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Orlando Silva
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Daniel Noboa informó este martes 16 de diciembre de 2025 que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda contra la empresa estadounidense Progen en Estados Unidos. El mandatario señaló que la acción ya fue presentada y afirmó que su decisión busca una reparación integral para el país, en medio de un caso que ha generado preocupación pública por los contratos de generación térmica firmados durante la crisis energética de 2024.
Noboa comunicó que el Estado acudirá a todas las instancias necesarias hasta lograr una reparación integral, en referencia al conflicto contractual con Progen.
La disposición presidencial se produce mientras continúan procesos arbitrales vinculados a los proyectos térmicos de Salitral, en Guayas, y Quevedo, en Los Ríos, contratados para enfrentar los apagones que afectaron al país en 2024.
La demanda en Estados Unidos se suma a las acciones legales que el Gobierno impulsa tras la terminación unilateral de los contratos por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
Progen Industries LLC, empresa estadounidense, fue contratada en agosto de 2024 por un monto de 149,1 millones de dólares para la provisión de motores capaces de generar 150 megavatios entre ambos proyectos. Los contratos fueron adjudicados de forma directa, amparados en la declaratoria de emergencia del sector eléctrico.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas sancionó a Progen por incumplimientos en los plazos de entrega y aplicó multas. Seis meses después, entre finales de mayo y junio de 2025, Celec notificó la terminación unilateral de los contratos y Progen inició un proceso de arbitraje de emergencia contra la empresa pública.
El 2 de julio de 2025, el árbitro de emergencia rechazó las medidas cautelares solicitadas por Progen en el contrato de Quevedo, al concluir que no se acreditaron los requisitos legales y que el plazo contractual había sido ampliamente superado. Con ello, Celec quedó habilitada para continuar con la terminación del contrato y avanzar en la ejecución del proyecto. El arbitraje relacionado con el proyecto de Salitral, en cambio, continúa en análisis.
La Contraloría General del Estado intervino en los contratos a pedido del Ministerio de Energía y Minas y aprobó, el 21 de julio de 2025, un informe de auditoría que determinó un presunto perjuicio de 100 millones de dólares para el Estado, atribuido a pagos efectuados a Progen.
De ese monto, 70 millones corresponden a Salitral y 30 millones a Quevedo. El contralor general indicó que los hallazgos podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.
La auditoría también señaló dudas sobre el origen y la condición de los equipos, al advertir que no se pudo verificar si eran nuevos ni si fueron adquiridos directamente al fabricante, debido a que permanecían cubiertos para no afectar la garantía.
Progen rechazó estas conclusiones y sostuvo que cumplió con la entrega de los equipos estipulados, que Celec conocía sus características y que los generadores fueron inspeccionados antes de su envío.
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La decisión de Daniel Noboa y el alcance de la demanda a Progen
Noboa comunicó que el Estado acudirá a todas las instancias necesarias hasta lograr una reparación integral, en referencia al conflicto contractual con Progen.
La disposición presidencial se produce mientras continúan procesos arbitrales vinculados a los proyectos térmicos de Salitral, en Guayas, y Quevedo, en Los Ríos, contratados para enfrentar los apagones que afectaron al país en 2024.
La demanda en Estados Unidos se suma a las acciones legales que el Gobierno impulsa tras la terminación unilateral de los contratos por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
El origen del conflicto con Progen y el arbitraje
Progen Industries LLC, empresa estadounidense, fue contratada en agosto de 2024 por un monto de 149,1 millones de dólares para la provisión de motores capaces de generar 150 megavatios entre ambos proyectos. Los contratos fueron adjudicados de forma directa, amparados en la declaratoria de emergencia del sector eléctrico.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas sancionó a Progen por incumplimientos en los plazos de entrega y aplicó multas. Seis meses después, entre finales de mayo y junio de 2025, Celec notificó la terminación unilateral de los contratos y Progen inició un proceso de arbitraje de emergencia contra la empresa pública.
El 2 de julio de 2025, el árbitro de emergencia rechazó las medidas cautelares solicitadas por Progen en el contrato de Quevedo, al concluir que no se acreditaron los requisitos legales y que el plazo contractual había sido ampliamente superado. Con ello, Celec quedó habilitada para continuar con la terminación del contrato y avanzar en la ejecución del proyecto. El arbitraje relacionado con el proyecto de Salitral, en cambio, continúa en análisis.
Contraloría, fiscalización política y cuestionamientos técnicos
La Contraloría General del Estado intervino en los contratos a pedido del Ministerio de Energía y Minas y aprobó, el 21 de julio de 2025, un informe de auditoría que determinó un presunto perjuicio de 100 millones de dólares para el Estado, atribuido a pagos efectuados a Progen.
De ese monto, 70 millones corresponden a Salitral y 30 millones a Quevedo. El contralor general indicó que los hallazgos podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.
La auditoría también señaló dudas sobre el origen y la condición de los equipos, al advertir que no se pudo verificar si eran nuevos ni si fueron adquiridos directamente al fabricante, debido a que permanecían cubiertos para no afectar la garantía.
Progen rechazó estas conclusiones y sostuvo que cumplió con la entrega de los equipos estipulados, que Celec conocía sus características y que los generadores fueron inspeccionados antes de su envío.
- Información extra: Daniel Noboa
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