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Lucía Vásconez
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Ecuador deberá pagar 220 millones de dólares a Chevron tras la decisión de un tribunal arbitral internacional. La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó el fallo el lunes 8 de diciembre de 2025 y explicó que la cifra representa una reducción del 93,4 % frente a los 3 350 millones de dólares que la petrolera exigía desde 2018.
Aunque el recorte es significativo, el desembolso sigue siendo un golpe fuerte para las finanzas públicas, que atraviesan una de las etapas más complejas de los últimos años. Con un déficit fiscal que llega a 4 300 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025.
La PGE asegura que el resultado es favorable dentro de un escenario adverso. Sostiene que logró demostrar que buena parte de los montos reclamados por Chevron eran exagerados, infundados o carentes de base legal. Esto permitió reducir el monto final a menos del 7 % de lo solicitado.
El caso tiene su origen en 1993. Cuando comunidades indígenas y campesinas demandaron a Texaco (absorbida por Chevron en 2001) por los vertidos contaminantes que, según denunciaron, afectaron grandes zonas de la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.
Las comunidades sostuvieron que las operaciones petroleras dejaron daños ambientales y afectaciones en la salud local. La disputa escaló hasta que en 2011, un tribunal de Lago Agrio (Sucumbíos) condenó a la compañía a pagar 9 500 millones de dólares a los afectados.
Chevron desconoció el fallo ecuatoriano, alegó fraude, sobornos y corrupción en el proceso judicial y llevó el caso al arbitraje internacional. En 2018, el tribunal arbitral falló a favor de la compañía y determinó que Ecuador incurrió en denegación de justicia y violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
Esa decisión responsabilizó directamente al Estado ecuatoriano por el perjuicio causado a la empresa en el sistema judicial local. Desde entonces, la PGE concentró su defensa en demostrar que los montos reclamados por Chevron no tenían sustento jurídico.
Con la decisión final, Ecuador cierra una etapa clave en uno de los litigios más complejos y prolongados de su historia. La reducción del pago es considerable. Pero la indemnización de 220 millones de dólares sigue siendo un desafío para el país que enfrenta restricciones de liquidez y urgencias sociales.
Información externa: Chevron
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Un pago que impacta al Estado
Aunque el recorte es significativo, el desembolso sigue siendo un golpe fuerte para las finanzas públicas, que atraviesan una de las etapas más complejas de los últimos años. Con un déficit fiscal que llega a 4 300 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025.
La PGE asegura que el resultado es favorable dentro de un escenario adverso. Sostiene que logró demostrar que buena parte de los montos reclamados por Chevron eran exagerados, infundados o carentes de base legal. Esto permitió reducir el monto final a menos del 7 % de lo solicitado.
Tres décadas de conflicto
El caso tiene su origen en 1993. Cuando comunidades indígenas y campesinas demandaron a Texaco (absorbida por Chevron en 2001) por los vertidos contaminantes que, según denunciaron, afectaron grandes zonas de la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.
Las comunidades sostuvieron que las operaciones petroleras dejaron daños ambientales y afectaciones en la salud local. La disputa escaló hasta que en 2011, un tribunal de Lago Agrio (Sucumbíos) condenó a la compañía a pagar 9 500 millones de dólares a los afectados.
El giro en el arbitraje internacional
Chevron desconoció el fallo ecuatoriano, alegó fraude, sobornos y corrupción en el proceso judicial y llevó el caso al arbitraje internacional. En 2018, el tribunal arbitral falló a favor de la compañía y determinó que Ecuador incurrió en denegación de justicia y violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
Esa decisión responsabilizó directamente al Estado ecuatoriano por el perjuicio causado a la empresa en el sistema judicial local. Desde entonces, la PGE concentró su defensa en demostrar que los montos reclamados por Chevron no tenían sustento jurídico.
Un capítulo que deja huella
Con la decisión final, Ecuador cierra una etapa clave en uno de los litigios más complejos y prolongados de su historia. La reducción del pago es considerable. Pero la indemnización de 220 millones de dólares sigue siendo un desafío para el país que enfrenta restricciones de liquidez y urgencias sociales.
Información externa: Chevron
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