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Giovanna Alvear
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Con 14 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó este lunes 22 de diciembre la Ordenanza para la Sostenibilidad y Mejora del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La normativa establece que la Tasa de Recolección de Basura (TRB) se cobrará a través de la planilla de agua potable a partir de 2026 y da paso a una reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM).
La decisión se tomó luego de que el Gobierno Nacional suspendió de forma unilateral el cobro de la TRB mediante la planilla eléctrica, una medida que afectó a varios municipios del país. Frente a este escenario, la administración municipal planteó un nuevo esquema que busca garantizar la continuidad del servicio, asegurar su sostenibilidad financiera e incorporar criterios de corresponsabilidad ciudadana y justicia social.
Durante la sesión, el alcalde Pabel Muñoz señaló que el Municipio no se quedó inmóvil ante la suspensión del cobro en la planilla de luz. Explicó que la ciudad buscó una alternativa que permita mantener el servicio de recolección de basura y, al mismo tiempo, incentive un consumo responsable del agua potable.
El concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que el tratamiento de la ordenanza incluyó mesas de trabajo con todos los sectores involucrados, entre ellos el sector industrial. Ese proceso permitió, según dijo, construir una normativa con enfoque participativo. Añadió que el sistema garantiza la continuidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos, y protege la salud pública y el ambiente.
Por su parte, el concejal Adrián Ibarra explicó que la ordenanza responde directamente a la decisión del Gobierno Nacional. Aclaró que, pese a ese cambio, Quito no interrumpió el servicio de recolección de basura. También destacó la necesidad de fortalecer el catastro y mejorar la medición del consumo de agua para lograr un cobro más justo y detallado, sin trasladar responsabilidades que no corresponden al Municipio.
El concejal Emilio Uzcátegui resaltó que el proceso permitió incorporar una reforma necesaria a la Contribución Especial de Mejoras. Recordó que la ordenanza se sustenta en estudios técnicos que muestran una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de residuos. Con base en ese análisis, el nuevo modelo fija una tarifa según el consumo: quien más agua utiliza, genera más basura.
Según estimaciones municipales, seis de cada diez usuarios pagarán lo mismo o menos que cuando la tasa se cobraba en la planilla eléctrica. En total, el 59 % de los usuarios tendrá un valor igual o inferior al anterior.
El esquema también amplía su alcance. Incorpora espacios de uso colectivo, como mercados municipales, casas comunales, estadios y ligas barriales. Además, establece una hoja de ruta de seis meses para diseñar un modelo específico de cobro para el sector industrial y aclara que los organizadores de eventos públicos deberán pagar la Tasa de Servicio de Aseo en Eventos Públicos u Otros (TOSA).
Juan Pablo Pozo, gerente general del sistema de aseo, explicó que el objetivo va más allá de mantener las calles limpias. Señaló que se busca construir un sistema sostenible que garantice su continuidad frente al crecimiento urbano y los efectos del cambio climático. El cobro de la TRB se aplicará desde febrero, correspondiente al consumo de agua de enero.
En la misma sesión, el Concejo Metropolitano aprobó la reforma a la Contribución Especial de Mejoras. El alcalde Pabel Muñoz impulsó esta propuesta para corregir inequidades históricas en el cobro de obras públicas y aliviar la carga económica que ha recaído sobre algunos vecinos.
Muñoz cuestionó que durante años no se haya revisado el esquema desde un enfoque de equidad. Indicó que las obras financiadas con presupuestos participativos deben entenderse como un esfuerzo metropolitano para corregir desigualdades territoriales y no como una obligación exclusiva de los frentistas.
La reforma establece que la CEM ya no recaerá solo en quienes viven frente a una obra. El costo se distribuirá entre todos los beneficiarios reales. Si una intervención beneficia a dos barrios, el valor se dividirá entre ambos. Si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el cobro se aplicará de forma proporcional en esos niveles.
Con este esquema, un vecino que antes podía pagar alrededor de 500 dólares por la rehabilitación de su calle podría pagar apenas un dólar. La normativa define cuatro niveles de aplicación —local, parroquial, zonal y distrital— y amplía el plazo máximo de pago de 10 a 20 años. La reforma se aplicará solo a las obras ejecutadas desde 2026 mediante presupuestos participativos.
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La decisión se tomó luego de que el Gobierno Nacional suspendió de forma unilateral el cobro de la TRB mediante la planilla eléctrica, una medida que afectó a varios municipios del país. Frente a este escenario, la administración municipal planteó un nuevo esquema que busca garantizar la continuidad del servicio, asegurar su sostenibilidad financiera e incorporar criterios de corresponsabilidad ciudadana y justicia social.
Nuevo esquema para el cobro de la tasa de basura
Durante la sesión, el alcalde Pabel Muñoz señaló que el Municipio no se quedó inmóvil ante la suspensión del cobro en la planilla de luz. Explicó que la ciudad buscó una alternativa que permita mantener el servicio de recolección de basura y, al mismo tiempo, incentive un consumo responsable del agua potable.
El concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que el tratamiento de la ordenanza incluyó mesas de trabajo con todos los sectores involucrados, entre ellos el sector industrial. Ese proceso permitió, según dijo, construir una normativa con enfoque participativo. Añadió que el sistema garantiza la continuidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos, y protege la salud pública y el ambiente.
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Por su parte, el concejal Adrián Ibarra explicó que la ordenanza responde directamente a la decisión del Gobierno Nacional. Aclaró que, pese a ese cambio, Quito no interrumpió el servicio de recolección de basura. También destacó la necesidad de fortalecer el catastro y mejorar la medición del consumo de agua para lograr un cobro más justo y detallado, sin trasladar responsabilidades que no corresponden al Municipio.
Generación de desechos está relacionada con el consumo de agua
El concejal Emilio Uzcátegui resaltó que el proceso permitió incorporar una reforma necesaria a la Contribución Especial de Mejoras. Recordó que la ordenanza se sustenta en estudios técnicos que muestran una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de residuos. Con base en ese análisis, el nuevo modelo fija una tarifa según el consumo: quien más agua utiliza, genera más basura.
Según estimaciones municipales, seis de cada diez usuarios pagarán lo mismo o menos que cuando la tasa se cobraba en la planilla eléctrica. En total, el 59 % de los usuarios tendrá un valor igual o inferior al anterior.
El esquema también amplía su alcance. Incorpora espacios de uso colectivo, como mercados municipales, casas comunales, estadios y ligas barriales. Además, establece una hoja de ruta de seis meses para diseñar un modelo específico de cobro para el sector industrial y aclara que los organizadores de eventos públicos deberán pagar la Tasa de Servicio de Aseo en Eventos Públicos u Otros (TOSA).
Juan Pablo Pozo, gerente general del sistema de aseo, explicó que el objetivo va más allá de mantener las calles limpias. Señaló que se busca construir un sistema sostenible que garantice su continuidad frente al crecimiento urbano y los efectos del cambio climático. El cobro de la TRB se aplicará desde febrero, correspondiente al consumo de agua de enero.
Cambios en la Contribución Especial de Mejoras
En la misma sesión, el Concejo Metropolitano aprobó la reforma a la Contribución Especial de Mejoras. El alcalde Pabel Muñoz impulsó esta propuesta para corregir inequidades históricas en el cobro de obras públicas y aliviar la carga económica que ha recaído sobre algunos vecinos.
Muñoz cuestionó que durante años no se haya revisado el esquema desde un enfoque de equidad. Indicó que las obras financiadas con presupuestos participativos deben entenderse como un esfuerzo metropolitano para corregir desigualdades territoriales y no como una obligación exclusiva de los frentistas.
La reforma establece que la CEM ya no recaerá solo en quienes viven frente a una obra. El costo se distribuirá entre todos los beneficiarios reales. Si una intervención beneficia a dos barrios, el valor se dividirá entre ambos. Si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el cobro se aplicará de forma proporcional en esos niveles.
Con este esquema, un vecino que antes podía pagar alrededor de 500 dólares por la rehabilitación de su calle podría pagar apenas un dólar. La normativa define cuatro niveles de aplicación —local, parroquial, zonal y distrital— y amplía el plazo máximo de pago de 10 a 20 años. La reforma se aplicará solo a las obras ejecutadas desde 2026 mediante presupuestos participativos.
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