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Gabriela Quiroz
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El Hospital General Monte Sinaí enfrenta un nuevo escándalo. La Contraloría General del Estado aprobó el informe DNA7-SySS-070-2025 tras revisar 43 procesos de contratación. Las operaciones auditadas suman 17 647 379 dólares y se realizaron, entre enero de 2022 y mayo de 2025.
El examen especial sugiere responsabilidades civiles por 3 784 616,26 dólares y administrativas por
otros 222 840 dólares. Las irregularidades se relacionan con contratos de gestión de desechos hospitalarios, adquisición de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio.
Entre los hallazgos más graves, se detectó la salida de 1 344 062 unidades de reactivos sin respaldo médico. El destino de materiales valorados en 3 598 185 dólares sigue sin explicación.
Además, 42 informes de necesidad omitieron parámetros básicos como stock y consumo mensual. En 38 informes las cantidades difirieron de lo aprobado en las actas del Comité Técnico de Farmacoterapia. Estas fallas impiden confirmar si la compra de 1 205 ítems respondió a necesidades reales.
La auditoría también identificó un perjuicio de 124 390 97 dólares por inconsistencias en el pesaje de desechos hospitalarios. En medicamentos, se hallaron diferencias en lotes de Magaldrato y tabletas Cbcal que generaron un daño patrimonial de 47 674,33 dólares.
Otros contratos incluyeron 7 800 insumos para determinaciones de Hepatitis A y gasometría con menos de tres meses de vida útil, lo que ocasionó un perjuicio de 22 014,25 dólares. Pese a que los contratos exigían una vigencia mínima de 12 meses. Esta situación, aceptada en las actas de entrega sin garantías de canje, comprometió la sensibilidad técnica de las pruebas y ocasionó que no se justifique el uso y destino de 5 143 unidades.
También se identificó el vínculo operativo y familiar (consanguinidad de primer y tercer grado) entre tres oferentes que participaron en dos procesos para la compra de reactivos. Esta relación, no declarada, permitió que las compañías aseguraran la adjudicación de contratos.
La Contraloría remitió los indicios penales a la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles delitos vinculados a estos contratos.
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La auditoría también identificó un perjuicio de 124 390 97 dólares por inconsistencias en el pesaje de desechos hospitalarios. En medicamentos, se hallaron diferencias en lotes de Magaldrato y tabletas Cbcal que generaron un daño patrimonial de 47 674,33 dólares.
Otros contratos incluyeron 7 800 insumos para determinaciones de Hepatitis A y gasometría con menos de tres meses de vida útil, lo que ocasionó un perjuicio de 22 014,25 dólares. Pese a que los contratos exigían una vigencia mínima de 12 meses. Esta situación, aceptada en las actas de entrega sin garantías de canje, comprometió la sensibilidad técnica de las pruebas y ocasionó que no se justifique el uso y destino de 5 143 unidades.
También se identificó el vínculo operativo y familiar (consanguinidad de primer y tercer grado) entre tres oferentes que participaron en dos procesos para la compra de reactivos. Esta relación, no declarada, permitió que las compañías aseguraran la adjudicación de contratos.
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