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Giovanni Astudillo
Guest
El Gobierno de Ecuador, empleadores y trabajadores fijaron por consenso el Salario Básico Unificado (SBU) de 2026 en 482 dólares mensuales. Es un incremento de 12 dólares respecto al vigente de 470 dólares.
La importancia de este consenso no es menor. En años anteriores, la definición del salario fue una tarea en muchos casos unilateral del Ejecutivo, generando tensiones entre los sectores productivos y laborales.
Para las familias ecuatorianas, el alza representa una respuesta, aunque limitada, frente a la pérdida de poder adquisitivo por el alza de precios en bienes básicos y servicios.
Si bien la inflación proyectada para 2026 es relativamente moderada, las necesidades de los hogares son significativas. Para muchos trabajadores el salario está por debajo de la canasta familiar mínima.
Desde la perspectiva de las empresas, el incremento no amenaza la sostenibilidad empresarial ni la creación de empleo formal. Sectores productivos habían argumentado que aumentos exagerados podrían tensionar los costos laborales e incentivar el empleo informal, un desafío estructural que persiste en Ecuador.
Un ajuste de 12 dólares -equivalente a alrededor de un 2,5 %- procura equilibrar las cargas sin generar perturbaciones económicas sustanciales.
Los indicadores macroeconómicos, incluidos niveles de inflación controlados y proyecciones de crecimiento, facilitaron una definición técnica prudente. Además, la dinámica económica reciente ha permitido cierta estabilidad, aunque persisten retos en productividad y formalización.
El Salario Básico Unificado es solo una parte de un sistema salarial más amplio que incluye salarios sectoriales que responden a realidades productivas diversas.
El fortalecimiento de estos esquemas y las políticas complementarias de empleo, capacitación y productividad son cruciales. De esa forma, no solo se garantiza que se reajusten los salarios nominales, sino que también mejoren las condiciones reales de vida y trabajo.
El debate salarial no puede ni debe agotarse en la cifra del Salario Básico Unificado. La tarea pendiente es generar nuevas fuentes de empleo adecuado y sostenible en Ecuador.
Sin una expansión real del empleo formal, cualquier incremento salarial beneficiará solo a quienes ya están dentro del sistema. Y quedan al margen los jóvenes y trabajadores informales.
La política pública debe enfocarse en crear condiciones para la inversión, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y el aumento de la productividad. De este modo, más ecuatorianos accederán a trabajos con estabilidad, derechos y seguridad social.
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La importancia de este consenso no es menor. En años anteriores, la definición del salario fue una tarea en muchos casos unilateral del Ejecutivo, generando tensiones entre los sectores productivos y laborales.
Para las familias ecuatorianas, el alza representa una respuesta, aunque limitada, frente a la pérdida de poder adquisitivo por el alza de precios en bienes básicos y servicios.
Si bien la inflación proyectada para 2026 es relativamente moderada, las necesidades de los hogares son significativas. Para muchos trabajadores el salario está por debajo de la canasta familiar mínima.
Desde la perspectiva de las empresas, el incremento no amenaza la sostenibilidad empresarial ni la creación de empleo formal. Sectores productivos habían argumentado que aumentos exagerados podrían tensionar los costos laborales e incentivar el empleo informal, un desafío estructural que persiste en Ecuador.
Un ajuste de 12 dólares -equivalente a alrededor de un 2,5 %- procura equilibrar las cargas sin generar perturbaciones económicas sustanciales.
Los indicadores macroeconómicos, incluidos niveles de inflación controlados y proyecciones de crecimiento, facilitaron una definición técnica prudente. Además, la dinámica económica reciente ha permitido cierta estabilidad, aunque persisten retos en productividad y formalización.
El Salario Básico Unificado es solo una parte de un sistema salarial más amplio que incluye salarios sectoriales que responden a realidades productivas diversas.
El fortalecimiento de estos esquemas y las políticas complementarias de empleo, capacitación y productividad son cruciales. De esa forma, no solo se garantiza que se reajusten los salarios nominales, sino que también mejoren las condiciones reales de vida y trabajo.
El debate salarial no puede ni debe agotarse en la cifra del Salario Básico Unificado. La tarea pendiente es generar nuevas fuentes de empleo adecuado y sostenible en Ecuador.
Sin una expansión real del empleo formal, cualquier incremento salarial beneficiará solo a quienes ya están dentro del sistema. Y quedan al margen los jóvenes y trabajadores informales.
La política pública debe enfocarse en crear condiciones para la inversión, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y el aumento de la productividad. De este modo, más ecuatorianos accederán a trabajos con estabilidad, derechos y seguridad social.
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