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Monserrat Cordero Parra
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Tres de las cuatro cooperativas que fueron adjudicadas el año anterior para administrar 10 Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentaron dos demandas contra la contralora general de la República y varios funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) por la elaboración y manejo de una nota técnica que fue utilizada por el Ministerio Público para realizar los allanamientos del Caso Barrenador.
Se trata de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud), la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral (Coopesaín) y la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana).
En una de las demandas, las cooperativas señalaron que tanto la contralora general Marta Acosta como el auditor interno Jorge Suárez Esquivel, se negaron a atender una denuncia interpuesta contra seis funcionarios, quienes elaboraron la nota técnica DFOE-BIS-NT-00001-2024, -la cual consideran defectuosa- que permitió los allanamientos en setiembre del año anterior.
La otra demanda, por su parte, está dirigida contra los seis funcionarios que tramitaron y suscribieron esta nota técnica.
“En criterio de nuestras representadas, las actuaciones de la CGR son contrarias a derecho no solo en la forma del trámite, sino que validaron de manera inadecuada, sin sustento alguno, y en desapego completo del cartel de licitación, el estudio realizado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, en el cual se señalaban supuestos precios excesivos”, externó el abogado de Coopesalud, Roy Ramos.
Con estas demandas, las cooperativas pretenden que se declare nula la nota técnica y se sienten las responsabilidades de cada uno de los funcionarios señalados.
Caso Barrenador
Meses después de la adjudicación hecha a cuatro cooperativas y una asociación para administrar los servicios de 138 Ebáis, el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto sobreprecio de ₡12.400 millones anuales en los contratos.
Por este caso denominado Barrenador se investiga a ocho altos jerarcas de la CCSS, quienes habrían ejercido un aparente “control” sobre esta licitación, generando afectaciones a la institución durante un periodo de diez años debido a los sobreprecios. Los allanamientos ligados a este expediente judicial se realizaron el 23 de septiembre del 2024.
Entre los imputados se encuentran la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel; la gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez; y los ahora exdirectivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas, Johnny Gómez, Roberto Quirós, Jorge Araya y Jorge Porras.
Actualmente la investigación por este caso aún se encuentra en curso.
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