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Vinicio Chacón Soto
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Con “preocupación, indignación y repudio” han reaccionado diversas instancias ante el cobarde ataque de que fue víctima una jueza de Ejecución de la Pena el pasado viernes en Heredia.
Ello por cuanto se trata de una funcionaria que recién en setiembre había sido identificada incluso con su imagen durante una función del montaje propagandístico que llaman conferencia de prensa en Casa Presidencial, pues a Rodrigo Chaves y a su ministro de Justicia Gerald Campos no agradó una resolución suya.
Levinson Escalante, uno de los abogados de la víctima, explicó a Telenoticias que todo surgió “a raíz de una conferencia de prensa” en la que se divulgó “no solo el contenido de la resolución, sino el nombre de la ofendida. ¿Qué pasa a raíz de eso? Primero surge la violencia mediática, a través de las redes sociales. Posteriormente, esta información que fue de conocimiento público llega a un vecino que es el imputado sobre esta causa”.
Tras denunciar una aparente “omisión por parte del Programa de Protección de Víctimas”, detalló que el agresor “la aborda, la golpea en todas las áreas de su cuerpo, desde la cabeza a sus piernas, porque las lesiones son muy evidentes y yo las vi personalmente. Y es a través de esto que él la arrastra, la golpea. Y tiene un perro agresivo que de igual manera se le lanzó a ella”.
Este domingo la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia expresó mediante un comunicado que “condena enérgicamente la agresión sufrida por una jueza de la República el pasado 17 de abril”.
“Ningún acto de violencia, intimidación o acoso contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales puede ser tolerado en un Estado social y democrático de derecho”, apunta el comunicado del magistrado Orlando Aguirre y añade que “agredir a una jueza por desacuerdo con sus resoluciones constituye una grave afrenta, no solo contra su integridad personal, sino también contra la independencia judicial y contra el sistema de justicia en su conjunto”.
“Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: la justicia no se intimida. No permitiremos que el miedo, la amenaza o la violencia pretendan doblegar a quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley con independencia y firmeza”, añade ese texto.
Concluye que Costa Rica “no merece quedar atrapada en una espiral de violencia y confrontación. Este es un momento para la unidad nacional, el respeto institucional y el compromiso colectivo de construir una sociedad más justa, segura y pacífica”.
Condena
Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud): mediante un comunicado manifestó su “más profunda preocupación, indignación y repudio” ante la agresión sufrida por la jueza el pasado sábado.
Señala que ese “ataque físico violento” se dio “en un contexto precedido por la indebida y reiterada exposición pública burlesca y denigrante de su identidad, desde la Presidencia de la República”, en razón del contenido de una resolución que no gustó a Rodrigo Chaves ni a su ministro de Justicia Gerald Campos.
“Amenazas en redes sociales y llamadas telefónicas a la juzgadora como a sus familiares, fueron inmediatos a la exposición y previos a la agresión”.
Calificó el hecho como un “punto de inflexión”, pues “estamos ante consecuencias reales que ponen en peligro la integridad física de quienes administran justicia y generan un riesgo cierto para todo el sistema judicial”.
Esa Asociación recordó que ya ha advertido “reiteradamente sobre los efectos de las manifestaciones públicas provenientes del Poder Ejecutivo contra jueces y juezas de ejecución de la pena y de otras jurisdicciones. Hoy, lamentablemente, estos riesgos se materializan. La exposición de nombres e imágenes de jueces y juezas, en un entorno de alta tensión social constituye una forma de estigmatización y deslegitimación que fomenta el hostigamiento y la violencia, especialmente de género”.
“Cuando se expone ilegítimamente a un juez o jueza, se pone en riesgo la justicia misma”, apuntó y solicitó a la Corte Suprema de Justicia “que acuerde y ejecute con los órganos internos del Poder judicial que corresponden, todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los jueces y juezas de la República”. En particular con la jueza agredida.
Desde el Colegio de Abogados y Abogadas también se emitió un comunicado, firmado por su presidente Miguel Arias Maduro, en que se planteó una “condena enérgica” de la agresión y solicitó una respuesta en los mismos términos de parte de la Corte Plena.
También indicó que “el respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho” y que “los ataques dirigidos contra los funcionarios judiciales no solo representan una vulneración inaceptable as la integridad personal de quienes administran justicia, sino que constituyen una ofensa directa contra la institucionalidad y la autoridad del Poder Judicial”.
Desde la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) también se emitió un pronunciamiento, firmado por su presidenta Elka Reyes Olivo, en el que expresó su “más profunda preocupación” y al igual que Acojud apuntó que los hechos “ evidencian un preocupante punto de inflexión en la región, al reflejar el tránsito de discursos de deslegitimación hacia manifestaciones concretas de violencia contra quienes ejercen la función jurisdiccional, lo cual compromete no solo la integridad personal de quienes juzgan, sino también la estabilidad institucional y la vigencia del Estado de Derecho”.
La FLAM instó a las autoridades del Poder Judicial a “a adoptar, de manera urgente, todas las medidas necesarias y efectivas para garantizar la seguridad e integridad de la jueza afectada, de sus familiares y de todas las personas juzgadoras en situación de riesgo”, y exhortó “a todos los actores públicos del Estado costarricense, en particular a quienes ejercen funciones de liderazgo político, a abstenerse de realizar manifestaciones que puedan generar estigmatización o que contribuyan a deslegitimar la función judicial, recordando que tales prácticas erosionan la democracia y sus consecuencias pueden ser irreparables”.
Otra reacción internacional provino de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que expresó su “firme rechazo, su extrema preocupación y su más enérgica condena frente a los hechos ocurridos en Costa Rica”.
“Resulta particularmente grave que este hecho haya sido precedido por críticas provenientes de la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo del país, dirigidas al contenido de las decisiones adoptadas por la jueza víctima de las agresiones. Tales manifestaciones, además de profundamente irrespetuosas, incluyeron señalamientos infundados y completamente abusivos respecto de su persona y de su desempeño profesional, contribuyendo a generar un clima de hostilidad y deslegitimación”, apunta el pronunciamiento firmado por Walter Barone, presidente de la UIM.
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