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Gladys Rivadeneira
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La Contraloría detectó un perjuicio millonario en la compra de terrenos para la Refinería de Esmeraldas, según informó este viernes 19 de diciembre de 2025; la institución también estableció indicios de responsabilidad penal.
La Contraloría General del Estado (CGE) estableció un perjuicio económico de 10,1 millones de dólares y determinó indicios de responsabilidad penal en la adquisición de terrenos realizada en octubre de 2023 para el cinturón de seguridad de la Refinería de Esmeraldas, por parte de Petroecuador.
El organismo aprobó el informe No. DNA4-SEyEP-0023-2025, correspondiente al examen especial a este proceso.
Como resultado de la acción de control, la Contraloría sugirió imponer multas por 27 000 dólares y determinar glosas por 10 105 300 dólares.
Le puede interesar: Contraloría iniciará auditorías al IESS
El organismo de control analizó operaciones efectuadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
Además, se aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) para su envío a la Fiscalía General del Estado.
El informe de auditoría señala que el gerente de Refinación encargado, en funciones entre el 19 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024, declaró de utilidad pública a dos predios rurales de 13,71 y 27,10 hectáreas, ubicados en las parroquias Vuelta Larga y Simón Plata Torres.
La operación se efectuó sin los certificados de avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio de Esmeraldas y sin la delegación del gerente general de la empresa pública.
Más noticias: Contraloría indica cambio en informe de pertinencia en la contratación estatal con la Ley de Integridad Pública
Durante la negociación realizada en octubre de 2023, la Jefatura de Contratos y la Subgerencia de Finanzas fijaron el precio de los inmuebles sin contar con el certificado de avalúo otorgado por la autoridad municipal competente.
El proceso concluyó con el pago de 10 164 118,37 dólares a los propietarios.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el monto legal de adquisición debía calcularse sumando un 10 % al avalúo catastral de 53 471,25 dólares.
Esto fija el valor en 58 818,38 dólares.
La responsabilidad civil sugerida por la Contraloría corresponde a la diferencia de 10 105 300 dólares entre el desembolso efectuado y el valor legal conforme a la normativa vigente al momento de la negociación.
Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía para la investigación de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública.
Informe externo: Contraloría
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El millonario perjuicio detectado por la Contraloría en la compra de terrenos para la Refinería de Esmeraldas
La Contraloría General del Estado (CGE) estableció un perjuicio económico de 10,1 millones de dólares y determinó indicios de responsabilidad penal en la adquisición de terrenos realizada en octubre de 2023 para el cinturón de seguridad de la Refinería de Esmeraldas, por parte de Petroecuador.
El organismo aprobó el informe No. DNA4-SEyEP-0023-2025, correspondiente al examen especial a este proceso.
Multas, glosas y envío del informe a la Fiscalía
Como resultado de la acción de control, la Contraloría sugirió imponer multas por 27 000 dólares y determinar glosas por 10 105 300 dólares.
Le puede interesar: Contraloría iniciará auditorías al IESS
El organismo de control analizó operaciones efectuadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
Además, se aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) para su envío a la Fiscalía General del Estado.
Declaratoria de utilidad pública sin avalúos ni delegación
El informe de auditoría señala que el gerente de Refinación encargado, en funciones entre el 19 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024, declaró de utilidad pública a dos predios rurales de 13,71 y 27,10 hectáreas, ubicados en las parroquias Vuelta Larga y Simón Plata Torres.
La operación se efectuó sin los certificados de avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio de Esmeraldas y sin la delegación del gerente general de la empresa pública.
Más noticias: Contraloría indica cambio en informe de pertinencia en la contratación estatal con la Ley de Integridad Pública
Durante la negociación realizada en octubre de 2023, la Jefatura de Contratos y la Subgerencia de Finanzas fijaron el precio de los inmuebles sin contar con el certificado de avalúo otorgado por la autoridad municipal competente.
Diferencia entre lo pagado y lo permitido por la ley
El proceso concluyó con el pago de 10 164 118,37 dólares a los propietarios.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el monto legal de adquisición debía calcularse sumando un 10 % al avalúo catastral de 53 471,25 dólares.
Esto fija el valor en 58 818,38 dólares.
Presunto delito contra la administración pública
La responsabilidad civil sugerida por la Contraloría corresponde a la diferencia de 10 105 300 dólares entre el desembolso efectuado y el valor legal conforme a la normativa vigente al momento de la negociación.
Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía para la investigación de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública.
Informe externo: Contraloría
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