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Mario Bermúdez Vives
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La apuesta por la cárcel en Costa Rica ya había alcanzado algunos de los máximos niveles de la década en el 2025, pero bastó el inicio de este 2026 para superar todos los registros.
A pesar de que la población penitenciaria se mantiene relativamente estable desde el 2016 —incluso se redujo casi un 7%—, las personas en cárceles se han disparado en diferentes registros: la cantidad total era 19.453 para el 28 de febrero de este 2026, lo que llevó la tasa de personas por cada 100 mil habitantes a 366, el mayor nivel de la historia (ver gráfico).
Pero en el último reporte del Mecanismo Nacional para Prevención de la Tortura (MNPT), de la Defensoría de los Habitantes, se registran máximos en otras categorías: el hacinamiento carcelario volvió a crecer y llegó a un nuevo máximo, 46,4 (ver gráfico).
Adicionalmente, la cantidad de personas indiciadas (detenidas en prisión preventiva, sin sentencia firme) también alcanzó un nuevo techo, un 26,2% de la población en el sistema cerrado. Quiere decir que una de cada cuatro personas detenidas en el país, no habían sido sentenciadas (ver gráfico).
Y en contra del discurso oficialista de que en Costa Rica las personas sentenciadas eluden la cárcel, las cifras del MNPT muestran que se alcanzó un nuevo máximo para la década, la cantidad de personas en las cárceles (sistema cerrado) con respecto a la población penitenciaria total pasó de representar un 36% en 2016, a un 58% en los primeros meses del 2026 (ver gráfico).
Paralelamente, los modelos penitenciarios que no son cerrados se están desplomando: las personas en el nivel semiinstitucional se redujeron más de un 75% en la presente década, mientras en el nivel de comunidad bajaron un 27%. Precisamente, en el último informe del MNPT se resalta que aumentar el uso de estos modelos de atención permitiría “reducir el hacinamiento carcelario, prevenir la reincidencia delictiva, mejorar la reinserción efectiva y fomentar un sistema de justicia restaurativa”.
Los niveles de hacinamiento carcelario volvieron en el 2025 a niveles prepandemia y, para inicios del 2026, alcanzaron los mayores registros de la década. En el caso del centro penitenciario Vilma Curling, para mujeres, por primera vez en su historia registró hacinamiento, un 40%. (Foto: Archivo/Miriet Abrego)
Doblando la apuesta
Durante la anterior administración, la apuesta por la cárcel fue evidente, al punto que el proyecto estrella del último año fue la promesa de construir una megacárcel inspirada en el modelo de El Salvador, el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), cuyo financiamiento fue aprobado por la Asamblea Legislativa en setiembre del año pasado.
Y el ministro de Justicia de entonces, Gerald Campos, proyectaba que la población en cárceles del país aumentaría a un ritmo de más de un 10% anual del 2025 al 2030, para crecer en ese quinquenio un 67%. Esto es tres veces más del crecimiento de las personas detenidas en el último quinquenio, del 2020 al 2025, cuando este aumento alcanzó un 19,5%.
Pero aparentemente no es suficiente para el relevo del Gobierno, ya que han profundizado el discurso de que el Poder Judicial libera a los detenidos y que fomenta una “alcahuetería” en las cárceles, para fundamentar una cruzada por los barrotes que está en las prioridades de la nueva administración: entre los primeros decretos, la presidenta Laura Fernández firmó el 45.796-JP, alegando que cerraba portillos para que el año carcelario fuera de 360 días.
Posteriormente, el pasado 15 de junio, la presidenta presentó un paquete de seis proyectos para enfrentar la crisis de seguridad, en los que las medidas para aumentar la receta carcelaria son un condimento importante: aumento de penas a quienes se enfrenten a las autoridades, a reincidentes y a otros delitos, ampliar potestades para dictar prisión preventiva, restricciones a medidas como libertad condicional, eliminar el derecho al olvido en expedientes judiciales y restricciones para la obtención de beneficios carcelarios, entre otras.
Un aumento de una apuesta que puede ser atractiva en niveles de populismo, pero desastrosa en la realidad, según advirtió Esteban Vargas, director del MNPT. “La pregunta es cuál es la muestra que tienen ellos (el Ministerio de Justicia) para considerar que el aumento de la prisión va a reducir el crimen y la violencia. Parecen ignorar el factor criminológico que tiene la prisión, cuando las personas en las cárceles no tienen una atención adecuada para buscar la reinserción, que es lo que está pasando en Costa Rica, la cárcel multiplica la criminalidad”, expresó.
Sin embargo, existe un problema adicional en este punto: Vargas denunció que, en los últimos dos años, la información del sistema penitenciario está siendo cada vez más restringida. Esto está reportado en el informe del MNPT, en el sentido de que, anteriormente, las autoridades penitenciarias publicaban informes mensuales de estadística penitenciaria. “Hoy en día no existe información de estadística penitenciaria de acceso público”, reza el reporte, en el que se indicó que este tipo de información debe ser solicitada mediante oficio a las autoridades de la Dirección General de Adaptación Social.
Vargas cuestionó que la política penitenciaria pareciera enfocarse en fortalecer el nivel cerrado, una propuesta que consideró “insostenible” en varios niveles.
En el ámbito de la infraestructura, a pesar del anuncio de la construcción del Cacco, que aumentaría los espacios en 5 mil plazas, las cifras de febrero apuntaban a que todavía existiría un hacinamiento carcelario que en este 2026 superó los registros de la década.
UNIVERSIDAD solicitó al Ministerio de Justicia una actualización sobre los avances del Cacco, cuya construcción empezó en enero, así como de la cantidad de privados de libertad a la fecha, pero al cierre de edición no se tenía la respuesta.
En todo caso, las cifras disponibles al momento sugieren que se requeriría construir un Cacco cada dos años, e incluso eso sería insuficiente para lograr un equilibrio en los espacios carcelarios.
“Cuando la sobrepoblación es crítica, se vuelve insostenible. El Estado tiene la obligación de hacerse responsable por las personas a las que encarcela, por un tema de respeto a los derechos humanos, de respeto a estándares internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de legislación interna, de jurisprudencia de la Sala Constitucional”, advirtió Vargas.
Pero va más allá de la violación a derechos humanos que no incomoda a algunos sectores de la sociedad: el faltante de policías penitenciarios en cárceles era de más de 2.700, según cifras del año pasado. Y la construcción de más infraestructura no va a reducir este déficit.
Esto se agrava con el debilitamiento de las alternativas que podrían descongestionar el sistema, relacionadas con las políticas penitenciarias del Ministerio de Justicia. “Aunque la población penitenciaria se mantiene más o menos en niveles similares, se reducen los niveles semiinstitucional y el de comunidad. El país encierra cada vez más a la gente”, resaltó Vargas.
Empero, hay otro factor que todavía hace más explosiva esta situación. Vargas recordó que, según la legislación nacional, el propósito de las penas de privación de libertad es procurar en determinado plazo una reinserción del sancionado a la sociedad. “Sin embargo, pareciera que se están tomando medidas para procurar un castigo adicional”, expresó, en relación con las medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia para limitar encomiendas, visitas, actividades recreativas e incluso el contacto con el mundo exterior.
El nuevo ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, incluso divulgó en las redes un gráfico con el título “Se acabó la fiesta”, en la línea de que las cárceles no eran hoteles, y en las manifestaciones de la presidenta Fernández, en el sentido de que había abusos con encomiendas y contactos con el exterior, que permitían a algunos privados de libertad mantener el control de operaciones delictivas.
Vargas consideró que, aunque se podía justificar la necesidad de mayores controles, algunas de estas restricciones afectan la alimentación y la higiene de los privados de libertad. Pero además resaltó que estas acciones estarían generando mayores niveles de aislamiento, con resultados negativos no solo para los internos.
“Está el discurso de que es la solución a los problemas de crimen, que se trata de castigar al que cometió un delito, pero la experiencia demuestra lo contrario. Personas más aisladas en la cárcel, con menos contacto social, con menos atención, tienen menos elementos para regenerarse. Esto genera una mayor escuela de crimen en las cárceles”, expresó.
Precisamente lo contrario del discurso oficialista, de rescatar las cárceles de la alcahuetería de “administraciones progresistas”, para cerrar las universidades del crimen e “impedir que el país se nos salga de las manos”, palabras de la presidenta al presentar el grupo de proyectos de ley para enfrentar la crisis de seguridad.
Y no resuelve el dilema de un país que ya habría pasado las 20 mil personas detenidas, y estaría en la ruta de alcanzar las 25 mil en dos años, si es que no aumenta el crecimiento que se observó en los últimos años. “Una verdadera política penitenciaria de prevención no es meter personas a la cárcel, o tratar de sacar a las que están adentro. La verdadera política de seguridad es evitar que las personas entren a la cárcel”, recordó Vargas.
La entrada Costa Rica disparó todos los registros de encarcelamiento, pero Gobierno quiere acelerarlos aparece primero en Semanario Universidad.
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