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Mario Bermúdez Vives
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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa finalizó sus labores la mañana de este jueves, con un debate que enfrentó posiciones entre defensores de la reforma a la ley penal juvenil que está en trámite, y las diputaciones que la adversan.
La polémica se generó en torno al proyecto 24.006, la ley contra la delincuencia juvenil, impulsada por el diputada Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP) y dictaminada desde el 5 de marzo. En el trámite de mociones que se le presentaron al proyecto en el Plenario, se reiteró el debate de los propulsores de «mano dura», frente a quienes alegan que la iniciativa tiene ribetes de inconstitucionalidad, por no diferenciar el trato penal ordinario del que se quiere imponer a menores de edad.
En la primer posición se ubicaron el presidente de la comisión, Gilbert Jiménez, quien renegó del Partido Liberación Nacional (PLN), la oficialista Pilar Cisneros, Campos, Horacio Alvarado (Partido Unidad Social Cristiana) y Fabricio Alvarado (Nueva República), quienes han insistido en que las condiciones actuales del aumento de la violencia obligan a redefinir la legislación penal, en la dirección de mayores sanciones y «mano dura».
En una postura contraria, las diputadas Alejandra Larios y Dinorah Barquero del PLN, y la independiente Gloria Navas insistieron en que el proyecto apuntaba en una dirección equivocada, al tratar de reformar la normativa penal para menores de edad por un afán populista.
«El proceso penal juvenil debe distinguirse del proceso penal ordinario, y debe distinguirse mucho», insistió Barquero. «Claro que debe revisarse la ley penal juvenil, pero esta no es la vía. A las personas menores de edad no se les puede juzgar como mayores de edad, por la sencilla razón de que no lo son», indicó Larios. «Es un tema muy delicado, no se trata solo de realizar un trámite para juzgar adolescentes como si fueran mayores de edad», enfatizó Navas.
A pesar de sus argumentos, las mociones que defendieron para modificar el proyecto fueron rechazadas por la comisión, que cerró de esta manera su labor, ya que la Asamblea Legislativa solo sesionará mediante el Plenario la tarde de este jueves, y el lunes y martes de la próxima semana, mediante sesiones extraordinarias para tratar de avanzar la mayor cantidad de proyectos pendientes. Las oficinas de los diputados cerrarán el miércoles y jueves para realizar los reacomodos de los nuevos diputados, que iniciarán sesiones el viernes 1 de mayo.
También finalizó sus sesiones la Comisión de Reforma de Estado, pero en este caso sin lograr el quórum para sesionar. El presidente Eliécer Feinzaig, del PLP, lamentó que no fuera posible realizar una última jornada para dictaminar tres expedientes pendientes, para impulsar el cierre de RECOPE y la prohibición de la explotación petrolera, para transformar la Editorial Costa Rica, así como un texto sustitutivo para el proyecto para crear el Ministerio de Desarrollo Social.
A pesar de esta situación, Feinzaig destacó que la comisión logró sesionar en 77 ocasiones, «muy diferente a la comisión de reforma del Estado anterior, que creo que solo sesionó cuatro veces en cinco años», dijo.
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