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Ignacio Ortiz Salas
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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó por unanimidad convocar al rector Carlos Araya Leandro a comparecer “a la brevedad posible” ante el plenario para que rinda explicaciones sobre los ₡818.000 en gastos de representación realizados en el restaurante El Novillo Alegre durante el último cuatrimestre de 2025. Además, el órgano solicitó un informe detallado sobre las actividades vinculadas a esos consumos, un estudio de las partidas de alimentación y representación de los últimos tres años y la elaboración de lineamientos que regulen este tipo de erogaciones.
El acuerdo se tomó en la sesión N.º 6973 del martes 3 de marzo tras una discusión, cuya transmisión se mantuvo ininterrumpida por moción previa, a diferencia de la usual práctica de silenciar partes de la sesión en la que se ajustan los textos. La propuesta inicial fue presentada por Natalia Solano, representante del Área de Ingenierías, quien planteó tres medidas concretas que se mantuvieron en el espíritu final del acuerdo.
Concretamente, el Consejo acordó: solicitar a la Rectoría un informe en el plazo de un mes calendario sobre las actividades académicas asociadas a los gastos; encargar a la Oficina de Administración Financiera (OAF) un estudio transversal de las partidas correspondientes al menos de 2024, 2025 y 2026 para identificar patrones de uso en gastos de representación; y ordenar la creación de lineamientos que deberán ser analizados por la Contraloría Universitaria y posteriormente conocidos por el Consejo en su calidad de órgano fiscalizador. A estas disposiciones se añadió la convocatoria formal al rector para comparecer.
La discusión se originó luego de que circularan en redes sociales y medios de comunicación cuatro facturas por servicios de alimentación que suman poco más de ₡818.000, mismas que la Rectoría aseguró son correspondientes a reuniones con delegaciones nacionales e internacionales. En un comunicado emitido el lunes 2 de marzo también aseguraron que responden a “diplomacia académica” y que este tipo de espacios han permitido la obtención de recursos para proyectos de la casa de estudios, utilizando de ejemplo el proyecto InnoHub-UCR, que definieron como “una moderna infraestructura con cuatro laboratorios orientados a la transferencia tecnológica.” Y que se financió con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) por $4 millones.
El tema surge en un contexto de creciente escrutinio público sobre el uso de recursos universitarios y en medio de tensiones políticas en torno al financiamiento de la educación superior. La Federación de Estudiantes (FEUCR) hizo eco de este contexto en un comunicado en el que expresó su preocupación por el impacto reputacional de estos gastos y pidió explicaciones a la Rectoría.
Durante la sesión del Consejo Universitario, varias intervenciones coincidieron en que, si bien la normativa contempla partidas de representación, el debate no gira en torno a su legalidad, sino a la pertinencia, proporcionalidad y contexto en que se utilizan, particularmente en un escenario de presión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La representante estudiantil María Paula Fonseca introdujo una comparación directa con los ingresos del estudiantado y de una persona trabajadora. Señaló que el salario mínimo para una persona profesional con grado de licenciatura ronda los ₡796.000 mensuales, cifra cercana al monto total de las facturas cuestionadas. “¿Cómo vamos a venir a decir que en una cena se gasta más que un ingreso de salario mínimo?”, cuestionó, tras recordar que miles de estudiantes enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica. Añadió que quienes ocupan cargos de representación “entramos a estos puestos para servir y no para ser servidos”.
Fonseca también aportó que, para el primer ciclo de 2025, la UCR registraba “3.800 estudiantes en condición de pobreza extrema, es decir, con un ingreso per cápita aproximado de ₡61.189 o menos”. En ese contexto, afirmó que “es una sinvergüenzada venir y hablar de eso sabiendo las condiciones que enfrentan los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica diariamente”. En referencia con el valor de uno de los platillos indicó que “con esa cantidad (₡23.000) yo compro la comida de por lo menos 15 o 22 días”. Insistió en que el dinero institucional “le corresponde a la población becada, a la infraestructura, a las sedes y recintos que se están cayendo”, y no a “una cena de más de ₡800.000 en menos de 3 meses”.
En la misma línea, su compañero en la representación estudiantil, Nikolas Guevara, señaló que el debate trasciende la legalidad de la partida y se ubica en el plano de la responsabilidad política e institucional. Indicó que este tipo de decisiones resultan “profundamente dañinas para la legitimidad institucional” en un momento de presión sobre la universidad pública y afirmó que el rector debe “reflexionar seriamente si este estilo de gestión es compatible con la conducción que la institución necesita en este momento histórico”. Añadió que la defensa de la educación pública “comienza por la coherencia interna” y que el manejo de los recursos debe sostenerse también desde criterios de prudencia y ejemplo hacia la comunidad universitaria y el país.
Natalia Solano, por su parte, subrayó que su moción no cuestiona la existencia de la partida, sino su uso en un contexto político adverso para las universidades públicas. Indicó que la Contraloría General de la República ha emitido recomendaciones reiteradas sobre la necesidad de fortalecer controles y que el criterio que debe primar es “una atención mínima, razonable y austera”, y sostuvo que el Consejo debe anticiparse mediante lineamientos claros que reduzcan márgenes de discrecionalidad y refuercen la seguridad jurídica.
Francisco Guevara, representante del Área de Artes y Letras, afirmó que la discusión obliga a distinguir entre el “ser” y el “deber ser” de la institución. Señaló que cada colón invertido debe traducirse en valor público y que, en una coyuntura social delicada, la universidad no puede perder de vista los principios de proporcionalidad, prudencia y responsabilidad ética.
Desde la representación de Sedes y Recintos, Esperanza Tasies —quien impulsó que la discusión se mantuviera en transmisión ininterrumpida— recordó que muchas personas funcionarias asumen gastos de su propio bolsillo para sostener actividades universitarias en un contexto de restricciones presupuestarias. “Las personas que somos funcionarias de la UCR vivimos bajo austeridad y cada día asumimos gastos y actividades ad honorem”, afirmó, al mencionar que incluso los refrigerios en sesiones y giras suelen ser cubiertos personalmente. En ese marco, el director del Consejo, Keilor Rojas, coincidió ejemplificando que en el propio Consejo Universitario se turna entre sus integrantes la “merienda”, situación extendida en la realidad de toda la comunidad universitaria.
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