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Fabiola Pomareda García
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Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) advirtió que su gestión incumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, así como buenas prácticas en materia de seguridad portuaria para garantizar la seguridad de las personas, activos y la operación de los puertos ante diversos riesgos.
La auditoría, que abarca el periodo entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025, señaló que no existen políticas públicas en seguridad portuaria ni un marco estratégico formalmente establecido, “lo que coloca al país en una situación de vulnerabilidad, que impide contar con estrategias claras para prevenir riesgos, responder eficazmente a amenazas y proteger las instalaciones portuarias”.
Asimismo, el análisis concluyó que el tema de seguridad portuaria “no ha sido priorizado por parte del MOPT con la relevancia que requiere la materia”, y que esta falta de priorización “se observa en la ausencia de un liderazgo político-estratégico por parte del ministro, en su rol rector, en la carente definición de políticas públicas, objetivos y metas que orienten la seguridad portuaria”.
“Esta situación aumenta la probabilidad de que las medidas adoptadas sean insuficientes para enfrentar amenazas como el narcotráfico, terrorismo y ciberdelincuencia, lo que compromete la continuidad operativa de los puertos y eleva el riesgo de sanciones o restricciones internacionales, así como la reputación del país”, afirmó la auditoría “Gestión de la seguridad portuaria” (DFOE-CIU-IAD-00009-2025), publicada el 12 de diciembre.
No se cumple atención 24/7
La Dirección de Navegación y Seguridad Acuática (DNSA) es el órgano técnico especializado adscrito a la División Marítimo-Portuaria (DMP), que es la dependencia del MOPT encargada de velar por la seguridad portuaria y de la navegación.
Sin embargo, la auditoría denunció una débil gestión de recursos de la DNSA, que no garantiza el cumplimiento de sus funciones esenciales; pero además esta situación se agravó con recientes reformas que asignaron funciones adicionales a la DNSA, como la Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y la creación de nuevas capitanías de puerto, las cuales aún no han entrado en operación.
La DNSA ha reconocido la carencia de la “cantidad y tipo de personal” requeridos para el adecuado desarrollo de sus competencias. Otro informe de la Auditoría General del MOPT (DAG-I-02-2025) también señaló la escasez de recursos y el incumplimiento en la realización de un estudio integral sobre las necesidades de personal, presupuesto y logística.
Por ejemplo, la reforma establecida en el Decreto N.º 45103-MOPT dispuso la creación de nuevas Capitanías de Puerto en las regiones Huetar Norte y Central para descentralizar servicios; pero estas oficinas aún no están operando, según la CGR. Tampoco se está cumpliendo la atención permanente bajo el estándar de 24/7 que exige el decreto en las capitanías de Moín y Puntarenas.
Otra problemática detectada es la alta cantidad de interinatos, ya que 19 de 55 plazas (34%) son interinas, lo que provoca inestabilidad y fragilidad operativa, considerando la especialización requerida para las funciones que normativamente le corresponde efectuar a la DNSA.
A esto se agrega que a agosto de 2025 se registran seis plazas vacantes, una en la DMP y cinco en Capitanías de Puerto (tres en Moín y dos en Puntarenas), lo cual podría afectar el servicio impidiendo cumplir con las jornadas continuas de 24 horas legalmente establecidas para estas capitanías.
Evaluaciones no se actualizan desde hace 20 años
La Contraloría también reveló que la DNSA ha dejado de lado el fortalecimiento integral de los puertos del país, en la actualización periódica de las Evaluaciones de Protección de las Instalaciones Portuarias (EPIP) y de los Planes de Protección de las Instalaciones Portuarias (PPIP).
“En general, las diferentes instalaciones portuarias presentan deficiencias similares en documentación, infraestructura, inspección de personas y vehículos y Planes de Protección, destaca el documento.
Además, en tres de las siete instalaciones portuarias, la EPIP no se ha actualizado desde hace 20 años, por lo que estas evaluaciones se consideran desfasadas y requieren una actualización integral.
La auditoría resaltó que la DNSA continuó emitiendo la Declaración de Cumplimiento a las instalaciones portuarias, aunque, de 320 recomendaciones dirigidas a los siete operadores entre enero de 2023 y julio de 2025, 50 permanecen sin atender y 40 no tienen registro de su estado de cumplimiento.
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