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Adrián Z. Rivero
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La Contraloría General de la República (CGR) abrió una investigación en la que busca “determinar los hechos y las eventuales responsabilidades que correspondan” en relación con la aprobación del Reglamento del Régimen Salarial Académico (RRSA) en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Así lo indicó el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la CGR, tras consultas de UNIVERSIDAD sobre el oficio DFOE-CAP-0621, en el cual el ente contralor ordenó a la UCR anular ocho reglas en el reglamento citado que permitían a los académicos trasladarse al salario global y recibir mayores salarios.
“Se determinó que las reglas de transición de salario compuesto a global, aprobadas en la sesión N.° 6768 del 14 de diciembre de 2023, contravienen la Ley Marco de Empleo Público, N.° 10159. Dicha infracción expone a la Hacienda Pública a riesgos patrimoniales y operativos que la Administración universitaria debe mitigar de forma inmediata”, dice el oficio DFOE-CAP-0621, dirigido al Consejo Universitario (CU).
En dicha sesión, votaron a favor del reglamento cuestionado el actual rector y entonces miembro del CU, Carlos Araya, así como Eduardo Calderón, Patricia Fumero, Jaime Caravaca, Natasha García, Valeria Bolaños, Germán Vidaurre y Carmela Velásquez, quienes en ese momento integraban el órgano colegiado. En contra del acuerdo estuvieron el exrector Gustavo Gutiérrez y los miembros William Méndez, Stephanie Fallas y Carlos Palma.
La Contraloría no especificó las personas a las que se investiga ni dio más detalles debido a los artículos 6 y 8 de la Ley General de Control Interno y Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Los traslados anulados
La Ley 10.119, vigente desde marzo de 2023, establece la creación de un régimen de salario global como forma de remuneración en el sector público, sustituyendo al salario compuesto (base + pluses) históricamente utilizado.
Las universidades públicas, debido a su autonomía constitucional, tuvieron la posibilidad de quedar fuera del régimen creado por el Ejecutivo y, en cambio, definir su propio salario global, siempre apegado a la norma.
Una de las disposiciones de esta ley es que los funcionarios con salario compuesto menor al nuevo esquema global no pueden trasladarse de régimen sino hasta que alcancen la escala correspondiente mediante aumentos paulatinos por coste de vida o anualidades.
Sin embargo, en el RRSA, la UCR habilitó ocho formas para que los funcionarios con salarios compuestos menores al global pudiesen pasar de un régimen a otro y con ello obtener una mejor remuneración, mediante cuatro transitorios que ahora la Contraloría determinó que son ilegales.
Por ejemplo, se posibilitó que los funcionarios en puestos de elección de autoridades universitarias pudiesen solicitar su traslado de régimen durante o al concluir su gestión y también se abrió la opción para quienes renunciaran al beneficio de dedicación exclusiva.
Además de estas, existían otras seis vías para trasladarse de un régimen a otro, sin embargo, para la CGR, todas ellas son contrarias a la Ley Marco de Empleo Público, por lo que ordenó al CU eliminarlas de la normativa universitaria.
Al respecto, el director del CU, Keilor Rojas, explicó a UNIVERSIDAD que este martes 23 de junio se aprobó y puso en consulta la nueva versión del RRSA, en el cual se atiende la orden de la Contraloría. “Creemos que hemos subsanado absolutamente todo e inclusive agregamos algunas cosas para especificar y darle más precisión y certeza. También incluimos información de dos estudios actuariales también para darle respaldo a la sostenibilidad del sistema”, señaló Rojas, quien comentó que desde hace más de un año se venía trabajando en la nueva versión.
El director del CU agregó que los cuatro transitorios cuestionados por la CGR fueron eliminados y que, además, en conversaciones con la Administración de la UCR, esta indicó que “muchos de esos ya habían cumplido sus fines”. “Un transitorio no es para toda la vida, entonces ya no aparecen en la nueva versión, eliminamos todo lo referente a la voluntariedad”, señaló el académico.
Recuperación de recursos
En sus respuestas al Semanario, el órgano contralor señaló que, aunque su orden fue ajustar el reglamento salarial, “eliminando cualquier modalidad de traslado voluntario no prevista en la Ley Marco de Empleo Público”, a la Administración de la UCR le corresponde hacer las valoraciones sobre las consecuencias de esta disposición.
“Cualquier valoración sobre situaciones particulares, eventuales efectos derivados de esos traslados o posibles acciones de recuperación de recursos corresponde a la Administración universitaria, en el marco de sus competencias, su régimen jurídico aplicable y los procedimientos que correspondan”, indicó la CGR. Sobre este tema, UNIVERSIDAD envió una serie de consultas a la Rectoría de la UCR, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.
Por su parte, el director del CU señaló que, aunque la Administración es la que tiene todos los detalles, la información que él tiene es que serían alrededor de 30 personas las que se movilizaron de un régimen a otro por los transitorios anulados.
“Para esas personas habrá que ver qué nos dice la Contraloría, si hay que tomar alguna medida. Es difícil que se devuelvan, pero, en analogía a otros procesos, probablemente tendrán que hacer algún arreglo con la Administración, pero esto es aventurarse”, agregó Rojas.
El miembro del CU fue enfático en que este órgano ya está cumpliendo con los ajustes que ordenó la CGR y señaló que todo el proceso se ha documentado rigurosamente.
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