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Javier Córdoba
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Existe una universidad pública que, en la práctica, está quebrada. Desde hace más de un lustro destina más del 100% de su presupuesto a salarios, lo que ha vuelto la situación insostenible: para sí misma y para las demás universidades que deben aportar recursos para cubrir su déficit.
Si algo similar ocurriera en su familia, ¿cómo lo resolvería?
El problema es complejo. Primero, porque esta universidad se niega a reconocer su condición y ha hecho muy poco para ordenar sus finanzas internas. Lejos de mejorar, la situación parece empeorar. Por otro lado, sus hermanas en el CONARE, aunque conscientes del problema, han evitado tener esa conversación incómoda para no generar conflictos.
El “papá” Gobierno guarda silencio, pero tampoco puede intervenir, pues la Constitución Política garantiza la independencia de las universidades estatales para organizarse y funcionar autónomamente. Es decir, el cambio debe surgir de la propia universidad, tras un proceso de profunda reflexión y autocrítica. Mientras tanto, la “tía” Contraloría General de la República tampoco se ha sentado a hablar con su sobrina.
Otro obstáculo estructural en la institucionalidad pública del país es que la normativa que crea una institución nunca prevé mecanismos para su cierre, fusión o transformación. Esto genera vacíos legales que impiden tomar medidas de esa naturaleza.
Ahora bien, ¿qué haría usted si este familiar demanda cada vez más recursos, al punto de poner en riesgo a toda la familia, mientras usted ya no puede aportar más porque debe atender sus propias necesidades? ¿Qué haría cuando insiste en que solo mejorará si le dan más plata?
Aunque situaciones similares ocurren en algunas familias, esta es la primera vez que representa una amenaza seria para el sistema de educación superior pública del país. La prioridad debe ser preservar un sistema universitario sano y sostenible. Por Costa Rica, la familia debe tomar medidas drásticas.
Cada universidad tiene derecho a mejorar sus condiciones, pero no es aceptable que lo haga a costa de sus universidades hermanas, y menos aun poniendo en riesgo a toda la familia. Por ello, se propone la adopción de los siguientes tres principios básicos:
- En cumplimiento del mandato constitucional, las rentas asignadas anualmente por el Estado a las universidades no podrán ser inferiores a las del ejercicio anterior. Asimismo, estos presupuestos deben ajustarse para compensar la inflación, garantizando que los recursos de cada universidad no pierdan su valor real ni su poder adquisitivo. Para complementar su presupuesto, cada universidad deberá implementar las estrategias que considere convenientes con el fin de generar ingresos adicionales que permitan cumplir con su misión institucional.
- Para asegurar la sostenibilidad financiera, cada universidad establecerá un límite máximo al rubro de salarios y costos asociados dentro del presupuesto, el cual no podrá superar el 80%.
- Cualquier propuesta para redistribuir el Fondo Especial para la Educación Superior deberá realizarse hasta tanto todas las universidades de CONARE cumplan con los puntos 1 y 2 anteriores. Además, la redistribución deberá basarse en métricas e indicadores que reflejen tanto las necesidades como los aportes de cada universidad a la sociedad. Entre los indicadores a considerar se incluyen: la amplitud y diversidad de la oferta académica; la matrícula y cantidad de estudiantes graduados; el perfil del personal académico; los productos derivados de la investigación y acción social.
En conclusión, la crisis financiera de esta universidad no es solo un problema interno, sino una amenaza para la estabilidad del sistema de educación superior pública en Costa Rica. Ignorarla, o postergar su solución, sería irresponsable. La sostenibilidad del sistema exige decisiones valientes, diálogo honesto y compromiso con el interés nacional. Si la familia universitaria no actúa ahora, el costo lo pagará toda la sociedad.
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