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Daniela Muñoz Solano
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La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Bilbia González, defendió este lunes los “ajustes razonables” que en su criterio ha aplicado su administración a los subsidios de vivienda para las personas beneficiarias.
En semanas recientes, el Colegio de Trabajadores Sociales, organizaciones de personas con discapacidad, centros de atención de esta población y los propios beneficiarios junto a sus familias han denunciado recortes en los subsidios que brinda el Conapdis para rubros como vivienda, salud, educación y asistencia personal, entre otros.
Para que diera explicaciones sobre esta situación, la comisión legislativa de asuntos de discapacidad y adulto mayor convocó a la jerarca de la entidad, quien compareció junto con María Eugenia Salas, Jefa de la Unidad de Autonomía y Protección Social; e Ivannia Campos, de la Dirección de Desarrollo Regional.
La jerarca comenzó explicando que recién comenzó su gestión en 2023, se empezaron a aplicar ajustes para que el otorgamiento de beneficios y acceso a los programas de la institución se brindara -conforme para los lineamientos del Instituto Mixto de Ayuda Social- solo personas que cumplieran con tres condiciones: tener una condición de discapacidad certificada, estar en situación de abandono y de pobreza extrema.
Además, detalló, la asignación de beneficios se da de conformidad con la información disponible en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
González admitió que la aplicación de estos requisitos ni el uso del mencionado sistema ha resultado en exclusión de algunas personas neta yo también que de acuerdo con la información disponible, hay personas cuya condición socioeconómica ya no justifica que participen de programas de la institución o que reciban beneficios.
Aún así la jerarca aseguró que tanto el presupuesto de la institución como la cantidad de personas a las que se les brinda asistencia ha aumentado durante su administración.
En detalle, González dijo que en el programa de asistencia personal donde actualmente hay unas personas cubiertas, “se han estado realizando en esta nueva metodología de análisis y distribución adecuada” ajustes en sus horas de asistencia que se brindan, aunque no detalló si para aumentarlas o disminuirlas.
También indicó que en el programa de pobreza y discapacidad donde hay 5686 personas beneficiarias se han realizado ajustes al alza en 921 casos y “ajustes de razonabilidad” en 935 casos.
Ante preguntas de la liberacionista Katherine Moreira, González aseguró que esos “ajustes razonables” no necesariamente eran a la baja, aunque la diputada le señaló que de tratarse aumentos hubieran sido registrados dentro de los 921 casos previamente citados, pero la jerarca aseguró que no por un tema metodológico, dejando a su paso muchos cuestionamientos.
La directora ejecutiva también enfrentó cuestionamientos de la frenteamplista Priscila Vindas y de la independiente María Marta Padilla, pero en todo momento defendió su gestión y aseguró que en ningún caso se ha aplicado estrictamente un “recorte”.
Hacia el final de la comparecencia Moreira le preguntó por los dineros que ha gastado el Consejo en viajes y representaciones, pidiéndole un informe detallado de los gastos pues según información que la diputada tenía solo en el último año se gastaron ₡700 millones en ese rubro mientras que se recortaron las asistencias a la población en situación de discapacidad.
La jerarca aseguró que solamente dos viajes en todo el año fueron pagados con dinero del Consejo mientras que en muchos casos otros se trató la invitaciones que se atendieron con recursos de la entidad organizadora, y detalló que en todo caso los recursos que se utilizan para atender las necesidades de la población provienen de fuentes fijadas por ley que no pueden tener otro destino.
Moreira también señaló que informes de la Contraloría General de la República han apuntado a incumplimientos en procedimientos de control interno y transparencia en la ejecución presupuestaria, pero la jerarca aseveró que los informes existentes versaban sobre tiempos previos a su llegada al Consejo y que justamente la auditoría interna de la organización estaba preparando una serie de respuestas a los señalamientos pues ya se habían acatado todas las recomendaciones pendientes.
A pesar de las explicaciones brindadas por González, las diputadas mantuvieron sus preocupaciones por las denuncias realizadas por las personas beneficiarias, y acordaron por unanimidad convocar nuevamente a la directora ejecutiva junto con múltiples funcionarios de la institución para brindar respuestas con mayor detalle sobre los ajustes que se han aplicado a los subsidios.
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