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Giovanna Alvear
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La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó un llamado público para que los organismos de control actúen con independencia y sin considerar presiones políticas. El pronunciamiento apunta de forma directa al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y a varios ministros del actual régimen.
Según la Comisión, las autoridades no pueden quedar al margen de una investigación cuando existen cuestionamientos sobre su actuación y sus vínculos con hechos graves que han conmocionado al país.
El organismo ciudadano sostiene que la cercanía del Presidente de la Judicatura con presuntos núcleos delictivos exige una indagación formal por parte de la Fiscalía. Además, la CNA advierte que otros funcionarios de alto nivel tampoco pueden quedar en la impunidad política. En su criterio, el Estado debe garantizar que las responsabilidades se establezcan de manera clara y transparente, sin excepciones ni privilegios derivados del poder.
La Comisión Nacional Anticorrupción afirmó que el presidente del Consejo de la Judicatura debe enfrentar una investigación por su proximidad con estructuras delictivas. Para la organización, este tipo de señalamientos no puede resolverse con explicaciones públicas ni con silencios institucionales. La Fiscalía, señala el pronunciamiento, tiene la obligación de analizar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
La CNA también incluyó en su llamado a varios ministros del régimen. Según el texto, estas autoridades habrían protegido a los responsables de la muerte de los niños de Las Malvinas o habrían disimulado acuerdos irregulares vinculados a los casos Progen y Austral. La Comisión subraya que estas conductas, de comprobarse, no pueden quedar sin sanción ni ser tratadas como simples errores administrativos. En ese sentido, insiste en que la investigación debe ser auténtica y no una formalidad sin consecuencias.
El pronunciamiento enfatiza que las responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas forman parte inherente del ejercicio del poder público. Para la Comisión, ninguna autoridad del Estado puede desligarse de estas obligaciones mientras ocupa un cargo. Por esa razón, considera imprescindible que el presidente de la Judicatura y varios ministros sean investigados por los organismos de control competentes.
La CNA advierte que las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar deben cumplir su rol constitucional sin someterse a los intereses del poder político. A su juicio, la falta de acción oportuna debilita la confianza ciudadana y refuerza la percepción de impunidad. El comunicado concluye con un llamado a que los procesos se desarrollen con independencia, transparencia y apego a la ley, como una condición básica para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Ecuador.
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Según la Comisión, las autoridades no pueden quedar al margen de una investigación cuando existen cuestionamientos sobre su actuación y sus vínculos con hechos graves que han conmocionado al país.
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El organismo ciudadano sostiene que la cercanía del Presidente de la Judicatura con presuntos núcleos delictivos exige una indagación formal por parte de la Fiscalía. Además, la CNA advierte que otros funcionarios de alto nivel tampoco pueden quedar en la impunidad política. En su criterio, el Estado debe garantizar que las responsabilidades se establezcan de manera clara y transparente, sin excepciones ni privilegios derivados del poder.
Exigen investigar a autoridades judiciales y ministros
La Comisión Nacional Anticorrupción afirmó que el presidente del Consejo de la Judicatura debe enfrentar una investigación por su proximidad con estructuras delictivas. Para la organización, este tipo de señalamientos no puede resolverse con explicaciones públicas ni con silencios institucionales. La Fiscalía, señala el pronunciamiento, tiene la obligación de analizar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
La CNA también incluyó en su llamado a varios ministros del régimen. Según el texto, estas autoridades habrían protegido a los responsables de la muerte de los niños de Las Malvinas o habrían disimulado acuerdos irregulares vinculados a los casos Progen y Austral. La Comisión subraya que estas conductas, de comprobarse, no pueden quedar sin sanción ni ser tratadas como simples errores administrativos. En ese sentido, insiste en que la investigación debe ser auténtica y no una formalidad sin consecuencias.
Llamado a los organismos de control y a la rendición de cuentas
El pronunciamiento enfatiza que las responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas forman parte inherente del ejercicio del poder público. Para la Comisión, ninguna autoridad del Estado puede desligarse de estas obligaciones mientras ocupa un cargo. Por esa razón, considera imprescindible que el presidente de la Judicatura y varios ministros sean investigados por los organismos de control competentes.
La CNA advierte que las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar deben cumplir su rol constitucional sin someterse a los intereses del poder político. A su juicio, la falta de acción oportuna debilita la confianza ciudadana y refuerza la percepción de impunidad. El comunicado concluye con un llamado a que los procesos se desarrollen con independencia, transparencia y apego a la ley, como una condición básica para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Ecuador.
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