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Giovanna Alvear
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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, así lo confirmó el presidente Daniel Noboa la mañana de este lunes 9 de marzo. La defensa sostiene que el movimiento ocurrió sin notificación formal. Esta prisión de máxima seguridad fue construida durante el Gobierno de Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario implementado en El Salvador por Nayib Bukele.
Alvarez enfrenta un juicio por presunto contrabando de combustible y otra investigación por supuesto lavado de dinero y defraudación tributaria. Varios medios nacionales reportaron el traslado y citaron fuentes del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo no ha confirmado públicamente que el alcalde se encuentre en ese centro penitenciario inaugurado hace pocos meses.
El Alcalde permanecía en prisión preventiva desde el 12 de febrero en la cárcel de Latacunga. Las autoridades lo investigan dentro del caso denominado Goleada, que analiza un presunto esquema de lavado de dinero y defraudación tributaria relacionado con la venta de combustibles, actividad vinculada al negocio familiar de Alvarez.
El traslado ocurrió, aparentemente, pocas horas después de que un tribunal dictara una segunda orden de prisión preventiva. Los jueces tomaron la decisión tras determinar que Alvarez manipuló y se retiró el grillete electrónico que debía portar dentro del caso Triple A. En ese proceso lo investigan por el presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
El abogado del alcalde, Ramiro García, reaccionó en redes sociales. Señaló que la defensa no recibió notificación oficial sobre el traslado. “No se nos ha notificado nada formalmente a sus abogados y toda la información que tenemos se basa en publicaciones de medios y redes sociales. Es una forma de secuestro, disfrazado de operativo de seguridad”, escribió.
Después del traslado, el tribunal instaló el juicio del caso ‘Triple A’. Este proceso investiga supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado. La investigación involucra a varias empresas, entre ellas estaciones de servicio vinculadas a Alvarez y a su familia.
Según la Fiscalía, estas operaciones habrían causado un perjuicio económico de 61,5 millones de dólares. El organismo sostiene que los combustibles subsidiados se habrían comercializado en zonas fronterizas a precios alineados con el mercado internacional, sin aplicar las subvenciones estatales.
Los hechos investigados habrían ocurrido desde 2020, antes de que Alvarez fuera elegido alcalde de Guayaquil en 2023. El político llegó al cargo con el respaldo de Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. Desde el viernes, esa organización política se encuentra suspendida mientras la Fiscalía desarrolla una investigación por presunto lavado de dinero.
La Revolución Ciudadana reaccionó mediante un comunicado. El movimiento afirmó que Alvarez “está secuestrado por el Gobierno de Noboa”. También calificó el traslado a la Cárcel del Encuentro como “una decisión ilegal, desproporcionada e inhumana”, que, según el partido, evidencia el uso del sistema judicial para afectar a la oposición política.
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Alvarez enfrenta un juicio por presunto contrabando de combustible y otra investigación por supuesto lavado de dinero y defraudación tributaria. Varios medios nacionales reportaron el traslado y citaron fuentes del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo no ha confirmado públicamente que el alcalde se encuentre en ese centro penitenciario inaugurado hace pocos meses.
Traslado del alcalde y situación judicial
El Alcalde permanecía en prisión preventiva desde el 12 de febrero en la cárcel de Latacunga. Las autoridades lo investigan dentro del caso denominado Goleada, que analiza un presunto esquema de lavado de dinero y defraudación tributaria relacionado con la venta de combustibles, actividad vinculada al negocio familiar de Alvarez.
El traslado ocurrió, aparentemente, pocas horas después de que un tribunal dictara una segunda orden de prisión preventiva. Los jueces tomaron la decisión tras determinar que Alvarez manipuló y se retiró el grillete electrónico que debía portar dentro del caso Triple A. En ese proceso lo investigan por el presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
El abogado del alcalde, Ramiro García, reaccionó en redes sociales. Señaló que la defensa no recibió notificación oficial sobre el traslado. “No se nos ha notificado nada formalmente a sus abogados y toda la información que tenemos se basa en publicaciones de medios y redes sociales. Es una forma de secuestro, disfrazado de operativo de seguridad”, escribió.
El caso Triple A y las reacciones políticas
Después del traslado, el tribunal instaló el juicio del caso ‘Triple A’. Este proceso investiga supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado. La investigación involucra a varias empresas, entre ellas estaciones de servicio vinculadas a Alvarez y a su familia.
Según la Fiscalía, estas operaciones habrían causado un perjuicio económico de 61,5 millones de dólares. El organismo sostiene que los combustibles subsidiados se habrían comercializado en zonas fronterizas a precios alineados con el mercado internacional, sin aplicar las subvenciones estatales.
Los hechos investigados habrían ocurrido desde 2020, antes de que Alvarez fuera elegido alcalde de Guayaquil en 2023. El político llegó al cargo con el respaldo de Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. Desde el viernes, esa organización política se encuentra suspendida mientras la Fiscalía desarrolla una investigación por presunto lavado de dinero.
La Revolución Ciudadana reaccionó mediante un comunicado. El movimiento afirmó que Alvarez “está secuestrado por el Gobierno de Noboa”. También calificó el traslado a la Cárcel del Encuentro como “una decisión ilegal, desproporcionada e inhumana”, que, según el partido, evidencia el uso del sistema judicial para afectar a la oposición política.
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