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Ashley Quesada
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Costa Rica empeoró su desempeño en el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera y alcanzó 64 puntos en la medición que comprende el periodo del año 2023 al 2025; cuatro más que en 2023 y 15 más que en 2020, según datos presentados este 24 de febrero por la Red Nacional Antitabaco (RENATA), que advierte mayor injerencia empresarial en decisiones públicas y omisiones estatales que favorecen a las compañías del sector.
Así lo concluyó la IV edición del estudio internacional que evalúa cómo responden los gobiernos a la interferencia empresarial en materia de control del tabaco, resultados que fueron expuestos en conferencia por representantes de RENATA.
El informe analizó el periodo de dos años a partir de 20 indicadores distribuidos en siete categorías, entre ellas participación de la industria en el diseño de políticas, actividades de responsabilidad social empresarial, conflictos de interés, transparencia y medidas preventivas.
Un puntaje más alto implica mayor interferencia; Costa Rica obtuvo 64 puntos, frente a 58 en 2023 y 49 en 2020, lo que evidencia un deterioro sostenido en los últimos cinco años.
Entre los hallazgos señalados, destacó la ratificación del tratado de libre comercio con Ecuador, que permite el ingreso de tabaco de ese país sin aranceles, así como la participación de funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en un comité técnico junto a representantes de Philip Morris International, British American Tabacco y asociaciones provapeo para la elaboración de una norma técnica sobre bolsas de nicotina oral.
Además, la red cuestionó actuaciones y omisiones del Ministerio de Salud durante el periodo evaluado, pues señaló la demora de más de dos años en la publicación del reglamento de la Ley 1066 sobre dispositivos electrónicos de nicotina, que se emitió tras una orden de la Sala Constitucional, la no publicación en plazo de la décima campaña anual de advertencias sanitarias en productos de tabaco y la ampliación de dos a seis meses del periodo de transición para el cambio de imágenes en cajetillas, una decisión que, según el estudio, se adoptó tras gestiones de la industria.
Otro de los casos expuestos fue la presencia de figuras públicas en actividades de responsabilidad social promovidas por tabacaleras en municipalidades, así como la permanencia de representantes de cámaras empresariales en la Comisión Mixta para el comercio ilícito adscrita al Ministerio de Hacienda.
La organización advirtió que estas dinámicas no se alinean con el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que insta a los Estados a proteger sus políticas de salud de intereses comerciales y otros intereses creados de la industria.
El señalamiento se hizo en vista de que el 9,1% de la población costarricense es consumidora activa de tabaco y el creciente uso de vapeadores entre adolescentes y jóvenes, que ha aumentado en los últimos años.
Según datos citados por RENATA, el tabaquismo provoca más de 2.000 muertes anuales en el país y los impuestos recaudados por estos productos cubren alrededor del 9% de los costos que el consumo genera para el sistema de salud.
Ante este panorama, la organización hizo un llamado a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo para fortalecer los mecanismos de transparencia, establecer códigos de conducta que regulen las interacciones con la industria tabacalera y excluir a actores con conflicto de interés de espacios de toma de decisión en materia de salud pública.
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