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Daniela Muñoz Solano
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Las cooperativas Coopesalud y Coopesain acudieron a la Caja Costarricense del Seguro Social solicitando la “ejecución sin mayor demora” de la licitación adjudicada (con múltiples contratos) para la administración de varias áreas de salud, asociados al caso conocido como Barrenador.
Ambas cooperativas remitieron oficios a la Junta Directiva de la CCSS con la pretensión de que se pongan en ejecución los contratos adjudicados -y no anulados por la Contraloría General de la República- de la licitación 2023L Y-000002-0001101142.
Estos oficios se discutieron en la sesión N°9582, de acuerdo con la lectura y análisis de las notas, ambas cooperativas alegan que las adjudicaciones se encuentran en firme y que por ende la administración no tiene razones por las cuales no proceder a formalizar los contratos.
Al recibir estas notas, las mismas fueron redirigidas a distintas gerencias solicitando dar respuesta pero todas las entidades consultadas alegaron no tener competencia o no conocer el fondo legal por el cual se realizaba la solicitud o bien alegaron no conocer el (cuestionadísimo) estudio de costos que se usó para hacer estas contrataciones.
Además el subdirector jurídico de la entidad, Andrey Quesada, recordó que ante la anulación de una de las líneas de la licitación por parte de la CGR y la apertura de cuestionamiento e investigaciones judiciales sobre la licitación en cuestión, la junta directiva tomó el acuerdo de iniciar el procedimiento de nulidad absoluta, procedimiento que no concluyó y que después se transformó en la solicitud de lesividad, para lo cual el órgano colegiado declaró lesivas a los intereses públicos las adjudicaciones generadas en esa contratación.
Así, varias instancias institucionales han manifestado razones técnicas por las cuales no es posible proceder con la formalización de los contratos.
“No entraré en detalle, pero es un tema de la validez del acto frente a la eficacia del acto”, detalló Quesada.
El subdirector jurídico recomendó a la junta directiva trasladar la petición a la dirección jurídica para que brindara una respuesta técnica y así poder resolver la consulta de las cooperativas.
Por un momento la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, puso en duda esa decisión pues alegó que al menos dos gerentes y el director jurídico eran testigos en el proceso judicial que se lleva por el Caso Barrenador pero Quesada entonces aclaró que no había problema con trasladar a la dirección jurídica para que dieran respuesta a la junta directiva sobre el asunto y así se pudiera resolver la consulta de las cooperativas.
La entrada Cooperativas del caso Barrenador piden a la CCSS “ejecución sin mayor demora” de licitación declarada lesiva aparece primero en Semanario Universidad.
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