M
Marcos Vaca
Guest
Las noticias sobre seguridad no solo informan hechos: reflejan y amplifican preocupaciones que ya existen en la ciudadanía. En los últimos días, los reportes sobre robos en dos locales comerciales del centro norte de Quito —uno en el sector de La Carolina y otro en Cumbayá— han vuelto a colocar la inseguridad en el centro de la conversación ciudadana. En el primer caso, el asesinato de un guardia de seguridad elevó el impacto emocional de la noticia y profundizó una sensación que ya venía creciendo: la de vulnerabilidad cotidiana.
¿Las decisiones que se anuncian después de un crimen responden a una estrategia sostenida o a la urgencia del momento? Tras estos robos, se volvieron a escuchar propuestas de controles, catastros y registros, como el anunciado para repartidores de comida o la insistencia en vigilar a los motociclistas.
El riesgo, como ya ha ocurrido antes, es que el debate derive en estigmatizaciones donde terminan pagando justos por pecadores.
La reacción inmediata suele buscar culpables visibles. Motociclistas, repartidores, jóvenes o trabajadores informales aparecen rápidamente en el foco de sospecha. Pero la experiencia demuestra que la inseguridad no se resuelve con etiquetas ni con controles selectivos que trasladan la presión a sectores específicos sin atacar las causas estructurales.
El control, cuando es necesario, debe ser técnico, permanente y respetuoso de derechos, no una respuesta improvisada tras un hecho consumado.
Algo similar ocurre con las empresas de seguridad privada. Tras el asesinato del guardia, surgieron voces que exigieron fiscalización urgente a estas compañías. La pregunta es inevitable: ¿por qué esos controles no son constantes? La supervisión de quienes prestan servicios de seguridad debería formar parte de una política regular, no activarse solo cuando la tragedia ya ocurrió. La prevención pierde sentido si llega siempre tarde.
Mientras tanto, crece la desconfianza ciudadana frente a las autoridades. Cada nuevo asalto, cada víctima, erosiona la percepción de control del Estado y amplifica el miedo. Ese temor no distingue barrios ni niveles socioeconómicos.
Aunque esta vez los hechos ocurrieron en zonas del norte y de Cumbayá, la inseguridad no reconoce fronteras internas. Puede aparecer en el sur, en las parroquias, en zonas comerciales o residenciales. El quiteño necesita sentirse seguro en cualquier punto de la ciudad, no solo en determinados sectores.
La inseguridad también impone límites prácticos. Las personas no pueden vivir escondidas ni los locales comerciales blindarse por completo. No todos los negocios cuentan con recursos para contratar guardias o empresas privadas.
Cuando la seguridad se vuelve un privilegio, la convivencia se resiente y la ciudad se fragmenta. La respuesta no puede ser el aislamiento ni la desconfianza absoluta hacia el otro, porque eso rompe los lazos básicos de la vida urbana.
En este contexto, vale recordar que existen principios de convivencia ciudadana y de buen vivir que no deberían quedar relegados. La seguridad no es solo una tarea policial; también es una construcción social que requiere organización comunitaria, información, corresponsabilidad y exigencia constante a las autoridades más cercanas. La ciudadanía tiene derecho a demandar políticas claras, sostenidas y evaluables, no solo anuncios posteriores a hechos violentos.
El desafío es evitar que la delincuencia gane espacio no solo en las calles, sino en la mente de las personas. Cuando el miedo se instala, condiciona rutinas, decisiones y relaciones. Recuperar la confianza implica más que patrullajes ocasionales: exige planificación, inteligencia, coordinación institucional y comunicación honesta con la ciudadanía.
Estas noticias recientes deberían servir para abrir una reflexión más amplia. No sobre a quién controlar hoy, sino sobre cómo construir una ciudad menos reactiva y más preparada. La seguridad no puede depender de la geografía ni del azar. Quito no puede resignarse a vivir en alerta permanente ni a normalizar la violencia como parte del paisaje urbano.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar la delincuencia sin sacrificar convivencia ni derechos? Responderla requiere algo más que medidas coyunturales. Requiere constancia, prevención y una decisión colectiva de no permitir que el miedo marque la forma de vivir la ciudad. Porque cuando la inseguridad rompe la confianza cotidiana, lo que está en juego no es solo la estadística del delito, sino la calidad misma de la vida urbana.
Sigue leyendo...
¿Las decisiones que se anuncian después de un crimen responden a una estrategia sostenida o a la urgencia del momento? Tras estos robos, se volvieron a escuchar propuestas de controles, catastros y registros, como el anunciado para repartidores de comida o la insistencia en vigilar a los motociclistas.
El riesgo, como ya ha ocurrido antes, es que el debate derive en estigmatizaciones donde terminan pagando justos por pecadores.
La reacción inmediata suele buscar culpables visibles. Motociclistas, repartidores, jóvenes o trabajadores informales aparecen rápidamente en el foco de sospecha. Pero la experiencia demuestra que la inseguridad no se resuelve con etiquetas ni con controles selectivos que trasladan la presión a sectores específicos sin atacar las causas estructurales.
El control, cuando es necesario, debe ser técnico, permanente y respetuoso de derechos, no una respuesta improvisada tras un hecho consumado.
Algo similar ocurre con las empresas de seguridad privada. Tras el asesinato del guardia, surgieron voces que exigieron fiscalización urgente a estas compañías. La pregunta es inevitable: ¿por qué esos controles no son constantes? La supervisión de quienes prestan servicios de seguridad debería formar parte de una política regular, no activarse solo cuando la tragedia ya ocurrió. La prevención pierde sentido si llega siempre tarde.
Mientras tanto, crece la desconfianza ciudadana frente a las autoridades. Cada nuevo asalto, cada víctima, erosiona la percepción de control del Estado y amplifica el miedo. Ese temor no distingue barrios ni niveles socioeconómicos.
Aunque esta vez los hechos ocurrieron en zonas del norte y de Cumbayá, la inseguridad no reconoce fronteras internas. Puede aparecer en el sur, en las parroquias, en zonas comerciales o residenciales. El quiteño necesita sentirse seguro en cualquier punto de la ciudad, no solo en determinados sectores.
La inseguridad también impone límites prácticos. Las personas no pueden vivir escondidas ni los locales comerciales blindarse por completo. No todos los negocios cuentan con recursos para contratar guardias o empresas privadas.
Cuando la seguridad se vuelve un privilegio, la convivencia se resiente y la ciudad se fragmenta. La respuesta no puede ser el aislamiento ni la desconfianza absoluta hacia el otro, porque eso rompe los lazos básicos de la vida urbana.
En este contexto, vale recordar que existen principios de convivencia ciudadana y de buen vivir que no deberían quedar relegados. La seguridad no es solo una tarea policial; también es una construcción social que requiere organización comunitaria, información, corresponsabilidad y exigencia constante a las autoridades más cercanas. La ciudadanía tiene derecho a demandar políticas claras, sostenidas y evaluables, no solo anuncios posteriores a hechos violentos.
El desafío es evitar que la delincuencia gane espacio no solo en las calles, sino en la mente de las personas. Cuando el miedo se instala, condiciona rutinas, decisiones y relaciones. Recuperar la confianza implica más que patrullajes ocasionales: exige planificación, inteligencia, coordinación institucional y comunicación honesta con la ciudadanía.
Estas noticias recientes deberían servir para abrir una reflexión más amplia. No sobre a quién controlar hoy, sino sobre cómo construir una ciudad menos reactiva y más preparada. La seguridad no puede depender de la geografía ni del azar. Quito no puede resignarse a vivir en alerta permanente ni a normalizar la violencia como parte del paisaje urbano.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar la delincuencia sin sacrificar convivencia ni derechos? Responderla requiere algo más que medidas coyunturales. Requiere constancia, prevención y una decisión colectiva de no permitir que el miedo marque la forma de vivir la ciudad. Porque cuando la inseguridad rompe la confianza cotidiana, lo que está en juego no es solo la estadística del delito, sino la calidad misma de la vida urbana.
Sigue leyendo...