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Ana Guerrero
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El pleno del Consejo de la Judicatura de Ecuador resolvió instalar mesas de trabajo interinstitucionales con el objetivo de gestionar apoyo internacional que permita fortalecer la seguridad de los jueces anticorrupción.
La decisión, adoptada este jueves, 8 de enero de 2026, se produce tras los pedidos realizados en diciembre por magistrados especializados, quienes alertaron sobre riesgos para ejercer sus funciones luego de la renuncia del juez Carlos Serrano, quien denunció presiones y amenazas.
La resolución fue adoptada durante una reunión entre el pleno del Consejo de la Judicatura y las juezas y jueces de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
El encuentro tuvo como finalidad articular acciones concretas para mejorar las condiciones laborales y de seguridad en las que desarrollan su trabajo.
Durante la cita, el pleno ratificó que los magistrados cuentan con el apoyo institucional para el ejercicio de sus funciones y señaló que, pese a las limitaciones presupuestarias, la Judicatura trabaja para reforzar las medidas de seguridad tanto para los jueces como para sus equipos técnicos.
El pasado 26 de diciembre, 10 jueces anticorrupción hicieron pública una carta dirigida al Consejo de la Judicatura, en la que denunciaron condiciones laborales precarias y falta de protección adecuada.
En el documento, los magistrados aseguraron que los informes de riesgo que se les realizan no reflejan la realidad. Según señalaron, el nivel de peligro aumenta con la exposición pública de sus funciones.
También indicaron que solo se les había asignado dos policías como resguardo, pero sin logística ni financiamiento, lo que les obliga a cubrir de su propio bolsillo los gastos del personal asignado.
La carta fue enviada luego de conocerse la renuncia del juez Carlos Serrano, quien dejó su cargo tras denunciar supuestas presiones de un funcionario de la Judicatura en un proceso por lavado de activos, así como amenazas por integrar el tribunal que sentenció a un narcotraficante serbio.
Este caso derivó en que el correísmo impulsara un juicio político en la Asamblea Nacional contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Esto debido a que su esposa había ejercido la defensa del extranjero en la fase de investigación previa.
La situación también generó preocupación a nivel internacional. La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su inquietud por la seguridad de los magistrados anticorrupción y recordó que es obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales.
Con información de EFE
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Judicatura y la seguridad de jueces en Ecuador
La decisión, adoptada este jueves, 8 de enero de 2026, se produce tras los pedidos realizados en diciembre por magistrados especializados, quienes alertaron sobre riesgos para ejercer sus funciones luego de la renuncia del juez Carlos Serrano, quien denunció presiones y amenazas.
La resolución fue adoptada durante una reunión entre el pleno del Consejo de la Judicatura y las juezas y jueces de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
El encuentro tuvo como finalidad articular acciones concretas para mejorar las condiciones laborales y de seguridad en las que desarrollan su trabajo.
Durante la cita, el pleno ratificó que los magistrados cuentan con el apoyo institucional para el ejercicio de sus funciones y señaló que, pese a las limitaciones presupuestarias, la Judicatura trabaja para reforzar las medidas de seguridad tanto para los jueces como para sus equipos técnicos.
| #BoletínOficial
El Pleno del @CJudicaturaEc se reunió con juezas y jueces especializados en corrupción y crimen organizado para articular acciones que mejoren las condiciones de trabajo en el juzgamiento de estos delitos.
Más detalles aquí: https://t.co/UoIkbGAJzi pic.twitter.com/1BdfacEtsw
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) January 9, 2026
Denuncias por condiciones laborales y falta de protección
El pasado 26 de diciembre, 10 jueces anticorrupción hicieron pública una carta dirigida al Consejo de la Judicatura, en la que denunciaron condiciones laborales precarias y falta de protección adecuada.
En el documento, los magistrados aseguraron que los informes de riesgo que se les realizan no reflejan la realidad. Según señalaron, el nivel de peligro aumenta con la exposición pública de sus funciones.
También indicaron que solo se les había asignado dos policías como resguardo, pero sin logística ni financiamiento, lo que les obliga a cubrir de su propio bolsillo los gastos del personal asignado.
Renuncia de un juez y repercusiones políticas
La carta fue enviada luego de conocerse la renuncia del juez Carlos Serrano, quien dejó su cargo tras denunciar supuestas presiones de un funcionario de la Judicatura en un proceso por lavado de activos, así como amenazas por integrar el tribunal que sentenció a un narcotraficante serbio.
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Este caso derivó en que el correísmo impulsara un juicio político en la Asamblea Nacional contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Esto debido a que su esposa había ejercido la defensa del extranjero en la fase de investigación previa.
Pronunciamiento de la ONU sobre la seguridad judicial
La situación también generó preocupación a nivel internacional. La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su inquietud por la seguridad de los magistrados anticorrupción y recordó que es obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales.
Con información de EFE
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