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Monserrat Cordero Parra
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El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de la exdiputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, como representante del sector sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así consta en la certificación PR-SCG-CERT-0068-2026, del 26 de junio anterior, enviado por la secretaria del Consejo de Gobierno al Movimiento Sindical.
La decisión tomada por el Consejo se da tras una recomendación de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, quien alegó un incumplimiento de requisitos legales por parte de Alfaro.
Específicamente, Taylor -según se lee en la certificación- habría indicado que Alfaro “no demuestra competencia en materias económico-sociales en los términos exigidos por el artículo 7 del inciso a) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Asimismo agregó que la exdiputada registra participación activa en asuntos de política electoral, pues es agente electoral, militante y contribuyente del Partido Frente Amplio, así como delegada territorial propietaria de esa agrupación.
“Tal participación evidencia una vinculación político-electoral activa, actual y sostenida, incompatible con la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”, indica la certificación.
Destacaron también que la exdiputada también tiene vínculos familiares con funcionarios de la CCSS. En este caso, un hermano que labora como médico asistente en el Hospital Tomás Casas, y la esposa de éste, como enfermera.
“Lo anterior configura un posible potencial conflicto de interés”, añadieron.
Los argumentos de Taylor no se quedaron ahí, pues señaló al Consejo de Gobierno que Alfaro ha emitido posiciones públicas sobre la decisión de la CCSS de adjudicar 10 áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación.
“Generándose un prejuzgamiento sobre materia respecto a la cual ya ha adoptado una posición pública, reiterada y comprometida, con el riesgo que sus decisiones futuras sean afectadas por sus posiciones previas sobre presuntos actos de corrupción y negligencia, que aún no han sido resueltos por la autoridad competente, lo que compromete la legitimidad subjetiva institucional, incidiendo en su ética lo cual acredita un menoscabo sobre su máxima honorabilidad, el cual es un requisito estipulado en los artículos 6 y 7 inciso a) de la Ley N.º17”, señala la certificación.
El Movimiento Sindical, semanas atrás, nombró como suplente de Alfaro a la sindicalista y exdirectiva de la CCSS, Martha Rodríguez; sin embargo, su nombre también fue rechazado por el Consejo de Gobierno.
Sobre Rodríguez, alegaron que ella fue destituida del máximo órgano de la CCSS por el Consejo de Gobierno en octubre del 2025, producto de un procedimiento ordinario por infracción al principio de probidad y a los a artículos 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.º 8422; el artículo 113 inciso d) de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N.º 8131; y el artículo 43 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Dicho antecedente firme constituye un elemento objetivo y jurídicamente relevante que resulta incompatible con el requisito de máxima honorabilidad estipulado en los artículos 6 y 7 inciso a) de la Ley N.º 17”, indica la certificación.
Críticas
UNIVERSIDAD intentó conversar con Alfaro sobre este tema; sin embargo, indicó que prefería hacerlo el día martes, pues aún se encuentran analizando la certificación enviada por el Consejo de Gobierno.
Por su parte, la sindicalista, Martha Rodríguez, indicó que la decisión del Consejo de Gobierno es “completamente antijurídica” y una “falta de respeto a la autonomía sindical”.
“Lo que se quiere por parte del Gobierno y del directorio ejecutivo es que la CCSS tenga solo representantes del Gobierno. Eso no lo podemos permitir y mañana estaremos informando en conferencia de prensa qué estaríamos haciendo y cuál será la decisión del Movimiento Sindical”, añadió Rodríguez.
Asimismo, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Gilda Montero, añadió que no compartían la decisión del Consejo de Gobierno; sin embargo, tampoco les tomaba por sorpresa lo acordado.
“Creo que era lo que se esperaba; sin embargo, creemos que es un atropello a la libertad que tienen las personas de elegir a sus miembros y que estos puedan ser parte de las juntas directivas”, externó.
*Colaboró la periodista María José Núñez
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