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Giovanna Alvear
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El Concejo Metropolitano de Quito tratará este lunes 22 de diciembre, en segundo debate, el proyecto de ordenanza que redefine el cobro de la tasa de basura en la ciudad. La propuesta también plantea una reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM). El alcalde Pabel Muñoz impulsa esta iniciativa con el objetivo de corregir inequidades históricas en el financiamiento de los servicios y de las obras municipales.
El análisis del Concejo se produce tras la suspensión del cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) mediante la planilla eléctrica. El Gobierno Nacional tomó esa decisión de forma unilateral. Ante ese escenario, la administración municipal diseñó un nuevo esquema que busca asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, promover la corresponsabilidad ciudadana e incorporar criterios de justicia social en el pago.
El alcalde Pabel Muñoz explicó que la propuesta municipal incorpora un enfoque ambiental y de equidad. Señaló que el nuevo esquema garantiza la continuidad del servicio de recolección y distribuye el pago de forma más justa, según el consumo real de cada usuario.
El modelo plantea una tarifa calculada a partir del consumo de agua potable. El Municipio sostiene que quien consume más agua genera mayor cantidad de residuos. Los estudios técnicos respaldan esta premisa y evidencian una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de basura en la ciudad.
Las estimaciones municipales indican que seis de cada diez usuarios pagarán un valor igual o menor al que cancelaban cuando la tasa se cobraba junto a la planilla de energía eléctrica. En términos generales, el 59 % de los usuarios se beneficiará con un monto igual o inferior al anterior.
Si el Concejo aprueba la ordenanza, el nuevo esquema entrará en vigencia en enero de 2026. El Municipio prevé normalizar el cobro regular de la TRB desde febrero de ese año. Además, la administración capitalina asumirá los valores correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025.
El proyecto de ordenanza también incluye una reforma a la Contribución Especial de Mejoras, que se cobra junto con el impuesto predial. Este valor financia obras ejecutadas mediante presupuestos participativos.
El administrador general del Municipio, Rossman Camacho, afirmó que la aplicación actual de la CEM resulta inequitativa. Explicó que, por ejemplo, cuando el Municipio adoquina una calle, el costo recae únicamente en los moradores que viven frente a la obra. En muchos casos, ese valor supera incluso el monto del impuesto predial anual.
La propuesta municipal plantea que la contribución deje de recaer solo en los frentistas. El cobro se distribuirá entre todos los beneficiarios reales de la obra. Si una intervención beneficia a dos barrios, el costo se repartirá entre ambos. Si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el valor se distribuirá de manera proporcional en esos niveles.
Con este esquema, un vecino que hoy paga hasta 500 dólares por la rehabilitación de su calle podría llegar a cancelar apenas un dólar cuando el costo se reparte de forma equitativa. La reforma amplía las zonas de influencia de dos a cuatro categorías: local, parroquial, zonal y distrital. También extiende el plazo máximo de pago de 10 a 20 años, lo que permite cuotas más accesibles para las familias. La normativa se aplicará solo a obras ejecutadas desde 2026 con presupuestos participativos.
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El análisis del Concejo se produce tras la suspensión del cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) mediante la planilla eléctrica. El Gobierno Nacional tomó esa decisión de forma unilateral. Ante ese escenario, la administración municipal diseñó un nuevo esquema que busca asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, promover la corresponsabilidad ciudadana e incorporar criterios de justicia social en el pago.
Tasa de basura basada en el consumo de agua potable
El alcalde Pabel Muñoz explicó que la propuesta municipal incorpora un enfoque ambiental y de equidad. Señaló que el nuevo esquema garantiza la continuidad del servicio de recolección y distribuye el pago de forma más justa, según el consumo real de cada usuario.
El modelo plantea una tarifa calculada a partir del consumo de agua potable. El Municipio sostiene que quien consume más agua genera mayor cantidad de residuos. Los estudios técnicos respaldan esta premisa y evidencian una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de basura en la ciudad.
Las estimaciones municipales indican que seis de cada diez usuarios pagarán un valor igual o menor al que cancelaban cuando la tasa se cobraba junto a la planilla de energía eléctrica. En términos generales, el 59 % de los usuarios se beneficiará con un monto igual o inferior al anterior.
Si el Concejo aprueba la ordenanza, el nuevo esquema entrará en vigencia en enero de 2026. El Municipio prevé normalizar el cobro regular de la TRB desde febrero de ese año. Además, la administración capitalina asumirá los valores correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025.
Cambios a la Contribución Especial de Mejoras
El proyecto de ordenanza también incluye una reforma a la Contribución Especial de Mejoras, que se cobra junto con el impuesto predial. Este valor financia obras ejecutadas mediante presupuestos participativos.
El administrador general del Municipio, Rossman Camacho, afirmó que la aplicación actual de la CEM resulta inequitativa. Explicó que, por ejemplo, cuando el Municipio adoquina una calle, el costo recae únicamente en los moradores que viven frente a la obra. En muchos casos, ese valor supera incluso el monto del impuesto predial anual.
La propuesta municipal plantea que la contribución deje de recaer solo en los frentistas. El cobro se distribuirá entre todos los beneficiarios reales de la obra. Si una intervención beneficia a dos barrios, el costo se repartirá entre ambos. Si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el valor se distribuirá de manera proporcional en esos niveles.
Con este esquema, un vecino que hoy paga hasta 500 dólares por la rehabilitación de su calle podría llegar a cancelar apenas un dólar cuando el costo se reparte de forma equitativa. La reforma amplía las zonas de influencia de dos a cuatro categorías: local, parroquial, zonal y distrital. También extiende el plazo máximo de pago de 10 a 20 años, lo que permite cuotas más accesibles para las familias. La normativa se aplicará solo a obras ejecutadas desde 2026 con presupuestos participativos.
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