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Orlando Silva
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El miércoles 3 de diciembre de 2025, el contralor general del Estado, Mauricio Torres, detalló en una entrevista en Teleamazonas los avances de las investigaciones relacionadas con el caso Progen, así como otros exámenes en entidades públicas.
El caso Progen comenzó con los contratos de emergencia que el gobierno firmó en agosto de 2024 para instalar motores térmicos en Salitral y Quevedo. Las adjudicaciones directas generaron críticas y, meses después, el Ministerio de Energía sancionó a la empresa por retrasos y entregas incompletas. Entre finales de mayo y comienzos de junio de 2025, Celec terminó unilateralmente ambos contratos.
Tras la terminación, Progen inició un arbitraje de emergencia contra Celec. El 2 de julio de 2025, el árbitro rechazó las medidas cautelares solicitadas por la empresa en el contrato de Quevedo y señaló que los plazos habían sido ampliamente superados. El arbitraje por Salitral continúa en trámite.
En paralelo, la Contraloría auditó los contratos y determinó un posible perjuicio de 100 millones de dólares, además de responsabilidades administrativas, civiles e indicios penales. También cuestionó el estado y origen de los equipos, lo que abrió un frente político en la Asamblea y profundizó las dudas sobre la contratación.
Mauricio Torres afirmó que la Contraloría emitió responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal en el caso Progen.
Señaló que los indicios ya fueron entregados a la Fiscalía, que abrió la investigación y empezó la toma de versiones. Explicó que espera el desarrollo del proceso para conocer si la causa pasa a instrucción fiscal.
Indicó que la Contraloría se encuentra en la fase de predeterminación. Detalló que, una vez completado el debido proceso, se emitirán los títulos de crédito y se ejecutarán acciones para recuperar los recursos: embargo de bienes o cobro a través de cuentas bancarias de las personas involucradas.
Torres afirmó que este proceso busca recuperar el perjuicio millonario generado por la negociación con Progen. Enfatizó que, en el ámbito penal, la responsabilidad corresponde a la Fiscalía.
El contralor informó que existe otro caso relacionado con Progen en Catamayo, provincia de Loja. Explicó que ya se comunicaron los resultados provisionales y que la investigación se refiere a la compra de generadores. Señaló que el resultado podría ser similar al de los casos anteriores.
Según la comunicación preliminar, en la Empresa Eléctrica de Loja existirían responsables administrativos, civiles e indicios de responsabilidad penal.
Indicó además que se trata de un pago aproximado de 20 millones de dólares y que se está aplicando auditoría forense, con cuidado de la cadena de custodia y recopilación técnica de evidencias. Mencionó que el informe definitivo podría aprobarse en los primeros días de enero.
Torres explicó que la Contraloría recibió varias denuncias sobre el sistema de agendamiento de citas Healthbird.
Afirmó que se dispuso una verificación preliminar, conforme al artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría. Detalló que el equipo recopila información técnica, contractual y precontractual para determinar si corresponde iniciar un examen especial.
Señaló que no solo existe una denuncia de la asambleísta Veloz, sino de otros legisladores y ciudadanos. Indicó que algunas denuncias pueden no tener sustento, motivo por el que la verificación preliminar permite definir el alcance y el personal necesario. Explicó que los resultados se conocerán en los próximos días.
El contralor afirmó que existen exámenes en salud pública y seguridad social. Mencionó el caso del Hospital Monte Sinaí, donde la Contraloría identificó responsabilidades administrativas, civiles y penales, con una responsabilidad civil cercana a los 4 millones de dólares. Señaló que hay autoridades involucradas.
Indicó que también hay exámenes en prestadores de seguros de la regional 8, en unidades del IESS —como el sur de Quito— y en otros procesos de contratación pública. Afirmó que, pese a la falta de personal, se cubre gran parte del plan de control y que habrá más resultados en hospitales y en el Ministerio de Salud.
Torres señaló que la Contraloría trabaja en múltiples municipios debido a problemas detectados. Mencionó exámenes relacionados con el Metro de Quito, cuyo informe está por aprobarse.
Indicó que no se logró justificar la evasión de la contratación pública y que existen responsabilidades por el uso de métodos que evitaron el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública. Afirmó que también hay indicios de responsabilidad penal.
Explicó que en el Trolebús ocurre una situación similar, con hallazgos que incluyen posibles responsabilidades penales.
El contralor indicó que en Petroecuador existe un examen sobre la compra de un terreno en Esmeraldas, cuyo valor era 60 000 dólares, pero se habrían pagado 2 millones de dólares. Dijo que las responsabilidades están casi listas y que habrá indicios de penal.
En CNT mencionó un examen con glosas por 12 millones de dólares, relacionado con el caso conocido como ‘Disney’. Añadió otro examen sobre la compra del sistema Morris, adquirido por cerca de 4,5 millones de dólares, que debía venderse a entidades públicas. Señaló que el sistema no funciona y no ha sido vendido, por lo que se determinarán responsabilidades.
Respecto a Celec, indicó que se investigan compras de generadores.
Aclaró que Progen forma parte de los exámenes actuales, pero que hay otros casos de 2021, 2023 y distintos períodos, debido a que la Contraloría puede auditar hasta siete años atrás.
Torres afirmó que en dos años se modernizó y tecnificó la institución. Señaló que, con poco personal auditor, se han realizado cerca de 2 230 exámenes.
Afirmó que se han entregado cerca de 640 informes a la Fiscalía y que se han recuperado aproximadamente 50 millones de dólares.
Mencionó que, en comparación, antes se recuperaban alrededor de 5 millones anuales. Sostuvo que en 2024 la recuperación fue de 18 millones y que este año se acercaría a 40 millones.
Indicó que la imagen institucional se está recuperando y mencionó que incluso existen servidores de la Contraloría detenidos. Señaló que un exservidor rindió versiones anticipadas que involucran a otras personas.
Torres explicó que existen 326 declaraciones juramentadas examinadas. Indicó que de 31 alcaldes, prefectos y concejales revisados, 20 tienen indicios de responsabilidad penal por no justificar su patrimonio.
Señaló que se han realizado exámenes a exasambleístas, de los cuales seis informes están aprobados y uno tiene indicios de penal. Mencionó 144 exámenes a jueces y fiscales, con 72 indicios de penal. Añadió que incluso en la propia Contraloría se han realizado exámenes y que siete de doce tienen indicios de penal.
Indicó que los indicios penales se envían a Fiscalía y que la investigación posterior es reservada.
Torres mencionó exámenes en Manta y Durán. En Talento Humano de un GAD, explicó que se investigan pagos a un jefe de una banda GDO que continúa recibiendo remuneración pese a estar detenido.
Afirmó que los exámenes siguen en curso en distintos niveles y que la institución mantiene procesos abiertos en múltiples entidades públicas.
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El caso Progen, sus sanciones, arbitraje y auditoría
El caso Progen comenzó con los contratos de emergencia que el gobierno firmó en agosto de 2024 para instalar motores térmicos en Salitral y Quevedo. Las adjudicaciones directas generaron críticas y, meses después, el Ministerio de Energía sancionó a la empresa por retrasos y entregas incompletas. Entre finales de mayo y comienzos de junio de 2025, Celec terminó unilateralmente ambos contratos.
Tras la terminación, Progen inició un arbitraje de emergencia contra Celec. El 2 de julio de 2025, el árbitro rechazó las medidas cautelares solicitadas por la empresa en el contrato de Quevedo y señaló que los plazos habían sido ampliamente superados. El arbitraje por Salitral continúa en trámite.
En paralelo, la Contraloría auditó los contratos y determinó un posible perjuicio de 100 millones de dólares, además de responsabilidades administrativas, civiles e indicios penales. También cuestionó el estado y origen de los equipos, lo que abrió un frente político en la Asamblea y profundizó las dudas sobre la contratación.
El caso Progen avanza con investigaciones administrativas, civiles y penales, según el Contralor General del Estado
Mauricio Torres afirmó que la Contraloría emitió responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal en el caso Progen.
Señaló que los indicios ya fueron entregados a la Fiscalía, que abrió la investigación y empezó la toma de versiones. Explicó que espera el desarrollo del proceso para conocer si la causa pasa a instrucción fiscal.
Indicó que la Contraloría se encuentra en la fase de predeterminación. Detalló que, una vez completado el debido proceso, se emitirán los títulos de crédito y se ejecutarán acciones para recuperar los recursos: embargo de bienes o cobro a través de cuentas bancarias de las personas involucradas.
Torres afirmó que este proceso busca recuperar el perjuicio millonario generado por la negociación con Progen. Enfatizó que, en el ámbito penal, la responsabilidad corresponde a la Fiscalía.
Otro caso Progen en Loja también presenta indicios de responsabilidad
El contralor informó que existe otro caso relacionado con Progen en Catamayo, provincia de Loja. Explicó que ya se comunicaron los resultados provisionales y que la investigación se refiere a la compra de generadores. Señaló que el resultado podría ser similar al de los casos anteriores.
Según la comunicación preliminar, en la Empresa Eléctrica de Loja existirían responsables administrativos, civiles e indicios de responsabilidad penal.
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Indicó además que se trata de un pago aproximado de 20 millones de dólares y que se está aplicando auditoría forense, con cuidado de la cadena de custodia y recopilación técnica de evidencias. Mencionó que el informe definitivo podría aprobarse en los primeros días de enero.
Contraloría realiza verificación preliminar por denuncias sobre el sistema Healthbird
Torres explicó que la Contraloría recibió varias denuncias sobre el sistema de agendamiento de citas Healthbird.
Afirmó que se dispuso una verificación preliminar, conforme al artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría. Detalló que el equipo recopila información técnica, contractual y precontractual para determinar si corresponde iniciar un examen especial.
Señaló que no solo existe una denuncia de la asambleísta Veloz, sino de otros legisladores y ciudadanos. Indicó que algunas denuncias pueden no tener sustento, motivo por el que la verificación preliminar permite definir el alcance y el personal necesario. Explicó que los resultados se conocerán en los próximos días.
Exámenes en hospitales, seguridad social y otros sectores
El contralor afirmó que existen exámenes en salud pública y seguridad social. Mencionó el caso del Hospital Monte Sinaí, donde la Contraloría identificó responsabilidades administrativas, civiles y penales, con una responsabilidad civil cercana a los 4 millones de dólares. Señaló que hay autoridades involucradas.
Indicó que también hay exámenes en prestadores de seguros de la regional 8, en unidades del IESS —como el sur de Quito— y en otros procesos de contratación pública. Afirmó que, pese a la falta de personal, se cubre gran parte del plan de control y que habrá más resultados en hospitales y en el Ministerio de Salud.
Hallazgos en municipios, Metro de Quito y Trolebús
Torres señaló que la Contraloría trabaja en múltiples municipios debido a problemas detectados. Mencionó exámenes relacionados con el Metro de Quito, cuyo informe está por aprobarse.
Indicó que no se logró justificar la evasión de la contratación pública y que existen responsabilidades por el uso de métodos que evitaron el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública. Afirmó que también hay indicios de responsabilidad penal.
Explicó que en el Trolebús ocurre una situación similar, con hallazgos que incluyen posibles responsabilidades penales.
Procesos en Petroecuador, CNT y CELEC
El contralor indicó que en Petroecuador existe un examen sobre la compra de un terreno en Esmeraldas, cuyo valor era 60 000 dólares, pero se habrían pagado 2 millones de dólares. Dijo que las responsabilidades están casi listas y que habrá indicios de penal.
En CNT mencionó un examen con glosas por 12 millones de dólares, relacionado con el caso conocido como ‘Disney’. Añadió otro examen sobre la compra del sistema Morris, adquirido por cerca de 4,5 millones de dólares, que debía venderse a entidades públicas. Señaló que el sistema no funciona y no ha sido vendido, por lo que se determinarán responsabilidades.
Respecto a Celec, indicó que se investigan compras de generadores.
Aclaró que Progen forma parte de los exámenes actuales, pero que hay otros casos de 2021, 2023 y distintos períodos, debido a que la Contraloría puede auditar hasta siete años atrás.
Balance de dos años de gestión en Contraloría
Torres afirmó que en dos años se modernizó y tecnificó la institución. Señaló que, con poco personal auditor, se han realizado cerca de 2 230 exámenes.
Afirmó que se han entregado cerca de 640 informes a la Fiscalía y que se han recuperado aproximadamente 50 millones de dólares.
Mencionó que, en comparación, antes se recuperaban alrededor de 5 millones anuales. Sostuvo que en 2024 la recuperación fue de 18 millones y que este año se acercaría a 40 millones.
Indicó que la imagen institucional se está recuperando y mencionó que incluso existen servidores de la Contraloría detenidos. Señaló que un exservidor rindió versiones anticipadas que involucran a otras personas.
Indicios penales contra alcaldes, prefectos, concejales y otras autoridades
Torres explicó que existen 326 declaraciones juramentadas examinadas. Indicó que de 31 alcaldes, prefectos y concejales revisados, 20 tienen indicios de responsabilidad penal por no justificar su patrimonio.
Señaló que se han realizado exámenes a exasambleístas, de los cuales seis informes están aprobados y uno tiene indicios de penal. Mencionó 144 exámenes a jueces y fiscales, con 72 indicios de penal. Añadió que incluso en la propia Contraloría se han realizado exámenes y que siete de doce tienen indicios de penal.
Indicó que los indicios penales se envían a Fiscalía y que la investigación posterior es reservada.
Procesos en municipios con enfoque en casos recientes
Torres mencionó exámenes en Manta y Durán. En Talento Humano de un GAD, explicó que se investigan pagos a un jefe de una banda GDO que continúa recibiendo remuneración pese a estar detenido.
Afirmó que los exámenes siguen en curso en distintos niveles y que la institución mantiene procesos abiertos en múltiples entidades públicas.
- Información extra: Contraloría General del Estado
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