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Redacción Universidad
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Las batallas por el control del espectro y la narrativa pública en Costa Rica y México revelan un patrón regional: actores económicos y políticos poderosos que instrumentalizan el discurso de la libertad de expresión. Detrás del espectáculo, persiste una miopía del poder, las élites calculan sus acciones y la gestión de su riqueza a largo plazo, pero, cuando acceden al poder del Estado, gobiernan con la lógica de periodo presidencial: lo que se alcance a hacer en cuatro o seis años.
En México, Ricardo Salinas Pliego ya no enfrenta solo una amenaza: el pago de sus adeudos fiscales fue decretado, luego de que la Suprema Corte confirmara créditos por más de 48 mil millones de pesos y desmontara los recursos dilatorios. Con la resolución firme, el SAT puede ejecutar bienes, incluida la concesión de TV Azteca. El magnate responde con la misma narrativa victimista: acusa “censura” y traslada una disputa fiscal al terreno de la libertad de expresión, mientras sigue coqueteando con la política rumbo a 2030, con guiños partidistas y gestos en redes que lo perfilan como candidato. El objetivo permanece: blindarse institucionalmente frente a sus pasivos, como lo hizo en los 90 cuando obtuvo TV Azteca gracias a privatizaciones a la medida.
En Costa Rica, Rodrigo Chaves impulsó una subasta de frecuencias que imponía costos inalcanzables para radios comunitarias, televisoras regionales y medios religiosos. La Sala IV la suspendió por el riesgo de reducir en dos tercios la oferta actual, tras constatar apenas 25 ofertas para 85 frecuencias. El Ejecutivo intentó luego un giro oportunista: pasó de atacar a la Iglesia católica a prometer que también la “ayudaría”, y ofreció excepciones para emisoras cristianas, rechazadas por la propia Iglesia en defensa de la equidad del proceso. Pero este episodio no es aislado: se suma a concesiones de carreteras, contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y nombramientos estratégicos que beneficiaron a su círculo cercano. Todo ocurre en medio de choques intensificados con la prensa, caída en los índices de libertad informativa y un contexto electoral marcado por la candidata del Partido Pueblo Soberano, señalada como pieza para garantizar la continuidad chavista mientras él se aparta con impunidad.
Populismo 2.0: entretenimiento como anestesia
Ambos casos comparten un patrón inquietante: la ciudadanía se convierte en audiencia-consumidor. Salinas y Chaves transforman la política en espectáculo y la gestión en narrativa heroica. La pantalla y el algoritmo son sus armas: instalan la ilusión de persecución, el mito del líder incomprendido y la farsa del “pueblo contra las élites”. La meta no es gobernar mejor, sino dominar la conversación, saturar la duda y desplazar la verificación.
Este espectáculo no solo manipula la agenda: distrae de lo esencial. Mientras se discute la “censura”, la violencia crece, los femicidios se multiplican y las instituciones se erosionan. En Costa Rica, la inseguridad y el caos heredado se ocultan tras el show mediático, preparando un relevo que perpetúe el modelo y deje la factura a la ciudadanía. En México, la épica empresarial intenta ocultar que no existe un derecho adquirido a incumplir. La lógica es idéntica: controlar la oferta, curar la narrativa y presentar la regulación o la justicia fiscal como conspiración contra “la única voz libre”.
El antídoto
La defensa democrática no se construye en trending topics ni en evasión digital: exige alzar la voz y consumir con mirada crítica. Desmantelar el artefacto del engaño implica no dejarse seducir por discursos victimistas de quienes concentran poder, dinero e influencia. Ellos jamás podrían ser víctimas. En Costa Rica, esto significa seguir alzando la voz frente a las amenazas del autoritarismo de consolidar el desmantelamiento institucional. En México, no perder de vista que el espectro es bien público y la veracidad no es opcional. Si Salinas avanza con la promesa de “desmantelar” lo que lo obliga a cumplir, y si Chaves logra perpetuar su modelo bajo una candidata dócil, la factura será institucional y social: en México, un giro de reversión que exacerbará las desigualdades y continuaría posicionando a una figura que atenta contra la autonomía y los derechos de las personas; en Costa Rica, un proyecto político que exacerbará las desigualdades y consolidará a una figura dispuesta a erosionar la autonomía institucional. Es sabido que empresarios y políticos poderosos acumulan su riqueza pensando en décadas, pero administran el poder con síndrome de cortoplacismo dejando instituciones en ruinas y una estela de daño social irreparable.
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