K
Katerinne Orquera
Guest
Ante el abrumador desajuste del Estado, que ha perdido el monopolio de la violencia, no controla vastas áreas del territorio nacional, no garantiza la seguridad ciudadana ni brinda servicios sociales básicos, como educación y salud, cabe preguntarse quién lucra de este desorden.
Desde los años noventa se han desarrollado estudios sobre la corrupción política que la caracterizan como una forma de crimen organizado transnacional. No se trata de un soborno o del hurto simple de un burócrata; más bien es una corrupción política a gran escala, manejada por autoridades gubernamentales, las que definen la política pública y los instrumentos jurídicos.
Esta megacorrupción de altos funcionarios públicos se facilita porque cuentan con información privilegiada del Estado y manejan centenares de millones de dólares, al tiempo que se conectan con redes internacionales de corrupción para llevar a cabo dos tipos de delitos: uno que va en contra del Estado y otro que se beneficia de sus recursos.
En esa medida, la corrupción política es un tipo de crimen organizado transnacional que funciona en red, mediante el ejercicio del poder público y del secreto. Al igual que las grandes corporaciones legales, los empresarios de bienes y servicios ilícitos tienen en la globalización (la fácil movilización de bienes y personas) el mejor ambiente para sus negocios.
Esta criminalidad organizada condiciona la voluntad de políticos, jueces, policías, periodistas y empresarios que se involucran en delitos transnacionales como el lavado de activos, el tráfico de medicamentos, armas, vida silvestre, madera, pesca, material nuclear, la obstrucción de la justicia, la piratería, la trata de personas, las diversas formas de minería ilegal y demás actividades que no podrían ejecutarse sin la anuencia de esos funcionarios estatales.
El crimen organizado transnacional de la corrupción se hace posible por la dualidad del Estado que, por un lado, hace las normas, pero, por el otro, permite la discrecionalidad de los funcionarios de alto rango, lo que facilita sus actividades por fuera de la legalidad, es decir, un para-Estado que funciona para beneficiar intereses particulares. El secreto es la esencia de este poder criminal que debilita el régimen democrático con estructuras paralelas invisibles.
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Desde los años noventa se han desarrollado estudios sobre la corrupción política que la caracterizan como una forma de crimen organizado transnacional. No se trata de un soborno o del hurto simple de un burócrata; más bien es una corrupción política a gran escala, manejada por autoridades gubernamentales, las que definen la política pública y los instrumentos jurídicos.
Esta megacorrupción de altos funcionarios públicos se facilita porque cuentan con información privilegiada del Estado y manejan centenares de millones de dólares, al tiempo que se conectan con redes internacionales de corrupción para llevar a cabo dos tipos de delitos: uno que va en contra del Estado y otro que se beneficia de sus recursos.
En esa medida, la corrupción política es un tipo de crimen organizado transnacional que funciona en red, mediante el ejercicio del poder público y del secreto. Al igual que las grandes corporaciones legales, los empresarios de bienes y servicios ilícitos tienen en la globalización (la fácil movilización de bienes y personas) el mejor ambiente para sus negocios.
Esta criminalidad organizada condiciona la voluntad de políticos, jueces, policías, periodistas y empresarios que se involucran en delitos transnacionales como el lavado de activos, el tráfico de medicamentos, armas, vida silvestre, madera, pesca, material nuclear, la obstrucción de la justicia, la piratería, la trata de personas, las diversas formas de minería ilegal y demás actividades que no podrían ejecutarse sin la anuencia de esos funcionarios estatales.
El crimen organizado transnacional de la corrupción se hace posible por la dualidad del Estado que, por un lado, hace las normas, pero, por el otro, permite la discrecionalidad de los funcionarios de alto rango, lo que facilita sus actividades por fuera de la legalidad, es decir, un para-Estado que funciona para beneficiar intereses particulares. El secreto es la esencia de este poder criminal que debilita el régimen democrático con estructuras paralelas invisibles.
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