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Vinicio Chacón Soto
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El hecho de que cabecillas de tres grupos criminales sigan, en mayor o menor medida, al frente de la operación de esas estructuras a pesar de encontrarse en prisión constituye un serio problema en el combate a la crisis de inseguridad que azota al país.
Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no oculta la realidad de que algunos de esos sujetos se mantienen activos desde prisión, pero con un prudente optimismo auguró que este año la cantidad de homicidios pueden descender, a partir del trabajo de detención de jefes de bandas que se realizó el año pasado.
De hecho, en nota publicada por UNIVERSIDAD, el 6 de febrero dijo que en 2025 “prácticamente desarticulamos a la mayoría de los grupos del país, los más fuertes”.
Sin embargo, en entrevista reconoció que el problema existe y mencionó ejemplos como el del limonense Tony Peña Russel, los hermanos Lara o Leonel Mora Núñez, alias “Gordo Leo”, esos dos últimos casos del sur de la capital (Ver recuadro).
Esta imagen corresponde a un allanamiento realizado por el OIJ en 2022, en una de las propiedades en Sagrada Familia del conocido grupo familiar de los Lara, a quienes estando en prisión ya se les ha decomisado celulares. (Foto: Canal OIJ)
Sobre la aún crítica situación nacional, consideró que “los cuerpos de seguridad y de policía lo que hacen es contención criminal. Para disminuir los indicadores tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias que tienen que ver con desarrollo humano, con lo social, etcétera”. Por ello, recordó que “podríamos disminuir los indicadores, seguir trabajando, pero hay grupos que van a seguir operando y van a seguir generando violencia y van a comunicarse de alguna forma hacia hacia el exterior”.
“Hay que trabajar en dos líneas: una línea que tenga que ver con desarrollo humano y una línea que tenga que ver con el área policial y de seguridad”, expresó. “De ninguna manera le voy a decir al ciudadano, porque no es real, que estamos perdidos, que no hay nada que hacer. Todo lo contrario, creo que hemos avanzado mucho y que tenemos que sostener ese paso para lograr recuperar al país con indicadores más positivos”, apuntó.
Debilidades del sistema
Los datos iniciales de 2026 parecen confirmar el buen augurio de Soto. En enero, el OIJ reportó la comisión de 25 homicidios menos en enero de 2026 que en enero de 2025, pasaron de 79 a 54, aunque febrero muestra un comportamiento similar y al día 17 las cifras son casi idénticas, 38 en 2025 y 40 este mes. En términos generales, al 17 de febrero de 2025 se contabilizaron 117 homicidios, contra 94 de 2026.
Sin embargo, tales cifras aún son tiernas para pegar gritos de optimismo. Tómese en cuenta la reciente oleada de violencia a raíz de un enfrentamiento entre bandas en Cartago, o el hecho de que recién a finales de enero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió a Costa Rica como “un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial”, que además “se ha convertido en un punto de paso cada vez más importante para las organizaciones criminales que trafican cocaína a Estados Unidos”.
Un informe divulgado el 23 de enero además consignó que, desde su apertura en 2019, la Terminal de Contenedores en Moín “se ha convertido en un centro regional clave para el transbordo de cocaína. Los grupos criminales han luchado continuamente por el control del puerto y sus alrededores para transportar cocaína en contenedores que salen del puerto”.
Costa Rica está entre los cinco países que más exportaron cocaína al puerto de Amberes, en Bélgica en el 2025, de acuerdo con un informe del Departamento de Finanzas Federal de ese país.
Esta realidad se acelera porque Europa se acerca a Estados Unidos como principal destino mundial de la cocaína. Según la Organización de Naciones Unidas, el mercado europeo casi se ha duplicado en los últimos 20 años.
Todo ello pesa sobre la población. Por ejemplo, en noviembre se dio a conocer el Informe de Encuesta Percepción sobre la coyuntura política y el proceso electoral nacional 2026, un estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). Ese ejercicio determinó que “la seguridad, el crimen y la convivencia” fueron considerados como el principal problema nacional por una mayoría del 53,5% de las personas encuestadas.
Para Karen Jiménez Morales, coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el hecho de que las personas líderes de organizaciones criminales operen desde prisión es “un fenómeno muy grave, porque evidentemente debilita esa función neutralizadora de la pena de privación de libertad”.
Dijo que ello genera que las estructuras criminales “se mantengan vivas, se mantengan activas y, por supuesto, reduce la eficacia en las estrategias de desarticulación de estas estructuras criminales”.
Tras calificar esa realidad como un “indicador serio de debilitamiento del sistema penitenciario”, consideró que “envía un mensaje muy peligroso a las personas que se dedican a actos delictivos”, en el sentido de que “la prisión no implica que usted va a perder el poder” como cabecilla de una estructura criminal.
Además, subrayó que “reduce ese efecto disuasivo que genera el sistema penal y fortalece esa cultura de impunidad que hay en las estructuras criminales y que observamos día a día con ese empoderamiento y sentimiento de impunidad (con que) operan a través de los asesinatos en cualquier lugar, a cualquier hora y sin respeto de ningún tipo ni preocupación de generar mayor cantidad de víctimas”.
Estamos fallando en prevención
El exjuez penal y actualmente abogado litigante Ewald Acuña en primer lugar subrayó que “estamos fallando como Estado en todo lo que tiene que ver con prevención y eso se refleja en el incremento de los índices de criminalidad violenta y, sobre todo, en los índices de criminalidad de delincuencia precoz, lo que es penal juvenil”.
Observó que la investigación y la persecución, “al estar entrabadas con la mora”, es decir, la cantidad de casos pendientes en los tribunales “hacen que la respuesta resulte tardía y, por ende, ineficiente”.
Así, añadió que el sistema penitenciario “no está siendo capaz, no solo de contener, sino de formar, porque la idea no es solo encerrar, sino readecuar, enseñar, reeducar a las personas para que no vuelvan a cometer delitos, sino que además muestra muchísimas vulnerabilidades en lo que tiene que ver con el efectivo control de la criminalidad organizada”.
Esa criminalidad organizada en su criterio “se asemeja muchísimo, si no es que es idéntica”, al funcionamiento de cualquier empresa. “El que un cabecilla esté privado de libertad no le inhibe vía teléfono, vía contactos personales, seguir instruyendo sobre las formas y mecanismos de continuar la operación criminal”. Al respecto, reconoció que se han dado “algunos adelantos, sobre todo con el Centro de Alta Contención”.
Sin embargo, sin tapujos afirmó que cada caso de esos hace “muchísimo” daño al sistema de Justicia, porque es un “absurdo lógico”. Ello porque “si la persona está privada de libertad, lo mínimo esperable por el ciudadano es que cese la actividad criminal”; pero si sucede lo contrario “lo que se está probando es la disfuncionalidad del sistema”.
Es entonces cuando “entran los discursos políticos donde todo el mundo se distribuye la responsabilidad y unos atribuyen a la policía, otros a la policía judicial, otros al sistema penitenciario, otros al a la judicatura y lo que hay es la falta de definición primero de una política criminal integral”, que incluya mecanismos de prevención y de sanción. Lo cual se suma al viejo problema de la “ausencia absoluta de una política penitenciaria”.
La entrada Crisis de inseguridad se mantiene a pesar de detención de 3 cabecillas y 17 extraditables aparece primero en Semanario Universidad.
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