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Orlando Silva
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El Consejo de la Judicatura enfrenta uno de sus momentos más tensos. Mario Godoy ya compareció ante el Pleno de la Asamblea por denuncias de presuntas presiones a jueces y ahora el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tratará este jueves 8 de enero si califica o no el pedido de juicio político en su contra.
Edison Guarango explicó que el Consejo de la Judicatura cumple funciones administrativas que permiten que los jueces ejecuten la labor sustantiva de administrar justicia.
Señaló que la institución organiza concursos, gestiona el presupuesto, estructura la carrera judicial y dirige la administración del talento humano para jueces y funcionarios. Estas tareas incluyen sostener infraestructura, presupuestos, logística y servicios para que los despachos judiciales operen.
El abogado constitucionalista precisó que la Judicatura no dicta sentencias, sino que sostiene las condiciones para que el sistema funcione.
Entre sus atribuciones están las establecidas en la Constitución, como ejecutar políticas judiciales, administrar la carrera de la función judicial, organizar concursos, capacitar operadores de justicia y manejar las áreas jurídicas, financieras y operativas vinculadas al sistema. El objetivo, según explicó, es separar el ejercicio jurisdiccional de las tareas de gestión interna.
Para José Cárdenas, el Consejo de la Judicatura atraviesa desafíos en independencia interna y externa, administración y transparencia.
Indicó que la institución debe garantizar que los jueces ejerzan sin presiones, tanto desde actores políticos como desde niveles jerárquicos dentro de la propia Función Judicial. Relacionó estos riesgos con denuncias recientes que involucran a funcionarios y decisiones disciplinarias.
El abogado penalista señaló además dificultades operativas y de gestión, como falta de presupuesto, infraestructura deficiente, carencias tecnológicas y demoras en evaluaciones y concursos.
Explicó que la Judicatura administra la carrera judicial, sanciona faltas y gestiona recursos, pero actualmente enfrenta cuestionamientos asociados a casos de corrupción y a la infiltración del crimen organizado.
Entre los mecanismos mencionados para mejorar procesos citó controles patrimoniales y herramientas de transparencia como acceso público a audiencias.
Desde 2019, cinco personas ocuparon la presidencia del Consejo de la Judicatura. María del Carmen Maldonado inició el período en 2019, seguida por Fausto Murillo en 2022, Álvaro Román en 2023, Wilman Terán en 2023 y Mario Godoy desde 2024.
Las cinco comparecieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional por acusaciones relacionadas con incumplimiento de funciones o presuntas presiones sobre jueces.
La rotación constante se convirtió en un eje de la crisis administrativa. La salida de Terán ocurrió tras el destape del caso Metástasis, mientras que Maldonado y Román dejaron el cargo entre investigaciones y cambios internos. En ese contexto, el CJ funcionó en algunos momentos con solo tres vocales, sin completar el quórum previsto por ley.
Mario Godoy detalló ante la Comisión de Fiscalización, en julio de 2025, que el déficit alcanzaba 753 jueces en todo el país.
El área Civil requería 232 jueces; Penal, 175. Señaló que el 38 por ciento de las judicaturas carecía de suficiente personal, con sobrecarga procesal y riesgos asociados al crimen organizado.
En infraestructura, el 50,6% de los edificios estaban en estado crítico y solo 34 en buenas condiciones. El déficit presupuestario bordeaba los 200 millones de dólares, mientras que los sistemas informáticos presentaban equipos descontinuados, almacenamiento limitado y fallas tecnológicas que afectaban la operación diaria.
Entre 2024 y julio de 2025, el CJ destituyó a 99 servidores judiciales, entre ellos 54 jueces y 11 fiscales.
Godoy atribuyó ese resultado a problemas estructurales que involucraron corrupción y fallas internas. Paralelamente, investigaciones como Metástasis y Plaga expusieron vínculos de funcionarios con redes delictivas.
En diciembre de 2025, un grupo de jueces anticorrupción alertó sobre amenazas, insuficiente protección institucional y falta de ejecución presupuestaria. En una carta remitida al CJ, reclamaron que invertían recursos propios para seguridad mientras enfrentaban procesos de alto riesgo.
La Judicatura acumuló retrasos en los procesos de evaluación de jueces y fiscales. La evaluación a fiscales no se realizaba desde hacía catorce años y la de jueces tenía ocho meses de atraso. El informe de gestión presentado en julio de 2025 señaló reuniones técnicas, pero no reveló avances formales ni resultados concretos.
La ausencia de evaluaciones se volvió un factor recurrente en la discusión política. Observadores señalaron que esa omisión coincide con concursos suspendidos y procesos de méritos detenidos que condicionan el funcionamiento en cortes provinciales y nacionales.
Wilman Terán asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura en febrero de 2023, tras una votación del Cpccs.
Su gestión terminó once meses después, cuando fue detenido la madrugada del 14 de diciembre de 2023 en el operativo Metástasis, que investigó presunta delincuencia organizada en el sistema judicial. Durante los allanamientos, la Fiscalía halló dinero en efectivo en su residencia y expuso chats que lo vinculaban con gestiones para favorecer a procesados.
Terán sostuvo que enfrentaba persecución y pidió vacaciones desde prisión, mientras buscaba defenderse de las acusaciones.
Tras su detención, un juez dictó prisión preventiva y ordenó medidas como la retención de cuentas y prohibición de transferir bienes. Terán buscó un habeas corpus que fue negado por falta de sustento sobre la supuesta ilegalidad de su aprehensión.
Desde la cárcel presentó su renuncia a la presidencia del CJ el 20 de diciembre de 2023, afirmando que enfrentaría las acusaciones como ciudadano. Posteriormente, acumuló procesos penales y sentencias, incluidos Independencia Judicial y Pantalla, que elevaron el total de años de cárcel en su contra.
En 2024 se declaró una emergencia para designar conjueces temporales ante vacantes en la Corte Nacional, luego de la nulidad de un concurso previo. La figura permitió cubrir temporalmente cuatro cargos que debían incorporarse en febrero de ese año.
En 2025 la Judicatura intentó declarar una nueva emergencia para infraestructura, vacantes nacionales, creación de judicaturas y evaluación interna. La Corte Constitucional bloqueó la medida tras declarar inconstitucional un artículo del Código de la Función Judicial incluido en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Ese fallo frenó cualquier declaratoria posterior.
El juez Carlos Serrano denunció que un funcionario del CJ buscó influir en el caso Euro 2024 a favor del ciudadano Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos.
En los audios filtrados, se identificó a Henry Gaibor, entonces director provincial de Pichincha, quien salió del cargo tras el escándalo.
El caso repercutió sobre Mario Godoy porque Gaibor era considerado cercano a él y porque su esposa, Dolores Vintimilla, defendió a Srdan durante la etapa de investigación en 2024. Serrano afirmó que perdió la protección policial luego de rechazar las presiones y, más tarde, presentó una renuncia irrevocable que no fue tramitada.
La llegada de Mario Godoy al CJ ocurrió tras múltiples votaciones, reconsideraciones y objeciones en el Cpccs entre 2024 y 2025.
La primera designación se produjo tras un empate resuelto por voto dirimente, aunque no llegó a materializarse por reclamos procesales. Esa decisión fue revertida y, en su lugar, Godoy fue escogido con mayoría simple.
En 2025 se realizó una nueva selección para un período de seis años. Godoy no constaba en la terna inicial, pero ingresó como reemplazo tras la salida de candidatos cuestionados o renunciantes.
El proceso incluyó impugnaciones por probidad, trayectoria e independencia, inadmitidas por una comisión técnica que concluyó que no existían elementos jurídicos para excluirlo.
La denuncia del juez Serrano derivó en la convocatoria de Mario Godoy al Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2025. Legisladores señalaron la gravedad de los señalamientos relacionados con presuntas intromisiones en decisiones judiciales. Godoy sostuvo que la Judicatura no administra seguridad a jueces y responsabilizó a la Policía.
Mientras tanto, la bancada de Revolución Ciudadana formalizó un pedido de juicio político con el argumento de incumplimiento de funciones.
El presidente Daniel Noboa recomendó que Godoy renuncie después de comparecer y continúe su defensa fuera del cargo. La comparecencia no tiene fecha definida.
Mario Godoy acumuló cuestionamientos desde sus primeras semanas en funciones. La jueza Nubia Vera lo acusó de presiones y denunció la entrega de documentos externos para influir en su fallo sobre Verónica Abad. Esa acusación dio pie a un intento de juicio político que no avanzó en la Comisión de Fiscalización. Godoy respondió con una denuncia por calumnia.
Durante su gestión, vocales como Solanda Goyes alertaron sobre decisiones estancadas, concursos paralizados y falta de dirección administrativa.
Goyes terminó en juicio político, aunque mantuvo sus funciones hasta marzo de 2025. La llegada de nuevos vocales en septiembre de ese año consolidó el equipo que sostiene la administración actual de la Judicatura.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Consejo de Administración Legislativa para este jueves 8 de enero a las 10:00, con el fin de conocer los pedidos de juicio político presentados contra Mario Godoy y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El requerimiento contra Godoy ingresó el 29 de diciembre de 2025 con firmas de los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Julio Lassú Mendoza, todos de la Revolución Ciudadana.
Ese mismo día, el legislador Luis Fernando Molina presentó la solicitud para procesar políticamente a Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán, a quienes responsabiliza de la designación de Godoy.
La convocatoria al CAL se produjo un día después de que Godoy compareciera ante el Pleno para responder denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano en el caso Euro 2024. El magistrado afirma que el CJ lo dejó sin protección, mientras Godoy denuncia persecución y atribuye los señalamientos a disputas de poder.
Información extra: Consejo de la Judicatura
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¿Qué hace el Consejo de la Judicatura?
Edison Guarango explicó que el Consejo de la Judicatura cumple funciones administrativas que permiten que los jueces ejecuten la labor sustantiva de administrar justicia.
Señaló que la institución organiza concursos, gestiona el presupuesto, estructura la carrera judicial y dirige la administración del talento humano para jueces y funcionarios. Estas tareas incluyen sostener infraestructura, presupuestos, logística y servicios para que los despachos judiciales operen.
El abogado constitucionalista precisó que la Judicatura no dicta sentencias, sino que sostiene las condiciones para que el sistema funcione.
El Consejo de la Judicatura se pronunció sobre el caso de la exdirectora de Orellana, Samantha Lozadahttps://t.co/4Un91sqS8S pic.twitter.com/Vcw3QfhABo
— El Comercio (@elcomerciocom) January 7, 2026
Entre sus atribuciones están las establecidas en la Constitución, como ejecutar políticas judiciales, administrar la carrera de la función judicial, organizar concursos, capacitar operadores de justicia y manejar las áreas jurídicas, financieras y operativas vinculadas al sistema. El objetivo, según explicó, es separar el ejercicio jurisdiccional de las tareas de gestión interna.
Retos estructurales en independencia, control y gestión de la justicia
Para José Cárdenas, el Consejo de la Judicatura atraviesa desafíos en independencia interna y externa, administración y transparencia.
Indicó que la institución debe garantizar que los jueces ejerzan sin presiones, tanto desde actores políticos como desde niveles jerárquicos dentro de la propia Función Judicial. Relacionó estos riesgos con denuncias recientes que involucran a funcionarios y decisiones disciplinarias.
El abogado penalista señaló además dificultades operativas y de gestión, como falta de presupuesto, infraestructura deficiente, carencias tecnológicas y demoras en evaluaciones y concursos.
Explicó que la Judicatura administra la carrera judicial, sanciona faltas y gestiona recursos, pero actualmente enfrenta cuestionamientos asociados a casos de corrupción y a la infiltración del crimen organizado.
Entre los mecanismos mencionados para mejorar procesos citó controles patrimoniales y herramientas de transparencia como acceso público a audiencias.
Inestabilidad y recambio constante en la presidencia del Consejo de la Judicatura
Desde 2019, cinco personas ocuparon la presidencia del Consejo de la Judicatura. María del Carmen Maldonado inició el período en 2019, seguida por Fausto Murillo en 2022, Álvaro Román en 2023, Wilman Terán en 2023 y Mario Godoy desde 2024.
Las cinco comparecieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional por acusaciones relacionadas con incumplimiento de funciones o presuntas presiones sobre jueces.
La rotación constante se convirtió en un eje de la crisis administrativa. La salida de Terán ocurrió tras el destape del caso Metástasis, mientras que Maldonado y Román dejaron el cargo entre investigaciones y cambios internos. En ese contexto, el CJ funcionó en algunos momentos con solo tres vocales, sin completar el quórum previsto por ley.
Déficit de jueces, infraestructura deteriorada y brechas presupuestarias
Mario Godoy detalló ante la Comisión de Fiscalización, en julio de 2025, que el déficit alcanzaba 753 jueces en todo el país.
El área Civil requería 232 jueces; Penal, 175. Señaló que el 38 por ciento de las judicaturas carecía de suficiente personal, con sobrecarga procesal y riesgos asociados al crimen organizado.
En infraestructura, el 50,6% de los edificios estaban en estado crítico y solo 34 en buenas condiciones. El déficit presupuestario bordeaba los 200 millones de dólares, mientras que los sistemas informáticos presentaban equipos descontinuados, almacenamiento limitado y fallas tecnológicas que afectaban la operación diaria.
Procesos disciplinarios y denuncias de amenazas en el sistema judicial
Entre 2024 y julio de 2025, el CJ destituyó a 99 servidores judiciales, entre ellos 54 jueces y 11 fiscales.
Godoy atribuyó ese resultado a problemas estructurales que involucraron corrupción y fallas internas. Paralelamente, investigaciones como Metástasis y Plaga expusieron vínculos de funcionarios con redes delictivas.
En diciembre de 2025, un grupo de jueces anticorrupción alertó sobre amenazas, insuficiente protección institucional y falta de ejecución presupuestaria. En una carta remitida al CJ, reclamaron que invertían recursos propios para seguridad mientras enfrentaban procesos de alto riesgo.
Evaluaciones judiciales sin ejecución y demoras acumuladas
La Judicatura acumuló retrasos en los procesos de evaluación de jueces y fiscales. La evaluación a fiscales no se realizaba desde hacía catorce años y la de jueces tenía ocho meses de atraso. El informe de gestión presentado en julio de 2025 señaló reuniones técnicas, pero no reveló avances formales ni resultados concretos.
La ausencia de evaluaciones se volvió un factor recurrente en la discusión política. Observadores señalaron que esa omisión coincide con concursos suspendidos y procesos de méritos detenidos que condicionan el funcionamiento en cortes provinciales y nacionales.
Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura que enfrenta varios procesos penales
Wilman Terán asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura en febrero de 2023, tras una votación del Cpccs.
Su gestión terminó once meses después, cuando fue detenido la madrugada del 14 de diciembre de 2023 en el operativo Metástasis, que investigó presunta delincuencia organizada en el sistema judicial. Durante los allanamientos, la Fiscalía halló dinero en efectivo en su residencia y expuso chats que lo vinculaban con gestiones para favorecer a procesados.
Terán sostuvo que enfrentaba persecución y pidió vacaciones desde prisión, mientras buscaba defenderse de las acusaciones.
Tras su detención, un juez dictó prisión preventiva y ordenó medidas como la retención de cuentas y prohibición de transferir bienes. Terán buscó un habeas corpus que fue negado por falta de sustento sobre la supuesta ilegalidad de su aprehensión.
Desde la cárcel presentó su renuncia a la presidencia del CJ el 20 de diciembre de 2023, afirmando que enfrentaría las acusaciones como ciudadano. Posteriormente, acumuló procesos penales y sentencias, incluidos Independencia Judicial y Pantalla, que elevaron el total de años de cárcel en su contra.
Emergencias declaradas y fallidas en medio de la crisis judicial
En 2024 se declaró una emergencia para designar conjueces temporales ante vacantes en la Corte Nacional, luego de la nulidad de un concurso previo. La figura permitió cubrir temporalmente cuatro cargos que debían incorporarse en febrero de ese año.
En 2025 la Judicatura intentó declarar una nueva emergencia para infraestructura, vacantes nacionales, creación de judicaturas y evaluación interna. La Corte Constitucional bloqueó la medida tras declarar inconstitucional un artículo del Código de la Función Judicial incluido en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Ese fallo frenó cualquier declaratoria posterior.
Presiones denunciadas por jueces y vínculos cuestionados
El juez Carlos Serrano denunció que un funcionario del CJ buscó influir en el caso Euro 2024 a favor del ciudadano Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos.
En los audios filtrados, se identificó a Henry Gaibor, entonces director provincial de Pichincha, quien salió del cargo tras el escándalo.
El caso repercutió sobre Mario Godoy porque Gaibor era considerado cercano a él y porque su esposa, Dolores Vintimilla, defendió a Srdan durante la etapa de investigación en 2024. Serrano afirmó que perdió la protección policial luego de rechazar las presiones y, más tarde, presentó una renuncia irrevocable que no fue tramitada.
Un historial de designaciones cuestionadas y procesos repetidos
La llegada de Mario Godoy al CJ ocurrió tras múltiples votaciones, reconsideraciones y objeciones en el Cpccs entre 2024 y 2025.
La primera designación se produjo tras un empate resuelto por voto dirimente, aunque no llegó a materializarse por reclamos procesales. Esa decisión fue revertida y, en su lugar, Godoy fue escogido con mayoría simple.
En 2025 se realizó una nueva selección para un período de seis años. Godoy no constaba en la terna inicial, pero ingresó como reemplazo tras la salida de candidatos cuestionados o renunciantes.
El proceso incluyó impugnaciones por probidad, trayectoria e independencia, inadmitidas por una comisión técnica que concluyó que no existían elementos jurídicos para excluirlo.
Asamblea convoca a Godoy y se abre un camino hacia posible juicio político
La denuncia del juez Serrano derivó en la convocatoria de Mario Godoy al Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2025. Legisladores señalaron la gravedad de los señalamientos relacionados con presuntas intromisiones en decisiones judiciales. Godoy sostuvo que la Judicatura no administra seguridad a jueces y responsabilizó a la Policía.
Mientras tanto, la bancada de Revolución Ciudadana formalizó un pedido de juicio político con el argumento de incumplimiento de funciones.
El presidente Daniel Noboa recomendó que Godoy renuncie después de comparecer y continúe su defensa fuera del cargo. La comparecencia no tiene fecha definida.
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Una gestión atravesada por disputas políticas y por el desorden institucional
Mario Godoy acumuló cuestionamientos desde sus primeras semanas en funciones. La jueza Nubia Vera lo acusó de presiones y denunció la entrega de documentos externos para influir en su fallo sobre Verónica Abad. Esa acusación dio pie a un intento de juicio político que no avanzó en la Comisión de Fiscalización. Godoy respondió con una denuncia por calumnia.
Durante su gestión, vocales como Solanda Goyes alertaron sobre decisiones estancadas, concursos paralizados y falta de dirección administrativa.
Goyes terminó en juicio político, aunque mantuvo sus funciones hasta marzo de 2025. La llegada de nuevos vocales en septiembre de ese año consolidó el equipo que sostiene la administración actual de la Judicatura.
CAL analizará juicio político contra Godoy y consejeros del Cpccs este 8 de enero
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Consejo de Administración Legislativa para este jueves 8 de enero a las 10:00, con el fin de conocer los pedidos de juicio político presentados contra Mario Godoy y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El requerimiento contra Godoy ingresó el 29 de diciembre de 2025 con firmas de los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Julio Lassú Mendoza, todos de la Revolución Ciudadana.
Ese mismo día, el legislador Luis Fernando Molina presentó la solicitud para procesar políticamente a Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán, a quienes responsabiliza de la designación de Godoy.
La convocatoria al CAL se produjo un día después de que Godoy compareciera ante el Pleno para responder denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano en el caso Euro 2024. El magistrado afirma que el CJ lo dejó sin protección, mientras Godoy denuncia persecución y atribuye los señalamientos a disputas de poder.
Información extra: Consejo de la Judicatura
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