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Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, expuso ante el tribunal una serie de argumentos para oponerse a la imposición de prisión preventiva, centrados tanto en la condición médica del imputado como en la falta de pruebas de extorsión y enriquecimiento ilícito en el caso Senasa.
El jurista explicó que Hazim padece esclerosis múltiple desde hace varios años, una enfermedad degenerativa que, sumada a antecedentes cardiovasculares, representa un riesgo grave para su vida.
Señaló que durante su intervención ante el juez, el imputado rompió en llanto al advertir que podría morir de manera súbita o quedar parapléjico si es recluido en un centro penitenciario.
“Puede morir de manera súbita o quedar parapléjico en la cárcel... Por eso lloró, porque él no quería que eso se tratara. Incluso, estuvo interno dos veces”, afirmó Valerio durante un receso concedido por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La defensa depositó un informe de un neurólogo que confirma el diagnóstico de esclerosis múltiple y detalla la necesidad de tratamiento especializado y seguimiento médico permanente en el extranjero. Valerio indicó que, debido a la complejidad del cuadro clínico, Hazim ha viajado a Estados Unidos para evaluaciones más profundas.
Precisó que en el Mount Sinai Medical Center, en Nueva York, el servicio de neurología ratificó el diagnóstico y dispuso el inicio de tratamiento con ocrelizumab (Ocrevus), medicamento de alto nivel que requiere controles constantes.
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En cuanto a los señalamientos penales, Valerio negó que su cliente haya extorsionado a los contratistas de la ARS, al destacar que estos continuaron prestando los servicios. “Los propios contratistas han reconocido que nadie entregó dinero al señor Hazim”, sostuvo.
Añadió que tampoco existe evidencia de que funcionarios hayan recibido sobornos por parte del imputado, y afirmó que esas imputaciones carecen de sustento probatorio.
Sobre el patrimonio de Hazim, el abogado indicó que este presentó su declaración jurada de bienes en el año 2020, en la que figura un reloj Rolex. Agregó que una villa ubicada en Casa de Campo fue adquirida en el año 2008, cuando —según dijo— Hazim “ni siquiera soñaba con ser funcionario público”.
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El jurista explicó que Hazim padece esclerosis múltiple desde hace varios años, una enfermedad degenerativa que, sumada a antecedentes cardiovasculares, representa un riesgo grave para su vida.
Señaló que durante su intervención ante el juez, el imputado rompió en llanto al advertir que podría morir de manera súbita o quedar parapléjico si es recluido en un centro penitenciario.
“Puede morir de manera súbita o quedar parapléjico en la cárcel... Por eso lloró, porque él no quería que eso se tratara. Incluso, estuvo interno dos veces”, afirmó Valerio durante un receso concedido por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La defensa depositó un informe de un neurólogo que confirma el diagnóstico de esclerosis múltiple y detalla la necesidad de tratamiento especializado y seguimiento médico permanente en el extranjero. Valerio indicó que, debido a la complejidad del cuadro clínico, Hazim ha viajado a Estados Unidos para evaluaciones más profundas.
Precisó que en el Mount Sinai Medical Center, en Nueva York, el servicio de neurología ratificó el diagnóstico y dispuso el inicio de tratamiento con ocrelizumab (Ocrevus), medicamento de alto nivel que requiere controles constantes.
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Niegan extorsión y sobornos
En cuanto a los señalamientos penales, Valerio negó que su cliente haya extorsionado a los contratistas de la ARS, al destacar que estos continuaron prestando los servicios. “Los propios contratistas han reconocido que nadie entregó dinero al señor Hazim”, sostuvo.
Añadió que tampoco existe evidencia de que funcionarios hayan recibido sobornos por parte del imputado, y afirmó que esas imputaciones carecen de sustento probatorio.
Sobre el patrimonio de Hazim, el abogado indicó que este presentó su declaración jurada de bienes en el año 2020, en la que figura un reloj Rolex. Agregó que una villa ubicada en Casa de Campo fue adquirida en el año 2008, cuando —según dijo— Hazim “ni siquiera soñaba con ser funcionario público”.
- Asimismo, explicó que un apartamento atribuido al imputado fue adquirido mediante un préstamo bancario debidamente documentado, y solicitó al Ministerio Público y al tribunal una “investigación seria y objetiva” del caso.
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