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Daniela Muñoz Solano
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La Contraloría General de la República confirmó este miércoles 25 de febrero que está realizando una investigación sobre el programa Puntos Violeta del Instituto Nacional de las Mujeres.
Se trata del proyecto estrella de la exministra de la condición de la mujer, Cindy Quesada, que consistía en la apertura de al menos 30 “centros de denuncias” a lo largo y ancho todo el país donde podrían ser mujeres víctimas de acoso sexual.
No obstante, según dio a conocer UNIVERSIDAD en mayo pasado, un informe de auditoría de la misma entidad reveló que en el marco del programa se habían gastado cientos de millones de colones sin controles ni resultados verificables.
Al momento en que se emitió el informe, tras el primer año del programa —entre setiembre del 2023 y hasta finales del 2024— se habían gastado ₡534.484.256 su implementación más ₡392.873.789 en campañas de comunicación, pero solo se habían realizado 4.754 atenciones.
Luego de que este semanario diera a conocer el informe, la comisión legislativa de Asuntos de la Mujer abrió un expediente de investigación para indagar sobre los costos del programa y las contrataciones asociadas al mismo, así como sobre los resultados que se esperaban del mencionado programa.
Justamente como parte de esa investigación es que fue convocada la contraloría para referirse a los hallazgos de la auditoría interna y las acciones de seguimiento que se emprendieron tras su emisión.
Recién comenzando la comparecencia el subcontralor general de la República, Bernal Aragón, informó que no podían referirse directamente al informe de la auditoría pues estaba siendo contemplado como parte de una investigación que está activa en la Contraloría. Más bien la institución procedió a realizar una exposición sobre la situación que enfrenta el país en materia de violencia contra las mujeres y la fiscalización que se ha realizado sobre las entidades estatales encargadas de atender ese tema.
Carolina Retana, Gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la CGR, se refirió entonces al aumento en la incidencia de la violencia contra las mujeres y la crisis de femicidios que vive el país y recordó la enorme cantidad de normativas que el país ha promulgado o adoptado (en el caso de convenios internacionales) que obliga a la protección especial de las mujeres frente a la violencia sexista.
Seguidamente resumió los resultados obtenidos por parte de la entidad sobre la fiscalización de las instituciones estatales encargadas de atender el tema violencia de género, destacando que en años recientes se ha dado una baja en la calidad de la información que se reporta, se han dado menores niveles de cumplimiento de la política nacional contra la violencia hacia las mujeres y se ha fallado en la implementación de un enfoque interseccional en la atención de violencia.
La funcionaria puntualizó que en materia de planificación han habido severas fallas pues no se han contemplado los recursos necesarios y no se ha cumplido con el reporte de cumplimiento a cabalidad, al tiempo que señaló que han faltado espacios de diálogo con las organizaciones de sociedad civil.
Retana concluyó que no se ha llevado a cabo una evaluación de los efectos e impactos de la política pública que implementa el Inamu, lo que implica que “se siguen desarrollando acciones de política pública sin que se conozca si están siendo efectivas para la disminución de la violencia contra las mujeres”.
Varias diputadas hicieron eco de las críticas de la contraloría y apuntaron como ejemplo el “despilfarro” de Puntos Violeta dónde se gastaron millones sin resultados comprobables. Además las legisladoras celebraron que se estuviera realizando una investigación por parte de la contraloría, señalando la gravedad de los hechos.
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