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Daniela Muñoz Solano
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La Corte Plena, integrada por todos los magistrados y magistradas titulares de las distintas salas, decidió la tarde de este lunes devolver sin cambio alguno la nómina para la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa.
Luego de una discusión de casi dos horas en que analizaron la normativa y los precedentes existentes sobre la elección de magistraturas, así como las implicaciones de devolver la nómina o reiniciar los proceso de selección, 16 magistrados y magistradas votaron por no hacer cambios a la lista y solo cuatro estuvieron anuentes a reiniciar el proceso.
Es pertinente recordar que en setiembre de 2025, luego de un largo proceso de selección que implica la publicación del concurso, recepción de documentos, revisión de antecedentes, estudios socioeconómicos y laborales, entrevistas y más, la Sala Constitucional remitió la Corte Plena una lista de 18 candidaturas para llenar nueve plazas de magistratura suplente en el tribunal más importante del país.
Este órgano validó la nómina y remitió la propuesta la Asamblea Legislativa, pero desde entonces y hasta el final de legislatura pasada (en abril de este año) la fracción oficialista bloqueó la posibilidad de que se eligiera una sola magistratura, pues previeron que tendrían mayoría en este periodo y que podrían hacerse con la decisión.
Ya en mayo comenzó a darse el debate sobre el nombramiento de los nuevos magistrados y magistradas, pero nuevamente el oficialismo se rehusó a elegir, emitiendo en cada ocasión tres decenas de votos en blanco, y por eso, tras 11 votaciones, no se había electo a una sola persona como magistrada suplente.
El pasado 11 de julio se presentó por parte del oficialismo una moción para devolver a la corte la nómina, a pesar de que ya había sido advertido por los magistrados que reiniciar el proceso causaría un atraso de al menos nueve meses. Además, se había dado a conocer que existen más de 35 expedientes en espera de resolución que no pueden ser atendidos pues uno o más magistrados tienen inhibitoria sobre las materias que abordan.
La moción fue aprobada por 29 votos, aunque varios diputados del bloque democrático (integrado por Liberación Nacional, el Frente Amplio, Acción Ciudadana de la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana) advirtieron que por tratarse de un asunto vinculado a la de elección de magistrados constitucionales no se podía dirimir con menos de 38 diputados.
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, sin embargo avaló la votación y remitió la nómina de regreso a la Corte, que analizó la misiva este lunes.
La mayor parte de los magistrados indicaron que no había en la legislación existente ninguna norma que permitiera reiniciar el proceso pues no estaba justificada la devolución.
En ocasiones anteriores, la Asamblea ha devuelto nóminas pues considera que se están incumpliendo criterios legales por ejemplo la paridad de género, lo que ha justificado volver a comenzar el proceso de selección.
Mientras tanto, esta reciente devolución de la nómina no contenía justificación alguna, sino que simplemente se alega que tras 11 votaciones no se pudo alcanzar la mayoría lo que demuestra que “no hay voluntad” para elegir de esa lista.
La magistrada Iris Rocío Rojas emitió un criterio disidente y propuso que se reiniciara el proceso de selección al tiempo que se acelera un proceso adicional que ya está en marcha, pues según su criterio, lo importante era no colaborar con el entrabamiento del Estado costarricense.
Otros magistrados, sin embargo, indicaron que la Constitución es clara en que los y las diputadas están obligados a elegir a los magistrados suplentes de una nómina entregada por los magistrados, y no existe ningún procedimiento establecido para que se devuelva la nómina.
También se señaló que la devolución de la nómina sin justificación alguna evidenciaba que simplemente los diputados no quieren elegir de la lista propuesta por el Poder Judicial como establece la ley, actitud con la cual están violentando el régimen constitucional costarricense.
Varias magistraturas además manifestaron su preocupación porque reiniciar el proceso generaría un atraso de meses, mientras los expedientes se acumulan en la Sala Constitucional, lo que impide la tutela efectiva de los derechos constitucionales de los habitantes del país.
Sobre este asunto hubo un breve intercambio que versó sobre la interpretación del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la posibilidad que brinda de sustituir en el entretanto a los magistrados que tienen inhibitorias, para que no se ponga en peligro el proceso mismo del tribunal.
Luego del debate 16 magistraturas votaron a favor de devolver a la Asamblea Legislativa la nómina sin cambio alguno, cuatro tomaron el bando de Iris Rocío Rojas y decidieron que lo mejor era reiniciar los procesos, y dos -magistrados de la Sala Constitucional- se abstuvieron de votar.
Ahora la nómina regresará a la Asamblea Legislativa, que deberá volver a votar sobre los mismos nombres hasta que logre elegir a quienes ocuparán las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
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