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Redacción Universidad
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Costa Rica suele presentarse ante la comunidad internacional como un referente de sostenibilidad ambiental: un país con alta cobertura forestal, una generación eléctrica mayoritariamente renovable y mecanismos innovadores como los pagos por servicios ambientales (PSA). No obstante, detrás de esta narrativa persisten evidencias claras de que el país está lejos de alcanzar una sostenibilidad integral, entendida como el equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, tal como lo establece la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554).
Uno de los indicadores más reveladores de esta brecha es la gestión de los residuos sólidos municipales. En Costa Rica se generan alrededor de 4.500 toneladas diarias de residuos. De este volumen, aproximadamente el 80% termina en vertederos o sitios de disposición final, muchos de ellos con impactos directos sobre suelos y cuerpos de agua. Apenas cerca de un 7% se recicla, mientras que alrededor de un 15% carece de trazabilidad clara respecto a su destino, lo que contradice los principios de prevención, valorización y responsabilidad compartida establecidos en la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N.° 8839).
La gestión del agua refuerza esta contradicción estructural. Se estima que cerca del 80% de las aguas residuales domésticas se canaliza hacia tanques sépticos, muchos de los cuales no reciben tratamiento adecuado antes de infiltrarse en el suelo o llegar a cuerpos de agua superficiales. Esta situación genera impactos acumulativos sobre los ecosistemas y la salud pública, y resulta incompatible con los principios de protección ambiental y bienestar humano consagrados en la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554).
Costa Rica ha sido pionera en la implementación de los pagos por servicios ambientales, administrados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), creado mediante la Ley Forestal (Ley N.° 7575). Este instrumento, financiado en parte por un impuesto a los combustibles fósiles —del cual aproximadamente un 3% se destina a los PSA— ha permitido conservar la cobertura forestal y posicionar al país como referente internacional en conservación ambiental.
No obstante, este esquema revela una inconsistencia estructural: se financia la conservación forestal a partir de una economía altamente dependiente de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático y de múltiples impactos ambientales. Esta contradicción se profundiza al analizar la matriz energética nacional. Aunque la generación eléctrica incorpora fuentes renovables como la hidroeléctrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomasa, alrededor del 70% de la energía total consumida en el país proviene de combustibles fósiles. De este porcentaje, aproximadamente un 54% corresponde al transporte y alrededor de un 16% a la industria.
Desde una perspectiva jurídica y sistémica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) establece que el desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras, integrando criterios ambientales, sociales y económicos. Bajo esta definición, resulta evidente que conservar bosques, aunque indispensable, no equivale por sí solo a ser sostenibles.
Costa Rica puede y debe seguir siendo un referente en conservación ambiental. Sin embargo, confundir conservación con sostenibilidad limita la capacidad del país para enfrentar desafíos estructurales como la gestión de residuos, el saneamiento, la dependencia energética y la equidad social. La sostenibilidad no es una marca país ni un discurso publicitario, es un compromiso profundo con la coherencia entre políticas públicas, modelos productivos, justicia social y límites ecológicos. Avanzar en esa dirección exige una visión sistémica y decisiones que trasciendan la conservación aislada para impulsar una transformación real del modelo de desarrollo.
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