su traslado a un hospital.
La defensa, sin embargo, sostiene que el cuadro clínico del exvicepresidente es crítico y que la respuesta del Estado demuestra, a su criterio, una actuación coordinada de las instituciones que vulnera de forma reiterada sus derechos humanos.
En su primera resolución, la Corte IDH no ordenó la hospitalización ni el arresto domiciliario de Glas, pero, según la defensa, sí estableció parámetros que el Estado debía cumplir para garantizar condiciones adecuadas de detención. Vera indicó que ese pronunciamiento no cerró la posibilidad de nuevas medidas, sino que dejó abierta la evaluación del cumplimiento estatal.
Además del trámite ante la Corte IDH, la defensa anunció que presentará una apelación al habeas corpus negado y una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Paralelamente, se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto a la detención de Glas tras el operativo policial ejecutado en abril de 2024 en la Embajada de México en Quito, cuando fue detenido luego de recibir asilo diplomático.
También está pendiente un pronunciamiento de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, así como el análisis que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las sentencias dictadas en los casos Odebrecht y Sobornos.
Jorge Glas fue una de las figuras centrales del gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Actualmente, cumple tres condenas, la más reciente de 13 años de prisión, impuesta en junio de 2024 por el delito de peculado, relacionado con el manejo de fondos durante la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
Su defensa sostiene que esos procesos presentan irregularidades y busca que los organismos internacionales determinen la existencia de vulneraciones al debido proceso y al derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
Con información de EFE
Información extra: Jorge Glas
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Informe médico y negativa judicial de Jorge Glas
Así lo indicó la abogada Sonia Vera, quien explicó que el pedido se presentó luego de que el Gobierno trasladara a Glas, el pasado 10 de noviembre, a la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena.
A partir de ese traslado, la defensa solicitó a la Corte que revise nuevamente las condiciones de detención del exvicepresidente, en el marco de las medidas destinadas a proteger su integridad física, mental y su derecho a la vida.
Como parte de ese proceso, un médico privado ingresó al centro penitenciario para evaluar a Glas. El informe concluyó que su estado de salud requería una hospitalización inmediata. Con base en ese documento, la defensa presentó un habeas corpus correctivo con el objetivo de lograr su traslado a un centro médico.
Sin embargo, el juez que conoció la causa negó el pedido el domingo, al considerar que no existían elementos suficientes para determinar una situación de gravedad que amerite la medida. Además, sostuvo que no se habían vulnerado los derechos del exvicepresidente.
Frente a esa decisión, Vera señaló que el recurso fue interpuesto con el propósito de agotar las instancias internas y fortalecer el expediente que se tramita ante el sistema interamericano. Indicó que el informe médico permitió dimensionar la gravedad del estado de salud de Glas y sustentar la solicitud de ampliación de las medidas provisionales.
Denuncias por condiciones de detención
Durante la audiencia del habeas corpus, Jorge Glas denunció supuestos tratos crueles y degradantes, así como una supuesta tortura psicológica sistemática. También señaló que no recibe atención médica adecuada para las 18 enfermedades que padece y que algunos de sus medicamentos se han agotado.
En contraste, el Ministerio de Salud informó que desde su ingreso al centro penitenciario ha recibido al menos 40 atenciones médicas y que cuenta con el tratamiento necesario. Esa versión fue acogida por el juez, quien concluyó que no existía una situación que justificara su traslado a un hospital.
La defensa, sin embargo, sostiene que el cuadro clínico del exvicepresidente es crítico y que la respuesta del Estado demuestra, a su criterio, una actuación coordinada de las instituciones que vulnera de forma reiterada sus derechos humanos.
Trámite internacional en curso
En su primera resolución, la Corte IDH no ordenó la hospitalización ni el arresto domiciliario de Glas, pero, según la defensa, sí estableció parámetros que el Estado debía cumplir para garantizar condiciones adecuadas de detención. Vera indicó que ese pronunciamiento no cerró la posibilidad de nuevas medidas, sino que dejó abierta la evaluación del cumplimiento estatal.
REPORTE DENUNCIA IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y DETERIORO FÍSICO. El Dr. Alejandro Barreto presentó hallazgos médicos que cuestionan los protocolos de custodia y salud aplicados al exvicepresidente:
Indicadores de deterioro psiquiátrico: El doctor Barreto,… pic.twitter.com/KEqbd6ZbtU
— Jorge Glas (@JorgeGlas) December 29, 2025
Además del trámite ante la Corte IDH, la defensa anunció que presentará una apelación al habeas corpus negado y una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Paralelamente, se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto a la detención de Glas tras el operativo policial ejecutado en abril de 2024 en la Embajada de México en Quito, cuando fue detenido luego de recibir asilo diplomático.
También está pendiente un pronunciamiento de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, así como el análisis que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las sentencias dictadas en los casos Odebrecht y Sobornos.
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Condenas vigentes
Jorge Glas fue una de las figuras centrales del gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Actualmente, cumple tres condenas, la más reciente de 13 años de prisión, impuesta en junio de 2024 por el delito de peculado, relacionado con el manejo de fondos durante la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
Su defensa sostiene que esos procesos presentan irregularidades y busca que los organismos internacionales determinen la existencia de vulneraciones al debido proceso y al derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
Con información de EFE
Información extra: Jorge Glas
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