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Adrián Z. Rivero
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Aunque la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) permitió abrir la competencia en dos millonarias compras tecnológicas, estas finalmente terminaron adjudicadas a proveedores de Cisco, marca a la que estaban dirigidas desde un inicio.
Se trata de dos licitaciones, una promovida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y otra por el Ministerio de Hacienda, para adquirir soluciones de ciberseguridad. Sin embargo, desde el comienzo del proceso, ambas instituciones hacían referencias explícitas a la plataforma Cisco Umbrella.
En el caso del MEP, la descripción de la compra era “Adquisición de Licencias Umbrella”, mientras que, en el de Hacienda, era “Solución para el servicio a nivel de filtrador Web Cisco Umbrella Secure Internet Gateway (Sig) Advantage Package”. Las compras se pueden ubicar en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), respectivamente, en los expedientes 2025LY-000009-0007300001 y 2025LY-000007-0009100001.
Ante la situación, la empresa Millicom Cable Costa Rica Sociedad Anónima (cuyo nombre comercial es Tigo), proveedora de soluciones Cloudflare, objetó ambos pliegos de condiciones, pidiendo a la CGR que se abriera la posibilidad de que otros fabricantes pudiesen ser considerados.
Los reclamos y las resoluciones del ente contralor desembocaron en una apertura de los carteles que finalmente permitió a varias firmas participar, pero, de cualquier forma, ambas licitaciones se adjudicaron a distribuidores de Cisco, lo cual dio lugar a apelaciones al proceso que, si bien fueron rechazadas de plano (sin entrar a analizar el fondo) por la Contraloría, dejan constancia de graves señalamientos por supuestas irregularidades.
Compra en el MEP
La licitación en el MEP fue adjudicada a Datasys Group (Cisco) por ₡1.118,7 millones, mientras que la de Millicom (Cloudflare) —descalificada por un incumplimiento técnico— era de ₡455 millones; es decir ₡663,7 millones (59,3% menor) menos que la adjudicada.
Luego de conocer el resultado, Millicom presentó una apelación en la cual argumenta que, desde la decisión inicial, el MEP ya estaba “alineando la decisión «técnica» y el pliego al fabricante Cisco de Estados Unidos de América”.
Además, el apelante señaló que, también en el documento de la decisión inicial, el MEP reconoció que tuvo reuniones previas con representantes de Cisco.
En dicho oficio ministerial, revisado por UNIVERSIDAD, efectivamente queda constancia de reuniones entre funcionarios del MEP y el fabricante, que supuestamente sirvieron para “perfilar tipos de empresas nacionales que cuentan con las características para ofrecer este servicio”. Como Cisco no participa directamente en licitaciones costarricenses, a pesar de tener oficinas locales, sus productos son ofrecidos a través de revendedores o partners, como Datasys Group.
Para Tigo, desde el momento en que el MEP se reunió con Cisco, “la voluntad del funcionario queda ya viciada por la deformación en su razonamiento, ya no teniendo como primordial el interés público y el cumplimiento normativo, sino anteponiendo el interés de la empresa privada transnacional representada por canales de venta, como la empresa adjudicada”.
“Las reuniones documentadas con el fabricante concuerdan con el desvío de los actos hacia la adjudicación de Cisco, y son parte de una cadena de actos ilegales, incluso en endilgarle a nuestra oferta incumplimientos inexistentes”, argumentó Millicom, quien también sostuvo que “la empresa privada Cisco fue la asesora y consejera de los funcionarios públicos de mayor protagonismo y tomadores de decisiones” en la licitación.
El reclamante incorporó otros motivos en su apelación, como un supuesto trato desigual entre su oferta y la adjudicada, pero finalmente la CGR no analizó si los argumentos tenían mérito, pues rechazó de plano el recurso por “improcedencia manifiesta” al considerar que Tigo tenía “falta de legitimación” para apelar, debido a que no podía ser elegida por tener incumplimientos técnicos.
El MEP fue consultado sobre este tema, no obstante, al cierre de edición la gestión seguía en trámite.
El caso en Hacienda
En el Ministerio de Hacienda, el ganador de la licitación fue la empresa GBM, partner de Cisco que ofertó un precio de unos ₡60 millones, colocándose esta vez como el más bajo de todos.
Millicom, que nuevamente apeló el resultado, presentó una propuesta de unos ₡70,6 millones. En su nuevo reclamo, habla de un “favorecimiento marcado” para Cisco e interpretaciones ilegales a la hora de verificar el cumplimiento de la oferta.
“No cabe duda sobre la distorsión en la voluntad de los funcionarios públicos encargados de esta licitación, quienes con el fin de mantener al fabricante Cisco, están dispuestos a faltar a la verdad, incluso a prevaricar, sin temor alguno de la Ley”, señaló el apelante.
Uno de los puntos que Tigo sostiene en esta línea argumentativa es que existe un análisis legal, en el que se verifica el cumplimiento de las ofertas, que es firmado por la funcionaria Andrea Corazzari, quien no es profesional en Derecho.
UNIVERSIDAD verificó de forma independiente que Corazzari no es abogada y el propio Ministerio de Hacienda confirmó que su profesión es Administración de Negocios con un posgrado en Gestión de Compras Públicas. Pese a que no es experta en Derecho, el ministerio defendió que su funcionaria está “ampliamente capacitada para la verificación del cumplimiento de los requerimientos legales”.
Además, el ministerio aseguró que tiene como “único interés la contratación de soluciones que satisfagan los requerimientos técnicos e institucionales definidos para proteger la infraestructura tecnológica del Estado, garantizando siempre el cumplimiento de la normativa vigente y la igualdad de oportunidades para todos los oferentes”.
Sobre la supuesta “distorsión en la voluntad de los funcionarios públicos”, Hacienda argumentó que el propio ente contralor consideró que esas manifestaciones no tenían prueba suficiente y que las eventuales conductas fraudulentas correspondería investigarlas a las autoridades judiciales.
En esta apelación, la Contraloría rechazó de plano el recurso porque consideró que existió “falta de fundamentación” en los argumentos de Tigo, por lo cual no entró a analizar el fondo.
Por su parte, Millicom luego pidió a la CGR que anule su resolución, al considerar que la entidad omitió “pronunciarse sobre argumentos esenciales de la apelación”.
“La resolución adolece de un silencio absoluto e injustificado sobre hechos técnicos y jurídicos debidamente señalados en el recurso de apelación, los cuales eran determinantes para la exclusión del oferente adjudicado”, sostiene el apelante.
Se enviaron consultas a Cisco sobre lo planteado en este artículo, sin embargo, no contestó antes del cierre de edición.
La entrada Contraloría obligó a abrir contratos dirigidos a Cisco por el MEP y Hacienda, pero igual se adjudicaron a esa marca aparece primero en Semanario Universidad.
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