J
Juan Manuel Díaz
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La Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo de garantías constitucionales presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que buscaba revertir la decisión de un juez de garantías de no admitir varias pruebas en el caso seguido a 24 personas imputadas por delincuencia organizada y corrupción de servidores públicos, dentro de la operación Damasco.
La decisión impide a la fiscalía incorporar evidencias que consideraba clave para sustentar la presunta vinculación de los imputados con una red criminal dirigida por Carlos Roberto Aguilar (alias Robert), por cuya captura se ofrece una recompensa de 100 mil dólares.
El amparo se presentó contra la decisión del 12 de agosto de 2024, cuando el juez de garantías rechazó nuevas pruebas al considerarlas extemporáneas. La defensa sostuvo que su incorporación violaba el debido proceso, argumento que fue acogido.
Fuentes del caso indicaron que las pruebas excluidas podrían tener un impacto significativo en el proceso judicial, en el que varios integrantes de la organización aún permanecen prófugos.
El fallo, con ponencia de la magistrada Miriam Chen Rosas y fecha 22 de septiembre, fue publicado el 13 de noviembre mediante el edicto No. 1436. Ocho magistrados respaldaron la decisión; la magistrada Maribel Cornejo se abstuvo.
Los allanamientos de la operación Damasco —dirigida a desmantelar la pandilla Humildad y Pureza (HP)— comenzaron el 18 de noviembre de 2021, aunque para entonces Aguilar ya había escapado. La fiscalía logró detener a la mayoría de sus colaboradores.
Aguilar es esposo de Teresina Vigil, hermana del exdiputado panameñista Elías Vigil. La semana pasada la Policía Nacional elevó de 70 mil a 100 mil dólares la recompensa por información que permita ubicarlo.
Según informes de inteligencia, Carlos Roberto Aguilar podría haber salido del país, aunque las autoridades no han logrado confirmar esa información.
En esta operación también fue detenida Nicel Solano, exfuncionaria del Órgano Judicial, quien, según la fiscalía, suministraba información a la red criminal sobre audiencias, jueces asignados y actuaciones judiciales contra sus miembros. La supuesta vinculación quedó expuesta en múltiples conversaciones que mantuvo con Irving Baloy Segura, presunto integrante de la organización, quien se entregó a las autoridades junto con otros miembros en noviembre de 2021.
La fiscalía sostiene que, aun cuando la pandilla ya estaba bajo investigación, Solano continuó filtrando información utilizando datos que obtenía en su cargo de coordinadora de la Segunda Oficina del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, puesto que ocupó hasta junio de 2021.
Los nexos se mantuvieron y, en noviembre de 2021, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada comenzó a sospechar de una fuga de información dentro de la operación Damasco, que daba seguimiento a la pandilla Humildad y Pureza (HP) y a su presunta relación con el Clan del Golfo.
A partir de esas sospechas, Solano fue sometida a vigilancia. Su vehículo fue visto ingresando a instalaciones del Órgano Judicial en San Miguelito y Plaza Ágora, al Tribunal Electoral y a un restaurante en Albrook Mall donde figura como dignataria, según el expediente.
La fiscalía afirma que la organización liderada por Aguilar mantenía vínculos estrechos con el Clan del Golfo, al que presuntamente prestaba servicios de custodia y traslado de cargamentos de droga.
El caso deberá ir a juicio el próximo año, y tanto la fiscalía como las defensas se preparan para presentar sus argumentos ante los jueces.
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La decisión impide a la fiscalía incorporar evidencias que consideraba clave para sustentar la presunta vinculación de los imputados con una red criminal dirigida por Carlos Roberto Aguilar (alias Robert), por cuya captura se ofrece una recompensa de 100 mil dólares.
El amparo se presentó contra la decisión del 12 de agosto de 2024, cuando el juez de garantías rechazó nuevas pruebas al considerarlas extemporáneas. La defensa sostuvo que su incorporación violaba el debido proceso, argumento que fue acogido.
Fuentes del caso indicaron que las pruebas excluidas podrían tener un impacto significativo en el proceso judicial, en el que varios integrantes de la organización aún permanecen prófugos.
El fallo, con ponencia de la magistrada Miriam Chen Rosas y fecha 22 de septiembre, fue publicado el 13 de noviembre mediante el edicto No. 1436. Ocho magistrados respaldaron la decisión; la magistrada Maribel Cornejo se abstuvo.
Los allanamientos de la operación Damasco —dirigida a desmantelar la pandilla Humildad y Pureza (HP)— comenzaron el 18 de noviembre de 2021, aunque para entonces Aguilar ya había escapado. La fiscalía logró detener a la mayoría de sus colaboradores.
Aguilar es esposo de Teresina Vigil, hermana del exdiputado panameñista Elías Vigil. La semana pasada la Policía Nacional elevó de 70 mil a 100 mil dólares la recompensa por información que permita ubicarlo.
Según informes de inteligencia, Carlos Roberto Aguilar podría haber salido del país, aunque las autoridades no han logrado confirmar esa información.
En esta operación también fue detenida Nicel Solano, exfuncionaria del Órgano Judicial, quien, según la fiscalía, suministraba información a la red criminal sobre audiencias, jueces asignados y actuaciones judiciales contra sus miembros. La supuesta vinculación quedó expuesta en múltiples conversaciones que mantuvo con Irving Baloy Segura, presunto integrante de la organización, quien se entregó a las autoridades junto con otros miembros en noviembre de 2021.
La fiscalía sostiene que, aun cuando la pandilla ya estaba bajo investigación, Solano continuó filtrando información utilizando datos que obtenía en su cargo de coordinadora de la Segunda Oficina del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, puesto que ocupó hasta junio de 2021.
Los nexos se mantuvieron y, en noviembre de 2021, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada comenzó a sospechar de una fuga de información dentro de la operación Damasco, que daba seguimiento a la pandilla Humildad y Pureza (HP) y a su presunta relación con el Clan del Golfo.
A partir de esas sospechas, Solano fue sometida a vigilancia. Su vehículo fue visto ingresando a instalaciones del Órgano Judicial en San Miguelito y Plaza Ágora, al Tribunal Electoral y a un restaurante en Albrook Mall donde figura como dignataria, según el expediente.
La fiscalía afirma que la organización liderada por Aguilar mantenía vínculos estrechos con el Clan del Golfo, al que presuntamente prestaba servicios de custodia y traslado de cargamentos de droga.
El caso deberá ir a juicio el próximo año, y tanto la fiscalía como las defensas se preparan para presentar sus argumentos ante los jueces.
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