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Jorge R. Imbaquingo
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El presidente de la República Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 334 el 19 de marzo de 2026, con el que incorpora la requisición de bienes y servicios dentro del estado de excepción vigente. La decisión se produce en medio de la controversia por el retiro y posterior retorno de las Fuerzas Armadas a ExpoQuevedo, en la provincia de Los Ríos.
La polémica comenzó el 16 de marzo, cuando se difundieron imágenes de militares abandonando las instalaciones de ExpoQuevedo, donde operaban como base del Grupo de Fuerzas Especiales No. 26 Cenepa. Autoridades locales señalaron que el espacio sería utilizado para un proyecto de infraestructura, lo que obligó a la salida de los uniformados.
Días después, el presidente Noboa ordenó su regreso inmediato. “He dispuesto el retorno con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos”, afirmó. La decisión se amparó en el artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública, que permite la requisición de bienes durante estados de excepción.
El Decreto 334 formaliza esa lógica. La norma reforma disposiciones anteriores y habilita al Estado a requisar bienes y servicios lícitos cuando sea necesario para garantizar la seguridad interna y el orden público.
La medida no modifica el alcance territorial ni la duración del estado de excepción, pero sí introduce un instrumento clave: la capacidad de asegurar recursos logísticos de forma inmediata, incluso por encima de decisiones administrativas o acuerdos locales.
El Ejecutivo argumenta que los mecanismos ordinarios, como la contratación pública, resultan insuficientes en escenarios de urgencia. Por ello, la requisición se plantea como una medida de última instancia para evitar fallas logísticas en operaciones de seguridad.
Esto incluye el uso temporal de espacios, vehículos, combustible o infraestructura estratégica. En el caso de ExpoQuevedo, el recinto ferial pasó de ser un punto en disputa a un ejemplo concreto de cómo el Estado puede imponer su uso en contextos de crisis.
El decreto establece que las requisiciones serán temporales, deberán estar justificadas y serán compensadas económicamente. Además, no podrán afectar el núcleo esencial de los derechos constitucionales ni extenderse más allá del tiempo necesario.
La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras instituciones.
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El detonante: ExpoQuevedo
La polémica comenzó el 16 de marzo, cuando se difundieron imágenes de militares abandonando las instalaciones de ExpoQuevedo, donde operaban como base del Grupo de Fuerzas Especiales No. 26 Cenepa. Autoridades locales señalaron que el espacio sería utilizado para un proyecto de infraestructura, lo que obligó a la salida de los uniformados.
Días después, el presidente Noboa ordenó su regreso inmediato. “He dispuesto el retorno con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos”, afirmó. La decisión se amparó en el artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública, que permite la requisición de bienes durante estados de excepción.
El decreto que convierte el caso en norma
El Decreto 334 formaliza esa lógica. La norma reforma disposiciones anteriores y habilita al Estado a requisar bienes y servicios lícitos cuando sea necesario para garantizar la seguridad interna y el orden público.
La medida no modifica el alcance territorial ni la duración del estado de excepción, pero sí introduce un instrumento clave: la capacidad de asegurar recursos logísticos de forma inmediata, incluso por encima de decisiones administrativas o acuerdos locales.
Más control operativo en territorio
El Ejecutivo argumenta que los mecanismos ordinarios, como la contratación pública, resultan insuficientes en escenarios de urgencia. Por ello, la requisición se plantea como una medida de última instancia para evitar fallas logísticas en operaciones de seguridad.
Esto incluye el uso temporal de espacios, vehículos, combustible o infraestructura estratégica. En el caso de ExpoQuevedo, el recinto ferial pasó de ser un punto en disputa a un ejemplo concreto de cómo el Estado puede imponer su uso en contextos de crisis.
Límites y controles
El decreto establece que las requisiciones serán temporales, deberán estar justificadas y serán compensadas económicamente. Además, no podrán afectar el núcleo esencial de los derechos constitucionales ni extenderse más allá del tiempo necesario.
La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras instituciones.
- Informe extra: estado de excepción
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