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Lucía Vásconez
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El presidente Daniel Noboa envió este 9 de marzo de 2026 a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley urgente en materia económica. Se trata de una iniciativa para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional en Ecuador.
La iniciativa propone reformar la Ley de Régimen Tributario Interno mediante la creación de un incentivo tributario dirigido al sector privado. El objetivo es promover la donación de viviendas de interés social al Estado y ampliar la oferta de soluciones habitacionales para familias de bajos ingresos.
Según la exposición de motivos del proyecto, el déficit habitacional en el país supera las 700 000 viviendas. Esto refleja una brecha significativa entre la oferta formal de vivienda y la demanda de los hogares.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que el déficit habitacional cuantitativo alcanzó 727 689 viviendas en 2022. Esta brecha evidencia la falta de nuevas construcciones para cubrir la demanda y las condiciones precarias de muchas viviendas existentes.
El documento enviado por el Ejecutivo señala que este problema responde a factores estructurales como el bajo presupuesto público destinado a vivienda. Así como, las limitadas opciones de financiamiento para hogares de bajos ingresos y la reducida inversión privada en proyectos de vivienda social.
A esto se suma el impacto de eventos climáticos adversos. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026 se registraron 2 687 eventos naturales o antrópicos que provocaron daños en 65 945 viviendas. Además, de la destrucción de 1 553 casas, afectando a más de 232 000 personas en el país.
La reforma plantea crear un incentivo dentro del régimen del impuesto a la renta (IR) para personas naturales o jurídicas que donen viviendas de interés social al ente rector de hábitat y vivienda.
El beneficio consistirá en una rebaja equivalente al 100% del valor donado. Tiene un límite máximo del 30 % del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente y sin derecho a devolución.
Para calcular el valor de la donación se considerará únicamente el avalúo catastral de la vivienda construida, sin incluir el valor del terreno cuando este sea propiedad del beneficiario.
El Ejecutivo sostiene que la reforma busca movilizar inversión privada en un contexto de restricciones fiscales que limitan la expansión del gasto público en programas de vivienda.
Además, el Gobierno considera que el sector de la construcción tiene un fuerte efecto multiplicador en la economía, al movilizar actividades vinculadas a materiales, transporte, servicios profesionales y comercio.
La propuesta establece que el incentivo tributario tendrá carácter temporal y se aplicará para los ejercicios fiscales entre 2026 y 2029. Tendrá evaluaciones periódicas sobre su impacto fiscal y económico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución, el Legislativo deberá aprobar, modificar o negar el proyecto dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción.
Para ello, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras su calificación, remitirá a una comisión especializada para su trámite, la cual presentará los informes correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Información externa: Asamblea Nacional
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La iniciativa propone reformar la Ley de Régimen Tributario Interno mediante la creación de un incentivo tributario dirigido al sector privado. El objetivo es promover la donación de viviendas de interés social al Estado y ampliar la oferta de soluciones habitacionales para familias de bajos ingresos.
Según la exposición de motivos del proyecto, el déficit habitacional en el país supera las 700 000 viviendas. Esto refleja una brecha significativa entre la oferta formal de vivienda y la demanda de los hogares.
Déficit habitacional persistente
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que el déficit habitacional cuantitativo alcanzó 727 689 viviendas en 2022. Esta brecha evidencia la falta de nuevas construcciones para cubrir la demanda y las condiciones precarias de muchas viviendas existentes.
El documento enviado por el Ejecutivo señala que este problema responde a factores estructurales como el bajo presupuesto público destinado a vivienda. Así como, las limitadas opciones de financiamiento para hogares de bajos ingresos y la reducida inversión privada en proyectos de vivienda social.
A esto se suma el impacto de eventos climáticos adversos. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026 se registraron 2 687 eventos naturales o antrópicos que provocaron daños en 65 945 viviendas. Además, de la destrucción de 1 553 casas, afectando a más de 232 000 personas en el país.
Rebaja al impuesto a la renta
La reforma plantea crear un incentivo dentro del régimen del impuesto a la renta (IR) para personas naturales o jurídicas que donen viviendas de interés social al ente rector de hábitat y vivienda.
El beneficio consistirá en una rebaja equivalente al 100% del valor donado. Tiene un límite máximo del 30 % del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente y sin derecho a devolución.
Para calcular el valor de la donación se considerará únicamente el avalúo catastral de la vivienda construida, sin incluir el valor del terreno cuando este sea propiedad del beneficiario.
Impulso a la inversión y al empleo
El Ejecutivo sostiene que la reforma busca movilizar inversión privada en un contexto de restricciones fiscales que limitan la expansión del gasto público en programas de vivienda.
Además, el Gobierno considera que el sector de la construcción tiene un fuerte efecto multiplicador en la economía, al movilizar actividades vinculadas a materiales, transporte, servicios profesionales y comercio.
La propuesta establece que el incentivo tributario tendrá carácter temporal y se aplicará para los ejercicios fiscales entre 2026 y 2029. Tendrá evaluaciones periódicas sobre su impacto fiscal y económico.
Proceso en la Asamblea Nacional
De conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución, el Legislativo deberá aprobar, modificar o negar el proyecto dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción.
Para ello, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras su calificación, remitirá a una comisión especializada para su trámite, la cual presentará los informes correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Información externa: Asamblea Nacional
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