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Giovanna Alvear
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El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una reforma clave a la Contribución Especial de Mejoras (CEM) el lunes 22 de diciembre de 2025. La iniciativa recibió 14 votos y plantea un cambio en la forma de financiar las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos. El Municipio busca corregir desigualdades que se mantuvieron durante años en el cobro a los vecinos.
La propuesta, impulsada por el alcalde Pabel Muñoz, reemplaza un esquema que concentraba el pago en pocos propietarios. A partir de ahora, el sistema distribuye el costo de las obras entre todos los beneficiarios. El objetivo es aplicar un criterio de equidad y corresponsabilidad en el financiamiento de la infraestructura urbana y rural.
La reforma modifica el principio sobre quiénes asumen el costo de una obra pública. Hasta ahora, los llamados ‘frentistas’ -dueños de predios ubicados frente a la intervención- cargaban con la mayor parte del pago. Con el nuevo esquema, el Municipio amplía la base de contribuyentes e incluye a todas las personas que se benefician de la obra.
El modelo define cuatro niveles de cobro, según el alcance de cada intervención. Las categorías serán local, parroquial, zonal o distrital. Esta clasificación permitirá distribuir el valor total de manera proporcional entre los usuarios reales de la obra, sin concentrar el pago en un grupo reducido.
El alcalde Pabel Muñoz defendió la reforma como una respuesta a inequidades históricas. Señaló que las obras financiadas con presupuestos participativos buscan reducir brechas territoriales. Por esa razón, explicó que no resulta justo trasladar el costo únicamente a los ‘frentistas’. Para el Municipio, estas intervenciones representan un esfuerzo colectivo que debe sostenerse de forma solidaria.
La reforma también incorpora cambios en los plazos de pago, con el fin de ajustarlos a la realidad económica de las familias. La concejala y vicealcaldesa Fernanda Racines destacó que muchas comunidades esperan décadas para recibir una obra básica. Bajo el esquema anterior, debían cubrir el costo en apenas cinco años.
Con la nueva normativa, el plazo de pago se amplía hasta 20 años. El Municipio aplicará este período a todos los beneficiarios, bajo un principio de solidaridad. Racines señaló que administraciones anteriores priorizaron la zona urbana y relegaron a las parroquias rurales, pese a su aporte en alimentos y recursos hídricos.
El cambio también tendrá un impacto directo en el monto que pagan los ciudadanos. Antes, una persona podía enfrentar un cobro de hasta 500 dólares por la rehabilitación de una calle. Con el nuevo sistema, ese valor podría reducirse a 1 dólar, al dividirse entre todos los usuarios que aprovechan la obra.
La normativa entrará en vigencia para las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos desde 2026. Con esta decisión, el Municipio de Quito apunta a un modelo de justicia tributaria que proteja la economía familiar y promueva una responsabilidad compartida en el desarrollo de la ciudad.
El costo de las obras municipales o Contribución Especial de Mejoras (CEM) lo pagan los dueños de inmuebles beneficiados junto con el Impuesto Predial. Este impuesto se paga a partir del 1 de enero de cada año.
En este rubro se incluyen obras nuevas y no obras de mantenimiento o de rehabilitación. Antes de la reforma aprobada el lunes, este cobro tenía solo dos niveles: local y distrital.
El local corresponde a las obras pagadas por los vecinos de una obra que beneficia solo localmente, por ejemplo, a un barrio. Y el distrital incluye a proyectos más grandes que favorecen a toda la ciudad.
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La propuesta, impulsada por el alcalde Pabel Muñoz, reemplaza un esquema que concentraba el pago en pocos propietarios. A partir de ahora, el sistema distribuye el costo de las obras entre todos los beneficiarios. El objetivo es aplicar un criterio de equidad y corresponsabilidad en el financiamiento de la infraestructura urbana y rural.
Un nuevo modelo de cobro para las obras municipales
La reforma modifica el principio sobre quiénes asumen el costo de una obra pública. Hasta ahora, los llamados ‘frentistas’ -dueños de predios ubicados frente a la intervención- cargaban con la mayor parte del pago. Con el nuevo esquema, el Municipio amplía la base de contribuyentes e incluye a todas las personas que se benefician de la obra.
El modelo define cuatro niveles de cobro, según el alcance de cada intervención. Las categorías serán local, parroquial, zonal o distrital. Esta clasificación permitirá distribuir el valor total de manera proporcional entre los usuarios reales de la obra, sin concentrar el pago en un grupo reducido.
El alcalde Pabel Muñoz defendió la reforma como una respuesta a inequidades históricas. Señaló que las obras financiadas con presupuestos participativos buscan reducir brechas territoriales. Por esa razón, explicó que no resulta justo trasladar el costo únicamente a los ‘frentistas’. Para el Municipio, estas intervenciones representan un esfuerzo colectivo que debe sostenerse de forma solidaria.
Más plazos de pago y un enfoque hacia la ruralidad
La reforma también incorpora cambios en los plazos de pago, con el fin de ajustarlos a la realidad económica de las familias. La concejala y vicealcaldesa Fernanda Racines destacó que muchas comunidades esperan décadas para recibir una obra básica. Bajo el esquema anterior, debían cubrir el costo en apenas cinco años.
Con la nueva normativa, el plazo de pago se amplía hasta 20 años. El Municipio aplicará este período a todos los beneficiarios, bajo un principio de solidaridad. Racines señaló que administraciones anteriores priorizaron la zona urbana y relegaron a las parroquias rurales, pese a su aporte en alimentos y recursos hídricos.
El cambio también tendrá un impacto directo en el monto que pagan los ciudadanos. Antes, una persona podía enfrentar un cobro de hasta 500 dólares por la rehabilitación de una calle. Con el nuevo sistema, ese valor podría reducirse a 1 dólar, al dividirse entre todos los usuarios que aprovechan la obra.
La normativa entrará en vigencia para las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos desde 2026. Con esta decisión, el Municipio de Quito apunta a un modelo de justicia tributaria que proteja la economía familiar y promueva una responsabilidad compartida en el desarrollo de la ciudad.
¿Cómo se paga el valor de estas obras?
El costo de las obras municipales o Contribución Especial de Mejoras (CEM) lo pagan los dueños de inmuebles beneficiados junto con el Impuesto Predial. Este impuesto se paga a partir del 1 de enero de cada año.
En este rubro se incluyen obras nuevas y no obras de mantenimiento o de rehabilitación. Antes de la reforma aprobada el lunes, este cobro tenía solo dos niveles: local y distrital.
El local corresponde a las obras pagadas por los vecinos de una obra que beneficia solo localmente, por ejemplo, a un barrio. Y el distrital incluye a proyectos más grandes que favorecen a toda la ciudad.
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