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Fernando Ramírez
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Francisco Griño, miembro del Consejo Directivo de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), explicó que el mecanismo de factoraje propuesto por el Ministerio de Economía permitiría convertir parte de la deuda en pagos financiados a tres años a través del sistema financiero.
El Estado asumiría los intereses de esta operación, lo que representa un avance respecto a conversaciones previas. Sin embargo, el monto estimado —alrededor de US$ 150 millones— solo cubriría parcialmente la deuda total del sector.
Gremios de la construcción crean “comité de guerra” para analizar el factoraje
Griño recordó que las constructoras vienen absorbiendo los costos financieros desde hace tiempo, utilizando capital propio o recurriendo a proveedores para poder continuar con las obras.
Indicó que existen certificados de pago con atrasos de entre cuatro y seis meses, incluso en proyectos con financiamiento externo ya asegurado, lo que calificó como una situación inusual.
Capaco: en toda la historia del MOPC nunca se llegó al nivel actual de deuda con constructoras
El representante de Capaco detalló que mensualmente se certifican obras por unos US$ 60 millones, mientras que los desembolsos del Gobierno rondan entre US$ 35 y 40 millones.
Esta brecha genera un incremento sostenido de la deuda, estimado en unos US$ 15 millones por mes, lo que podría agravarse a medida que avancen proyectos de mayor envergadura.
Empresas constructoras ya alertan sobre un “default selectivo interno”
Uno de los principales cuestionamientos del sector es que el presupuesto destinado a infraestructura no cubre el ritmo de obras ya licitadas.
Según Griño, aunque el presupuesto del MOPC ronda los US$ 650 millones, el monto disponible para obras sería insuficiente considerando la deuda acumulada —cercana a US$ 250 millones, más unos US$ 100 millones en intereses—.
Advirtió que, de mantenerse esta situación, el país podría cerrar el año nuevamente con una deuda cercana a US$ 300 millones.
Constructoras advierten posible paralización de obras públicas por deuda del Gobierno
El dirigente alertó que varias empresas ya enfrentan serias dificultades financieras, e incluso algunas se encuentran en proceso de convocatoria de acreedores.
“Estamos contra el tiempo”, afirmó, al insistir en la urgencia de implementar soluciones concretas que permitan inyectar liquidez al sector.
Griño también cuestionó que, pese a existir recursos de financiamiento externo disponibles, los desembolsos se ven limitados por las reglas de responsabilidad fiscal.
Explicó que, aunque los fondos estén asegurados, su ejecución impacta en el déficit fiscal, lo que restringe los pagos y agrava la situación de las empresas.
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El Estado asumiría los intereses de esta operación, lo que representa un avance respecto a conversaciones previas. Sin embargo, el monto estimado —alrededor de US$ 150 millones— solo cubriría parcialmente la deuda total del sector.
Gremios de la construcción crean “comité de guerra” para analizar el factoraje
Empresas financian obras con recursos propios
Griño recordó que las constructoras vienen absorbiendo los costos financieros desde hace tiempo, utilizando capital propio o recurriendo a proveedores para poder continuar con las obras.
Indicó que existen certificados de pago con atrasos de entre cuatro y seis meses, incluso en proyectos con financiamiento externo ya asegurado, lo que calificó como una situación inusual.
Capaco: en toda la historia del MOPC nunca se llegó al nivel actual de deuda con constructoras
Déficit mensual incrementa la deuda
El representante de Capaco detalló que mensualmente se certifican obras por unos US$ 60 millones, mientras que los desembolsos del Gobierno rondan entre US$ 35 y 40 millones.
Esta brecha genera un incremento sostenido de la deuda, estimado en unos US$ 15 millones por mes, lo que podría agravarse a medida que avancen proyectos de mayor envergadura.
Empresas constructoras ya alertan sobre un “default selectivo interno”
Presupuesto no alcanza para obras ya comprometidas
Uno de los principales cuestionamientos del sector es que el presupuesto destinado a infraestructura no cubre el ritmo de obras ya licitadas.
Según Griño, aunque el presupuesto del MOPC ronda los US$ 650 millones, el monto disponible para obras sería insuficiente considerando la deuda acumulada —cercana a US$ 250 millones, más unos US$ 100 millones en intereses—.
Advirtió que, de mantenerse esta situación, el país podría cerrar el año nuevamente con una deuda cercana a US$ 300 millones.
Constructoras advierten posible paralización de obras públicas por deuda del Gobierno
Riesgo de colapso en empresas del sector
El dirigente alertó que varias empresas ya enfrentan serias dificultades financieras, e incluso algunas se encuentran en proceso de convocatoria de acreedores.
“Estamos contra el tiempo”, afirmó, al insistir en la urgencia de implementar soluciones concretas que permitan inyectar liquidez al sector.
Condicionamientos fiscales traban pagos
Griño también cuestionó que, pese a existir recursos de financiamiento externo disponibles, los desembolsos se ven limitados por las reglas de responsabilidad fiscal.
Explicó que, aunque los fondos estén asegurados, su ejecución impacta en el déficit fiscal, lo que restringe los pagos y agrava la situación de las empresas.
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